Más de 20 mil funcionarios en todo el país han tramitado amparos contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en tanto, el Consejo de la Judicatura Federal acordó reducir 25% los salarios de sus integrantes.

Un alud de amparos, algunos de los cuales impugnan bárbaramente el texto mismo de la Constitución, ha caído sobre los juzgados de distrito para tratar de impedir la “aplicación” de la nueva Ley de Remuneraciones, la cual había estado congelada durante seis años.