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Ahora que el internet forma parte de nuestro día a día, y con la pandemia su uso se hizo aún más necesario para poder mantener las actividades escolares y laborales, entre otras, es necesario contar con una regulación que ayude a garantizar que un mayor número de personas tengan acceso a un buen servicio. En ese sentido, por unanimidad, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó los lineamientos que regulan el tráfico en internet y la administración de la red. Sin embargo, los cambios preocupan a algunos especialistas.
Las nuevas reglas que deben ser cumplidas por las empresas yproveedores autorizados que dan el servicio, deberán comenzar a aplicar tras dos meses de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El IFT aseguró que la intención de los lineamientos es garantizar la libre elección, la privacidad de los usuarios, la inviolabilidad de sus comunicaciones privadas, la no discriminación de tráfico en internet, así como la calidad, capacidad y velocidad del servicio contratado por el usuario. Además de contribuir al cierre de la brecha digital, promover el crecimiento del ecosistema e incentivar el despliegue de infraestructura .
El punto que preocupa a algunos organismos y especialistas es que ahora los proveedores del servicio de internet (PSI) podrán implementar políticas de gestión de tráfico y administración de red. Si bien ello solo aplica por cuestiones técnicas, es decir, para asegurar la calidad, capacidad y velocidad del servicio, así como para preservar la integridad y seguridad de la red, hay quien opina que esto les da poder para privilegiar algunos servicios sobre otros.
En la ley se establece que las empresas deben permitir la libre elección de los usuarios para acceder a los contenidos, aplicaciones y servicios disponibles en internet, evitando que haya acceso a solo ciertos contenidos, aplicaciones o servicios. "Por lo que los proveedores no podrán limitar, degradar, restringir, discriminar , obstruir, interferir, filtrar o bloquear el acceso a contenidos, aplicaciones o servicios a los usuarios finales, salvo en situaciones indispensables y esto solo podrá hacerse de manera temporal", señaló la IFT.
No obstante, como ya sucedió en Estados Unidos, organizaciones civiles han mostrado su rechazo ante la oportunidad de los PSI para administrar la red pues podría provocar censura y el apoyo a ciertas plataformas. Por ejemplo, Telmex podría privilegiar su servicio de Claro Video sobre Netflix de manera que sus clientes solo tengan la mejor experiencia de video cuando se trata de su propia plataforma.
Entre los opositores a la gestión libre del tráfico está la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) que, desde inicios de año, cuando se dio a conocer el proyecto de ley, alertaron que el cambio impediría que las nuevas aplicaciones, contenidos y servicios puedan competir en condiciones mayor igualdad, sin necesidad de negociar acuerdos comerciales. “Sin neutralidad de la red, los proveedores se convierten en ‘cadeneros’ que deciden quiénes ganan y quiénes pierden, favoreciendo o perjudicando a otros según sus intereses comerciales. Estas formas de priorización aumentarán costos para los usuarios y generarán barreras de entrada para nuevas aplicaciones, lo que implica una menor diversidad y pluralidad en internet ”, publicaron en su blog.
Aún así las autoridades aseguraron que las empresas no no podrán priorizar o dar “carriles rápidos” a contenidos, aplicaciones y/o servicios específicos.
Otras reglas destacadas
Otros lineamientos que llaman la atención de la ley aprobada son:
Los PSI tienen que asegurar que el usuario pueda elegir libremente la tecnología para conectarse a internet al contratar el servicio de acceso.
Los proveedores de internet, bajo la figura de datos patrocinados, podrán dar acceso gratuito a los usuarios aun cuando estos no tengan saldo o datos disponibles, a ciertos contenidos, aplicaciones o servicios de entes públicos o entidades del sistema financiero, así como a aquellos que permitan a los usuarios, por ejemplo, pagar o contratar sus servicios de telecomunicaciones.
Los proveedores de servicios de internet y operadores móviles deberán hacer públicas sus políticas de gestión de tráfico misma que deberán publicar en sus páginas de internet, en donde se deberán definir derechos de usuarios y cómo les impacta la política.
Las empresas de internet no podrán inspeccionar, monitorear o alterar el contenido específico del tráfico que transita por su red ni hacerse de información de los usuarios finales que no sea necesaria para proveerles el servicio.
