La reforma judicial que se está impulsando para septiembre y su propuesta de desaparición de organismos autónomos tendrían un impacto destructivo descomunal: México dejaría de ser el país democrático que es hasta hoy.

Se están endosando al nuevo gobierno compromisos económicos que detonarán en el futuro, pues hasta hoy los datos han estado maquillados y otros han sido ocultados.

Es evidente que se debe reformar la actividad del Poder Judicial, pero sin someter a esta institución que resguarda la constitucionalidad y al “estado de derecho”.

El problema de la extorsión seguirá creciendo. Este debiese ser el primer reto que asuma el próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, si quiere impulsar el crecimiento de nuestro país.

Someter a votación popular la selección de ministros de la SCJN, magistrados y jueces, es una bomba de tiempo de proporciones mayúsculas. Mas allá de argumentos y buenas intenciones, el daño puede ser descomunal.

Un México agraviado votó guiado por sus sentimientos. Ignorado y marginado del desarrollo, votó impulsivamente sin conocer el modelo de país por el que estaba votando.