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El uso indebido de las cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México por parte de un presunto hacker vinculado al Cártel de Sinaloa ha generado una fuerte ola de reacciones tanto en el ámbito político como en redes sociales.
La revelación provino de un informe publicado recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), donde se detallan los esfuerzos fallidos del FBI para mitigar los riesgos de lo que llaman “vigilancia técnica ubicua”.

El documento señala que en 2018, un pirata informático que presuntamente trabajaba para la organización criminal liderada por Joaquín "el Chapo" Guzmán, logró acceder a registros telefónicos confidenciales de un funcionario estadounidense y utilizó el sistema de cámaras de la capital mexicana para seguir sus movimientos.
Esta acción habría servido para ubicar a informantes de la agencia, con el objetivo de intimidarlos e incluso asesinarlos.
Reacciones digitales: el tuit de Chumel y la preocupación ciudadana
En medio del escándalo, el comediante y youtuber Chumel Torres compartió su opinión en redes sociales, lanzando una crítica sarcástica que rápidamente se viralizó: “Y luego se preguntan por qué no queremos que estos lefios tengan acceso a nuestros datos”.
Su publicación en X (antes Twitter) superó las 7 mil interacciones en pocas horas y se convirtió en un punto de partida para la conversación digital sobre la seguridad de la información y el alcance del crimen organizado en las estructuras tecnológicas públicas.
Chumel Torres, conocido por su estilo ácido y crítica social, no dejó pasar la oportunidad para comentar sobre el caso. En su tuit, además de ironizar, expuso una preocupación compartida por miles de usuarios: ¿quién tiene realmente acceso a nuestros datos?

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El mensaje de Torres desató una ola de comentarios que, en su mayoría, respaldaban su postura. Muchos internautas expresaron su desconfianza hacia el manejo de datos personales por parte de instituciones públicas, así como su preocupación por la vulnerabilidad de los sistemas tecnológicos mexicanos ante intereses criminales.
El caso también reavivó el debate sobre el papel del Estado en la protección de los ciudadanos frente a estas amenazas. Expertos en ciberseguridad han advertido desde hace tiempo sobre los peligros de la “vigilancia ubicua” sin mecanismos robustos de control, y esta revelación parece confirmar sus peores temores.
A pesar de lo revelador del informe, tanto la Embajada de Estados Unidos como el FBI han evitado dar declaraciones directas. Las autoridades mexicanas, hasta ahora, no se han pronunciado sobre el uso ilegal de sus sistemas de vigilancia.
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