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La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a cargo de Román Meyer Falcón, eligió a la empresa vinculada con los amigos de Andrés López Beltrán por encima de otras compañías que hicieron propuestas más económicas para desarrollar el proyecto ejecutivo del Nuevo Archivo General Agrario que se construye en Av. Juárez 92, alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.
La información pública de la licitación LO-015000999-E386-2022 muestra que la Sedatu privilegió el ofrecimiento de 56 millones de pesos que presentó la empresa Organismo Promotor Logístico, SA de CV (OPL) en participación conjunta con Sacmag de México, SA de CV. La primera compañía tiene entre sus accionistas, representantes legales y administrativos a personajes conectados al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario reconoció que sí hay un vínculo de amistad con su familia durante la conferencia matutina del 4 de mayo de 2023.
“Mis hijos no tienen nada qué ver, mis hijos no son corruptos”, dijo entonces el presidente, sobre la relación de su segundo hijo con la empresa que se consolidó en 2014 en Culiacán, Sinaloa, y que fue adquirida por los allegados a López Beltrán en octubre de 2016, según consta en las actas del Registro Público del Comercio (RPC).
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Esta empresa, según su objeto social, ofrece una amplia diversidad de servicios: todo lo vinculado a la industria alimenticia, manufacturera y de comercio, así como el fomento y profesionalización de industrias en los sectores de agricultura, ganadería y pesca está en su campo. No obstante, su expertise abarca también la realización de “todo tipo de proyectos para la industria de la construcción” y, al mismo tiempo, puede ser comisionista, agente o intermediario de cualquier negocio o bien, prestar servicios de ventas, publicidad y mercadotecnia.
Su socio, Sacmag de México, SA de CV, se ha consolidado como una de las contratistas que la Sedatu ha utilizado en el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU). Además, participó en servicios vinculados al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), que fue cancelado en este sexenio.
Aunque los contrincantes de estas dos empresas asociadas ofrecieron proyectos con un costo inferior durante la licitación de marzo de 2022, fueron descartados desde la etapa de análisis y dictamen de los documentos legales.
La Sedatu rechazó la idea de Tectonika Proyectos y Construcciones, SA de CV que junto con Senermex Ingeniería y Sistemas, SA de CV valuó el “desarrollo y elaboración de proyecto conceptual y ejecutivo para la construcción del edificio de servicios federales con atención ciudadana” en 17.3 millones de pesos. Esta empresa está especializada en la realización de proyectos arquitectónicos para inmuebles de vivienda, hospitalarios, restaurantes, oficinas, entre otros, de los sectores público y privado desde 1993. El argumento para eliminarla fue que el formato que muestra una opinión positiva del Infonavit “no contiene código QR para su validación”.
La situación es parecida a lo que ocurrió con la oferta de Estudio PI S.C., que junto Con Afility Internacional SA de CV, ofreció un proyecto de 18 millones, pero la Sedatu definió que “no cumplía con todos los documentos legales” porque le faltaban los documentos vigentes que acreditaban su cumplimiento de obligaciones fiscales ante el SAT, el de obligaciones fiscales en materia de seguridad social y el de obligaciones ante el Infonavit. Estudio PI es una empresa fundada en 2001, con especialidad en arquitectura y diseño; han realizado proyectos de diseño urbano, paisajístico y arquitectónico en México y otros países.
Tras ser desestimadas las dos empresas, la única opción considerada fue la de Organismo Promotor Logístico, quien finalmente fue la encargada de realizar el boceto del diseño arquitectónico que se ideó para el nuevo Archivo General Agrario, así como todos los componentes de la obra: los cálculos estructurales, los diseños, especificaciones técnicas, cronogramas de construcción, entre otros. Es decir, todo el concepto de cómo se verá estéticamente este nuevo inmueble y cómo llevarlo a cabo.
El proyecto arquitectónico diseñado por los amigos del hijo del presidente se construye en un predio que era propiedad del gobierno de la Ciudad de México, pero el gobierno federal decidió ocuparlo para resguardar el segundo archivo más importante del país que contiene toda la historia de la propiedad social de México. Este archivo, a cargo de Pedro Salmerón, nació con la expedición de la Ley Agraria de 1915, contiene la documentación que acredita la repartición de las tierras comunales en México que constituyen el 51% del territorio nacional; el AGA resguarda más de 45 mil metros lineales y 400 mil planos de este legado: unos 171 millones de documentos.
El contrato para diseño del edificio fue uno de los primeros gastos millonarios que hizo la Sedatu en abril de 2022, uno de los que más inversión ha recibido en esta administración a través del Programa de Mejoramiento Urbano, enfocado en realizar obra pública para reducir el rezago urbano y social de los municipios más vulnerables del país. Los recursos asignados a todo el proyecto superan los 2 mil millones de pesos, según los contratos obtenidos vía transparencia.
“Ahora estamos haciendo un edificio muy bello. Estamos saliendo de los cimientos, pero aquí en el Centro va a quedar ese archivo. (...) Vamos a terminarlo casi al final del gobierno, pero sí espero dejarlo funcionando antes de septiembre del próximo año”, dijo el presidente López Obrador en la conferencia mañanera del 17 de agosto de 2023. El AGA depende del Registro Agrario Nacional, un órgano desconcentrado de la Sedatu, la dependencia que realiza las contrataciones para ejecutar el proyecto.
El trabajo diseñado por Organismo Operador Logístico sigue la tendencia arquitectónica por la que ha apostado la Sedatu en todo el país: edificios modernos, estéticamente bellos. En este caso se trata de un inmueble que tendrá dos sótanos que albergarán el archivo compuesto por miles de documentos históricos y otros ocho niveles que servirán de oficinas, una cafetería y un museo. Además tendrá un jardín botánico repartido en cada uno de sus pisos, incluyendo los sótanos, que representará todas las regiones ecosistémicas del país, un orquidiario y una terraza con miles de especies desérticas.
Se solicitó una entrevista a los integrantes de la empresa Organismo Promotor Logístico a través del correo electrónico y los teléfonos que brindaron en su postulación a la licitación, sin que al cierre de edición hayan aceptado brindar sus comentarios.
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La selección binaria
La Secretaría eligió evaluar las proposiciones por medio del sistema binario, el cual califica el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en una licitación; se palomea si la empresa cumple con la entrega de los requisitos, pero no se analiza el fondo de la propuesta.
“La utilización del criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, será aplicable cuando no sea posible utilizar los criterios de puntos y porcentajes o de costo beneficio”, establece el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas detalla que se usará cuando las dependencias contraten servicios de los que no cuenten con áreas o estructuras especializadas para tal fin o cuando los trabajos sean de una magnitud que justifique la conveniencia de aplicar este mecanismo. En el expediente de la licitación, disponible en Compranet, no se encontró la justificación de la decisión, lo cual es un requisito, la Sedatu sólo escribió en las bases que se considera pertinente su uso “atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos”.
“El sistema binario es un mecanismo excepcional y no es intrínsecamente bueno o malo, depende de cómo se utilice. En este caso, el uso de la figura es inusual y el resultado muestra una brecha muy grande entre los oferentes. Si esas dos condiciones no se dieran, no se cuestionaría su uso. En este caso produce un efecto que es contrario al 134 Constitucional”, explica Eduardo Bohórquez, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, una organización especializada en la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. El artículo 134 establece que los recursos económicos de que disponga la Federación deberán ser administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Al tiempo de la firma del contrato SEDATU-SOP-013-512-2022, la legislación establecía que el sistema binario sólo debía usarse en el caso de obras y servicios cuyo monto máximo presupuestado no exceda el valor de diez mil veces el salario mínimo vigente (51.8 millones de pesos, al valor de 2022. Después se modificó a UMAS, quedando un monto máximo de 29.2 millones de pesos).
Como ocurrió con la evaluación de los documentos legales, la dependencia desechó también las propuestas económicas y técnicas de los otros participantes; en esos rubros declaró que la única que cumplía con todo era OPL, pese al costo más bajo propuesto por sus contrincantes.
La empresa Organismo Promotor Logístico, SA de CV estuvo representada por Raúl Buentello Carbonell durante el proceso de licitación y la firma de contrato con la Sedatu; fue accionista desde 2016 junto con Miguel Ángel Escobar Acosta, según la información disponible en el Registro Público del Comercio. Un acta de febrero de 2022, protocolizada ante notario y entregada por Raúl Buentello para esta investigación, acredita que ambos vendieron sus acciones a las empresas Denari Holdings y SP ARkonsoulting, la primera representada por Carlos Buentello Carbonell, su hermano, y la segunda por José María Antón Vasich de la Rosa.
Los convenios modificatorios al contrato, así como los planos que la compañía entregó a la Sedatu obtenidos vía transparencia, muestran a Carlos Buentello también como representante de OPL. Según han reportado Latinus y MCCI, Carlos está ligado a otras empresas beneficiadas por el gobierno federal que han sido vinculadas a Alejandro Castro Jiménez Labora, amigo cercano de Andrés López Beltrán. De acuerdo con estas publicaciones, Carlos y Raúl son hermanos de Hugo, exfuncionario implicado en la trama de corrupción de Segalmex y accionista de la empresa que posee la marca de mobiliario “Grava y Arena”.
Ante la pregunta expresa de si mantiene una relación de amistad con López Beltrán, Raúl Buentello respondió: “a esa persona no la conozco, ni he tenido relación alguna de amistad o de trabajo”.
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Un daño, contratar la más barata
La Sedatu entregó una ficha informativa en respuesta a la petición de entrevista. En ella detalló que en la licitación participaron tres empresas y dijo que las propuestas tanto de Tectónika Proyectos y construcciones, S.A. de C.V. como de Estudio PI, SC fueron desechadas por incumplir requisitos de las bases de la convocatoria y por no contar con la capacidad y experiencia técnica requerida.
“Por lo tanto, la única empresa que cumplió en su totalidad con los requisitos legales, técnicos y económicos y que presentó una propuesta solvente fue Organismo Promotor Logístico S.A. de C.V. en participación conjunta con SACMAG de México, S.A. de C.V.”, detalló la Dirección General de Comunicación Social. Agregó que “contratar a cualquiera de las otras empresas que no tenían capacidad financiera y ofertaban un importe menor, representaba un daño o perjuicio a la hacienda pública”.
