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Un grupo de médicos residentes de la especialidad de neurocirugía dieron consulta, por horas, con un vendaje en la cabeza en un hospital público del Estado de México. “Mañana, pase de visita con capelina. Como una verdadera cofradía. Todos”, les había ordenado el médico titular de la especialidad a través de WhatsApp en el 2021. Aquel vendaje que suele colocarse en personas con heridas en la cabeza no era para un paciente, funcionaba como uno de los muchos castigos que el médico, profesor titular, les propinó durante su residencia médica. “Nos ordenaron dar el servicio así, frente a todos. La humillación se fue haciendo más fuerte. Les daba risa, el titular se sacaba fotos, él sin vendaje y nosotros con el vendaje puesto”, recuerda Samuel, uno de los doctores afectados y a quien se le cambió el nombre en este reportaje para proteger su identidad.
Los residentes son médicos certificados, en algunas ocasiones han cursado años de entrenamiento antes de llegar a una especialización como neurocirugía. Son trabajadores reconocidos por la Ley Federal del Trabajo y estudiantes respaldados por instituciones educativas como la UNAM, el IPN, entre otras universidades públicas y privadas. Sin embargo, sus derechos humanos y laborales suelen verse afectados durante el periodo de especialización, dejando secuelas como problemas de salud mental, adicciones y un ciclo de violencia que impacta también a usuarios del sistema, señalan afectados y especialistas consultados.
Este grupo de residentes de neurocirugía, por ejemplo, llegó a tener jornadas laborales de hasta 120 horas consecutivas, cinco días durmiendo en el hospital, sin acudir a su casa y con una alimentación deficiente, con apenas ocho horas para visitar su hogar, asearse y descansar antes de volver y repetir el ciclo, asegura uno de los denunciantes. Su labor no era así de demandante por sí misma, obedecían las órdenes del titular del curso, el responsable de la planeación, conducción y evaluación de la residencia médica, la figura que tenía en sus manos su futuro profesional.
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En los chats de WhatsApp a los que se tuvo acceso para este reportaje, aún hay rastros de las órdenes. Mensajes a altas horas de la noche en los que les pedía comprobar que nadie había salido del hospital. “Te quedas todo el fin de semana por llegar tarde. Me mandas selfie cada 4 horas”. “Me hacen quedar como pendejo, se quedan de guardia todos”. “Me mandan foto de todos a las 11 pm, a las 3 am y a las 5 am”. Los médicos estudiantes se tomaban fotografías juntos en respuesta; también eran obligados a enviar su ubicación en tiempo real.
Hubo quejas ante la jefatura de enseñanza del hospital, la jefatura a nivel nacional y ante el Órgano Interno de Control de la dependencia (OIC), pero finalmente se desestimaron. La autoridad determinó que no había elementos suficientes para sancionar. Tras las quejas, Samuel fue dado de baja injustificadamente de la residencia médica, luego de levantar la voz por los abusos que pusieron en riesgo su salud física y mental.
Para esta investigación se obtuvo documentación, quejas, denuncias y otras evidencias de todos los casos presentados a lo largo de este reportaje, sin embargo, se optó por la protección de la identidad de los denunciantes para evitar entorpecer sus procesos legales y/o académicos.
Entre 2018 e inicios de 2025, los OIC del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Salud federal (SSa), así como hospitales regionales y generales como el Gea González y el Dr. Eduardo Liceaga, han recibido 202 quejas por parte de médicos residentes, poco más de la mitad (114) en los últimos dos años. La información obtenida vía transparencia de 13 instituciones y hospitales públicos revela que la mayoría de las quejas están vinculadas con la falta de disciplina y respeto que impacta a otros servidores públicos o particulares, enmarcados en el artículo 49 fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Las instituciones a las que se les pidió información tienen patrimonio propio y, desde el ámbito federal, ofrecen servicios de salud; ni la Sedena ni la Semar reconocieron quejas ante sus OIC.
Crecen las denuncias
Las quejas ante Órganos Internos de Control de las dependencias de salud son el último mecanismo que suelen intentar los médicos residentes ante las vulneraciones sistemáticas de las que son víctimas.
No obstante, señalar los abusos cometidos se ha traducido en pocas sanciones para los presuntos perpetradores, o en cambios en la forma en que se trata a estos médicos. El 50% de las quejas se archivaron por “falta de elementos”.
Por ejemplo, en 2023 un grupo de residentes adscritos al Hospital Regional 1° de Octubre del ISSSTE enviaron un escrito de queja a varias áreas, incluyendo al OIC. Narraron cómo un médico, en su tercer año de residencia, amenazó y castigó arbitrariamente a los residentes de primer año prohibiéndoles salir de las instalaciones luego de que éstos se negaran a comprarle una impresora y otros insumos médicos. También que fueron obligados a habitar en el hospital durante más de un mes “sin poder tener derecho a necesidades básicas como bañarse o comer, encontrándose en guardia continua”, se puede leer en el documento de denuncia.
Los residentes mostraron cómo tuvieron que pagar comidas de hasta seis mil pesos para los médicos de mayor rango y una cena de fin de año, valuada en 52 mil pesos, como parte de estas dinámicas de poder. Los castigos incluían planas de hasta 200 repeticiones con “enunciados caprichosos propuestos por los residentes de mayor jerarquía”, escribieron. Sobrenombres, insultos y amenazas se convirtieron en su cotidianidad. Además de la violencia psicológica y el hostigamiento laboral, denunciaron acoso sexual.
301 días después, el OIC archivó la denuncia por “falta de elementos”, según se pudo corroborar en el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC).
Entre maltratos y amenazas
Los residentes cuentan ya con una cédula profesional, han invertido hasta siete años preparándose, son aptos para brindar servicios generales de salud y buscan especializarse. Para ello necesitan aprobar el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), una evaluación competida, con miles de participantes, de los cuales apenas 2 de cada 100 logran avanzar, según su puntaje, hacia la profesionalización buscada. Así llegan a los hospitales públicos y a algunos privados, lugares donde debe haber los insumos académicos y prácticos para dominar el área de su interés. De este proceso que, en conjunto, puede durar hasta 13 años, surgen los cardiólogos, pediatras, neurólogos, anestesiólogos, entre otros tantos especialistas fundamentales para el sistema de salud mexicano. Sin embargo, aunque reciben un sueldo que va de los 8 mil a los 15 mil pesos mensuales, el sistema los considera becarios.
“Son esclavos clínicos institucionalizados. En las noches, madrugadas o fines de semana son los médicos en formación quienes están brindando los servicios sin el acompañamiento necesario y en medio de una violencia sistémica que puede ser física, sexual, psicológica, económica y emocional”, advierte Donovan Casas Patiño, médico y presidente de la mesa directiva de la Red Internacional en Salud Colectiva y Salud Intercultural (Redsacsic), que interconecta a especialistas en salud en México y otros países.
La información obtenida vía transparencia da cuenta de la decisión del gobierno mexicano de incrementar el número de residentes a nivel nacional, tras la crisis provocada durante la pandemia por Covid, un evento en el que estos médicos fueron cruciales para atender a la población afectada por el virus. Entre 2018 y 2020 cada año había, en promedio, 27 mil residentes repartidos en hospitales del IMSS, ISSSTE, Pemex, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar) y la SSa. A partir de 2021 incrementó el número a consecuencia de la política gubernamental de aumento de plazas para estudiar una especialidad. Los datos recabados muestran que para 2024 había más de 53 mil residentes, la mayoría en el IMSS (26 mil 964), SSa (17 mil 902) y el ISSSTE (8 mil 610).
Los médicos en formación, afirma Casas —quien también coordina el Observatorio de territorios y violencias en la salud—, son fundamentales para dar los servicios que demanda la población mexicana. “Si un día los médicos en formación no atendieran, el sistema se colapsa, por eso es tan fundamental defender sus derechos humanos y fomentar un trato digno para su formación”.
Pese a la importancia que tiene su presencia en el sistema público, su trabajo suele ser desestimado y cualquier inconformidad acallada. No importa ante qué institución de salud pública se denuncie, el tratamiento suele ser el mismo.
La doctora Sarahí Valdez se estaba especializando en medicina interna en el Hospital General Dr. Donato Alarcón de Ciudad Renacimiento en Acapulco Guerrero. Recuerda diversas violencias en el transcurso de su preparación como prohibirles sentarse, jornadas extenuantes y amenazas, así como la falta de insumos y de plan académico para prepararlos correctamente.
“Debido a la carga laboral que tenemos, fungiendo como administrativos, médicos, incluso como enfermeros, ha sido necesario permanecer en el hospital en jornadas prolongadas. No consideramos adecuado pues forma parte del burnout a médicos residentes que resulta en depresión, bajo rendimiento académico, despersonalización, aumento de tasa de deserción, agotamiento físico y emocional, algo que estamos viviendo ahora”, escribieron en el tercer oficio pidiendo apoyo, mismo que las autoridades del hospital recibieron el 30 de agosto de 2023, y del cual se tiene copia.
Pese a tener un buen desempeño académico, acreditado con los formatos de evaluación, la dieron de baja injustificadamente en 2024. Actualmente se dedica a los negocios familiares y a estudiar una maestría. Este es el camino que las autoridades de salud suelen elegir al atender las quejas y demandas de los residentes. Aunque se solicitó a las diversas dependencias que informaran las quejas que han recibido en sus áreas de enseñanza por transparencia, la mayoría dijo no tener información, sólo la SSa y la Marina reconocieron que estas quejas existen.
La SSa envió un listado de las quejas de 2023 y 2024 en el que se encontraron 91 registros en los que médicos residentes denuncian abusos de autoridad, acoso laboral, abuso físico, discriminación, bajas injustificadas, horarios laborales extenuantes, castigos, desprestigio, tratos inhumanos, amenazas y ambientes inseguros. En 29 de estos casos la resolución fue el cambio de sede de los afectados. En 16 las quejas no procedieron y, en el resto, se señala que el hospital se compromete a mejorar y atender la queja, se abrieron diálogos con los afectados o se reincorporaron a los médicos dados de baja tras vivir violencias.
La Secretaría de Marina reconoció cinco quejas en el Centro Médico Naval y su Hospital General por acoso y hostigamiento laboral, bajas académicas y conductas irregulares.
“Cuando los médicos quieren poner en el escenario nacional sus necesidades, que a veces son las necesidades del paciente o del hospital, se quedan solos. Se perpetúa la violencia y así tenemos casos registrados de médicos residentes que abandonan, que se suicidan, que están consumiendo drogas por la presión. Estamos formando médicos especialistas violentos, carentes de una formación multidisciplinaria”, refuerza Casas. La mayoría de los residentes prefiere callar ante las violencias vividas por temor a que su sueño de convertirse en especialista quede truncado.
Acoso, castigos y amenazas
De acuerdo con la información de la SSa y la Semar, los médicos residentes denuncian lo que consideran ambientes laborales inseguros
Se buscó a las dependencias que aceptan residencias médicas en el sistema público de salud para conocer los mecanismo de prevención y atención a estas dinámicas, al cierre de edición la mayoría no ha brindado su posicionamiento. La SSa reconoció a través de un documento que tienen conocimiento de eventos en los que se han presentado este tipo de prácticas en la formación de recursos humanos y que en la actual administración se generó “un equipo de trabajo interinstitucional y multidisciplinario para atender esta situación en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales Federales de Referencia de la Secretaría de Salud Federal”. La Marina, en respuesta a un cuestionario, se pronunció en el mismo sentido y dijo que en las quejas que se investigaron “no se encontraron elementos de juicios suficientes donde se acreditó que el personal naval hubiera cometido conductas contrarias a la disciplina naval”.
Apelar al cambio
En 2019 surgió uno de los movimientos nacionales más recientes de médicos residentes, consecuencia del retraso en los pagos y la negativa de entregarles el bono sexenal al que tienen derecho todos los trabajadores de la Administración Pública Federal. Esa fue la chispa del movimiento que empezó a unir a residentes de todo el país.
Con la comunicación que permitían las redes sociales, pronto entendieron que el problema era más profundo, la mayoría se enfrentaba diariamente a maltratos físicos, psicológicos, hostigamiento, acoso, entre otros. Luego, la pandemia, que evidenció que eran uno de los sectores más vulnerables del sistema de salud, pues no tenían acceso ni siquiera a equipo de protección personal, pese a estar en la primera línea Covid.
Desde lo que nombraron Asamblea Nacional de Médicos Residentes (ANMR) pidieron que se reconocieran sus derechos laborales, que se limitaran las horas de trabajo para tener calidad de vida y que hubiera una revisión de cómo se desarrollaban las residencias para cuidar a los médicos, pero también a los pacientes. Enviaron propuestas de modificación a la ley, escritos a las Cámaras de Senadores y Diputados, amparos, demandas. “Nos mandaron por un tubo”, señala Amparo Vera, médico especialista en medicina interna que formó parte del movimiento.
Lo que sí lograron es difundir los derechos que se tienen e impulsar la documentación de todos los casos de violencia para exigir, por medio de quejas a las jefaturas de enseñanza y OIC, sanciones y medidas de protección, insumos y una guía académica adecuada. Los datos muestran, que a partir de 2023 el número de quejas creció en el sistema público.
En un informe de la ANMR se retoman investigaciones que resaltan que los médicos en formación son los pilares operacionales de las instituciones, pero que la mayoría de los médicos son sedentarios, tienen obesidad y un alto riesgo cardiovascular por la “insania del estilo de vida del médico residente promedio en nuestro país”. También citan un estudio publicado en la Revista Médica del IMSS de 2017, en el que se establece que sólo el 32% de los residentes ha reportado maltrato, pero que el 82% reconoce haberlo vivido. Las quejas llegan cuando la situación se vuelve insostenible.
“Las quejas sirven de antecedente, pero en la mayoría de los casos no se traducen en cambios. Regularmente quienes alzan la voz resultan afectados, el mismo sistema los expulsa”, recalca Emilio Matlalcuatzi, abogado que se ha especializado en la defensa de los derechos laborales de los médicos en formación en México. Entre los casos que ha litigado están los despidos injustificados de residentes en Pemex, un caso icónico en el que se logró el reconocimiento de los derechos laborales de este sector.
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“Esto es un problema de salud pública porque no solamente afecta directamente a los médicos residentes, sino a todo el usuario. Médicos y usuarios estamos en el mismo barco porque se impacta la calidad de la atención, la vivencia de los pacientes dentro del sistema y la seguridad del paciente, pues al tener personal agotado crece el riesgo inherente de cometer errores”, advierte la doctora Vera, quien ha continuado con su labor concientizando sobre la necesidad de cambiar la dinámica laboral-educativa que ha establecido el sistema de salud mexicano.
Así, aquellos que se encargan de la salud de la mayoría de la población lo hacen en condiciones de violencia, acoso, humillación. Consultan entre depresión, ataques de ansiedad y otros problemas de salud.
En México, los médicos en formación están agotados.
desa/bmc
