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En el estado de Puebla se aprobó una reforma legal que ha generado un amplio debate público. Se trata de una modificación al marco normativo local que establece sanciones por emitir expresiones consideradas agravios hacia personas en plataformas digitales, incluyendo servidores públicos como el gobernador o legisladores.
Esta iniciativa, presentada el año pasado por José Luis García Parra —actual coordinador de gabinete en la administración encabezada por Alejandro Armenta— fue discutida y finalmente publicada por la LXII Legislatura del Congreso del Estado en una sesión pública ordinaria, pese a los señalamientos de varias organizaciones.
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El texto legal, catalogado como “ley censura”, contempla sanciones en el ámbito penal bajo la figura del ciberacoso. La norma establece penas que van de once meses hasta tres años de prisión, acompañadas de una multa que oscila entre los 50 y los 300 días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Previo a su aprobación, distintos sectores expresaron su preocupación, señalando posibles afectaciones al ejercicio de la libertad de expresión. Estas críticas llegaron hasta el gobernador de Puebla, quien solicitó al Congreso una revisión del contenido de la reforma.
Ante este pronunciamiento, Laura Artemisa García Chávez, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, respondió en sus redes sociales que, como parte de la LXII Legislatura, se atienden las inquietudes de la ciudadanía en general.
Chumel Torres se burla de la “Ley Censura” en Puebla y Campeche
La promulgación de esta reforma ha tenido un alcance que trasciende lo local. Usuarios en redes sociales, representantes del sector empresarial y comunicadores han expresado su postura. Entre ellos, el conductor Chumel Torres.
Por medio de una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, éste comentó de forma irónica que la población mexicana debería esperar a que "los narcos hagan memes " sobre las autoridades para que "en Puebla y Campeche por fin los puedan meter a la cárcel."
Cabe recalcar que, este comentario no solo alude al contexto poblano, sino también al caso de Jorge González Valdez, exdirector del portal informativo Tribuna, quien enfrentó un proceso legal en el estado de Campeche, tras ser vinculado a proceso por presunta incitación al odio y violencia en contra de la gobernadora de Campeche.
En declaraciones realizadas durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el comunicador aseguró que enfrenta una persecución institucional orquestada por el gobierno encabezado por Layda Sansores.
Como parte de las medidas impuestas, se ordenó el cierre del medio digital Tribuna, y se le prohibió ejercer actividades periodísticas durante dos años; así como también se le dictó una indemnización de dos millones de pesos por daño moral al Director de Comunicación Social del gobierno campechano.
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