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El sistema de pensiones bajo la Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha representado, por décadas, la opción más atractiva para los trabajadores en México debido a sus beneficios superiores respecto a la Ley 97.
Sin embargo, este esquema tiene los días contados, y únicamente una generación alcanzará a pensionarse bajo sus condiciones.
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El fin de una era en las pensiones mexicanas
En México, la Ley 73 del IMSS se aplica exclusivamente a quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997.
Este régimen ofrece ventajas como una pensión vitalicia, incrementos anuales ligados al salario mínimo, acceso a servicios médicos para el trabajador y sus beneficiarios, así como pensiones por viudez, orfandad e invalidez.
¿Quiénes son los últimos en acceder a la Ley 73 del IMSS?
Los únicos trabajadores que podrán pensionarse bajo este régimen son aquellos que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997. En términos prácticos, se trata de personas nacidas en 1979 o antes y que iniciaron su vida laboral antes de esa fecha.
Para acceder, se requiere cumplir con ciertos puntos clave:
- Tener al menos 60 años (con aumento gradual del porcentaje de pensión hasta los 65).
- Contar con un mínimo de 500 semanas cotizadas.
- Mantener la conservación de derechos, es decir, que el periodo de baja no exceda la cuarta parte del tiempo cotizado.
- No estar afiliado al IMSS al momento de solicitar la pensión.
Según el sitio de Pensiones Plus, aproximadamente para el 2035 la mayoría de los beneficiarios se habrá jubilado, marcando el cierre práctico de este régimen.
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¿Qué pasará con la Ley 73 después de 2035?
Aunque ya no admitirá nuevos pensionados, la Ley 73 no desaparecerá por completo.
Los derechos adquiridos seguirán vigentes y las pensiones otorgadas continuarán en pago.
Sin embargo, las nuevas generaciones estarán obligadas a pensionarse bajo la Ley 97, esquema en el que el monto depende del ahorro acumulado en la cuenta individual y la rentabilidad de la Afore.
Esto significa que los trabajadores más jóvenes tendrán que diseñar estrategias de ahorro a largo plazo para garantizar un retiro digno, ya que el Estado dejará de asumir la responsabilidad directa en el cálculo de su pensión.
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