La yegua lleva por nombre Espuma. Es de pelaje blanco y no es un animal cualquiera: sabe de baile, de escaramuzas, de charrería. Tiene nueve años y fue integrante de la familia García Zarco. Pese al amor por el animal, decidieron ponerla en rifa. De un boleto de 300 pesos surgió su nuevo propietario. El objetivo era recaudar fondos para que Ares, el hijo de 22 años, tuviera acceso a una cirugía para salvar su vida.
Ares, un joven caballerango de Texcoco, Estado de México, tuvo un accidente vial que le provocó un traumatismo craneoencefálico. Ingresó al sistema de salud público, a una unidad del Instituto de Salud estatal, y aunque necesitaba una operación urgente, no había insumos y el tiempo de espera para solucionar la carencia era largo. La familia optó por firmar el alta voluntaria, contratar una ambulancia de cuidados intensivos, buscar un neurocirujano privado y operarlo de urgencia. De un día a otro necesitaban 200 mil pesos. Vendieron la yegua Triana, una potranca de seis años que nació en su casa y se endeudaron.
“Son animales muy nobles, tienen un gran significado para nosotros porque son parte de la familia. Sentimos feo, pero no quedaba más: venderla o que se muriera mi hijo”, dice Alba Zarco, la madre, quien se dedica a poner uñas para subsistir. El padre de Ares es trailero, su hermana mayor coloca pestañas y la menor es estudiante. La emergencia para ellos era incosteable.
La rifa de la yegua Espuma fue sólo uno de los esfuerzos de la familia García Zarco por recabar los recursos necesarios para la salud de Ares. La deuda aún los tiene en una situación de vulnerabilidad. Crédito: Cortesía de la familia
En México, el 49% de la población que no es derechohabiente de servicios de salud públicos como los que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), son quienes más batallan para obtener los recursos que les permitan tener acceso a servicios oportunos, accesibles y de calidad. Sin embargo, cada vez es más frecuente que aquellos que sí son derechohabientes deban solventar gastos en privados ante una emergencia por la falta de insumos, equipo o instalaciones adecuadas.
Aunque la familia Zarco logró juntar lo necesario para la primera cirugía de Ares, un segundo procedimiento maxilofacial para que el joven no perdiera el ojo les exigió otros 100 mil pesos. Rifaron a la yegua Espuma y recaudaron apenas un porcentaje de su valor; vendieron insumos de charrería, llegaron donativos de desconocidos y obtuvieron préstamos, pero la deuda es aún grande.
“La ayuda significa mucho porque al momento te sientes impotente, sabes que no tienes la posibilidad ni los medios para salvarlo”, dice Alba.
En 10 años, de 2013 a 2023, el gasto de los hogares en favor de la salud de sus integrantes se duplicó. Hoy en día las familias mexicanas gastan más que en el pasado, principalmente en consultas médicas y hospitalizaciones, según un análisis de la información que brinda la Cuenta Satélite del Sector Salud de México del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) realizado para este reportaje.
ACCESO A DATOS 2013-2023. Fuente: Fuente: Cuenta Satélite del Sector Salud de México, consumo privado de los hogares en servicios de salud. Para esta gráfica no se contempló el gasto por actividades auxiliares ni centros y residencias para el cuidado de la salud y de asistencia social.
Aunque el gasto en servicios de salud privados tiende a crecer año con año, éste se disparó a partir de 2018. Alcanzó su primer punto máximo tras la pandemia por Covid-19 en 2021 y, finalmente, en 2023 representó un total de 271 mil millones de pesos, un 105% más que una década atrás.
“El gobierno satanizó la práctica médica privada, pero en términos reales privatizó la salud”, asegura el doctor Luis Fernando Hernández Lezama, presidente del comité técnico de Soy Paciente, una organización dedicada a analizar y difundir el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.
El llamado “gasto de bolsillo” se ha incrementado porque la población considera una pérdida de tiempo acudir al sistema de salud público, explica el especialista. Una consulta para un padecimiento sencillo, una gripe o dolor de estómago, puede tomar un día entero y a veces los servicios públicos no tienen los medicamentos necesarios. Los consultorios de farmacia se han convertido en la salida de la población a esta problemática.
Cuando una persona requiere servicios hospitalarios -regularmente por intervenciones quirúrgicas, urgencias y tratamientos más especializados— suele acudir al sistema público, sin embargo, se encuentran obstáculos como falta de equipo médico, materiales y medicamentos, así como tiempos largos de espera. La ciudadanía tiene dos opciones: ser pacientes o acudir al sistema privado. “La realidad es que el sistema está rebasado”, afirma Hernández Lezama.
La espera, para muchos, es mortal.
Contrarreloj
Cuando Victoria detectó una bolita en uno de sus senos acudió a la unidad que tenía asignada en el IMSS. No hubo estudios, no hubo alarma. La orden fue sólo monitorear. Pero aquella bolita comenzó a crecer y cuando volvió en enero de 2024 le dijeron lo que intuía meses atrás: era cáncer.
Había que darle quimioterapia y quitarle el tumor lo más pronto posible; le dieron cita hasta diciembre de aquel año. Victoria, estilista de carrera, no tenía de otra más que esperar. Llegó la cirugía y se enteró que tenía un agresivo cáncer de mama, necesitaba sesiones de radioterapia, un tratamiento que utiliza radiación de alta energía para destruir las células cancerosas e impedir que continúen reproduciéndose. La asignaron a un servicio subrogado en el Estado de México, pero como el IMSS no les había pagado, le negaron la sesión. Una nueva espera. También necesitaba un medicamento que debía tomar por un año. Una caja al mes cuesta 70 mil pesos, pero descubrió que el medicamento clave para su recuperación no estaba disponible.
En su trabajo, frente a una de las clientas, rompió en llanto, completamente desesperada. “Me dio mucho coraje, yo desde que empecé a trabajar pago el IMSS y, aunque no lo uso, aporto porque sé que hay otras personas que lo pueden necesitar. Así que le dije ‘vamos a pedir dinero, vamos a conseguirlo para que puedas terminar tu año de tratamiento’”, cuenta Ana Barroso, la clienta que se encargó de abrirle una cuenta en GoFundMe, porque si el IMSS no surtía el medicamento no había forma para que Victoria consiguiera un total de 840 mil pesos para el año de tratamiento. Con la generosidad de otras clientas, amigas y amigos de éstas, conocidos y desconocidos lograron comprar la primera caja del medicamento. El IMSS llevaba tres meses sin los insumos.
“Es agridulce ver la colaboración de la gente. Por una parte da esperanza, pero siempre se necesita llegar a más corazones porque el sistema no está a la altura de las circunstancias”, recalca.
Victoria logró recibir la radioterapia en otro subrogado y recién surtieron su medicamento, con el miedo de que el IMSS le condicione la atención, pidió el anonimato en este reportaje y se utilizó un seudónimo para ella.
Un análisis de especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) evidencia que hay una baja utilización de servicios de salud público, incluso entre aquellos que son derechohabientes, quienes en su mayoría rechazan atenderse en unidades públicas. Entre el 55% y el 66% de la población resuelve sus problemas de salud en servicios privados, al menos así fue para el periodo 2012-2022, de acuerdo con el artículo Búsqueda de atención y utilización de servicios en el primer nivel, 2006-2023.
Los autores —Sergio Bautista Arredondo, Adriana Vargas Flores y Arantxa Colchero-Aragonés— recalcan que la mayoría de los usuarios no se atendieron en donde les correspondía “debido a los tiempos largos para obtener una cita, la distancia a los centros de salud o clínicas, la falta de servicios necesarios y la falta de disponibilidad en el horario requerido”. Por ejemplo, en el 2006, el 65% de los derechohabientes del IMSS utilizaban el servicio, pero para 2023, sólo el 58% acudió a una de sus unidades. Cuando la gente sí hace uso de su derechohabiencia, señalan, lo hacen porque no tienen otra opción.
Confianza obligada
Al norte del país, Héctor Ruíz de 33 años llegó al Hospital General de Ensenada, actualmente bajo la tutela del IMSS-Bienestar, por un dolor agudo, insoportable, en la espalda. Un tumor de 33 por 15 milímetros se aloja entre sus vértebras lumbares L2 y L3 por lo que hay que extirparlo. El problema es que, aunque el neurocirujano está listo para el procedimiento, la máquina que se necesita lleva más de seis meses descompuesta y el hospital no ha logrado canalizarlo con otra institución cercana al estado.
Su cirugía ronda los 200 mil pesos en un privado, pero necesita medicamentos y estudios constantes para sobrellevar el dolor que no lo deja ni dormir. “Mis hermanas, mi pareja y mi madre empezaron a hacer eventos. Somos de bajos recursos y yo ahorita no puedo ni ayudar para juntar el dinero”, cuenta. Charolas de aguachile, conciertos, masajes, pozole, burritos, carne asada, cerveza, cobertores, eso y más ha rifado o vendido su familia para costear las medicinas, estudios y empezar a juntar para la cirugía que, espera, poder realizar en dos meses.
Héctor Ruiz era derechohabiente del IMSS. Sin embargo, tras la enfermedad perdió su empleo y se quedó sin acceso al seguro. Foto: Cortesía del entrevistado.
“El ‘gasto de bolsillo’ en enfermedades crónicas puede condicionar a una familia a caer en pobreza”, definió el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en su estudio Pequeños pasos para transformar el sistema de salud (2018). Desde entonces la organización relacionó la falta de cobertura para gran parte de la ciudadanía, carencia de insumos médicos y una inflación sostenida en el costo de medicamentos y servicios médicos con el impacto directo en el bolsillo de la población. La baja inversión del gobierno mexicano en el sistema público de salud es el agravante.
Un análisis de los Costos Unitarios por Atención Médica del IMSS del periodo 2018-2025 revela cómo se han incrementado los precios en los tres niveles de atención del sistema público. Estos precios son los que se han establecido para los no derechohabientes. En las unidades de primer nivel, una consulta de medicina familiar solía costar 733 pesos en 2018, pero este año cuesta mil 296; mientras que los traslados en ambulancia aumentaron 575%, de 351 pesos pasaron a dos mil 374. En las unidades de segundo nivel un día en terapia intensiva valía 35 mil 400 pesos y, este 2025, el precio es de 72 mil 381 pesos.
Estos precios publicados en el Diario Oficial de la Federación son apenas un esbozo del costo de la salud en México. Los servicios privados consultados para este reportaje superan lo establecido en esta institución pública. Una cirugía para retirar el apéndice puede costar alrededor de 95 mil pesos, una operación de corazón 65 mil pesos y una cesárea cerca de 60 mil. Estos precios son aproximados y obtenidos de la información que diversos hospitales tienen públicos en sus páginas web y no contemplan estudios de laboratorio, materiales de curación, servicios de urgencias o terapia intensiva, honorarios médicos y del anestesiólogo, entre otras complicaciones.
“La salud debe ser accesible, segura y eficaz. Si el Estado no puede garantizar eso en su sistema de prestación de servicios, está fallando”, advierte el doctor Hernández Lezama, quien es también profesor de Derecho Sanitario en la UNAM. Desde su perspectiva, ante las carencias del sistema público, los privados vuelven la atención a la salud un negocio y hay una omisión de establecer costos unitarios para los servicios a los que la población se ve obligada a acudir, quedando en medio de precios abusivos o servicios que, aunque accesibles, no están regulados.
“No existe una verdadera intención de crear un servicio de salud integrado”, critica. “Quien termina perdiendo es el paciente. El paciente, parece, es el que menos importa”.
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