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El mercado más importante de Latinoamérica da cuenta de una transformación. La Central de Abasto es un conjunto de miles de bodegas construidas de tal forma que, de un lado, reciben diariamente toneladas de comida de los estados de la República y, del otro, abastecen a comerciantes para alimentar a millones de habitantes de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Este lugar de más de 200 hectáreas se ha convertido en centro de trabajo de muchos migrantes indocumentados que llegaron a México desde 2023, y están en incertidumbre ante los cambios de la política migratoria de Estados Unidos.
Los venezolanos Josher, de 21 años, y Fraiderson, de 19, se hicieron amigos en el viaje por la selva del Darién. “Vimos mucha muerte… niños que se los llevaba el río, mujeres violadas; abrías casas de campaña con gente muerta dentro”, recuerdan. Hoy trabajan cargando costales de papa en el pasillo N. En el área de descarga de los camiones hay personas haitianas como Joseph, quien carga huacales de plátanos.
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En el área de verduras trabaja Jeftson Boyer. Salió de Haití para encontrarse con su hija que ya vive en Estados Unidos. Cuenta que hace una hora y media al trabajo, a veces le duele la espalda y tiene una jornada de 10 horas por mil 200 pesos a la semana. En el pasillo S, mujeres haitianas pelan guanábanas. Una de ellas es Fedrine Ylace, de 38 años y risa fácil, que lleva 18 meses en el país. Quería cruzar a Estados Unidos en busca de una vida mejor para enviarle dinero a su hija Zaida, que se quedó en su país.
Al entrar en el área de abarrotes y farmacias, en los pasillos de la A a la F, las personas venezolanas, cubanas y colombianas atienden a cientos de clientes. Es el caso de Yasmani, de 33 años, quien dejó Cuba porque, dice, “no hay derechos humanos, la juventud se está yendo”.
La Central de Abasto es, en sí misma, una pequeña ciudad donde convergen las nacionalidades que hoy integran la capital. La dinámica se repite en otros grandes centros de comercio como La Merced, Jamaica, el Centro Histórico o Tepito.
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Antes considerada un lugar de paso para las personas migrantes en su viaje por el “sueño americano”, la Ciudad de México y su zona conurbada han experimentado un cambio demográfico en los últimos años, pues cada vez más personas de países que atraviesan crisis económicas, políticas y de violencia se han quedado a habitarla, voluntaria o involuntariamente, coinciden organizaciones sociales y migrantólogos entrevistados para esta investigación.
Recorrimos centros de trabajo y concentración de personas que emigraron debido a las dificultades en sus países, pese a que la presencia de personas migrantes cada vez es más visible en la zona metropolitana, no existen registros gubernamentales sobre sus condiciones laborales o de vida en la capital del país.
65 testimonios de tres continentes —28 personas venezolanas, 16 haitianas, 9 cubanas, 4 colombianas, 4 afganas, 1 salvadoreña, 1 congoleña, 1 angoleña y 1 ghanesa— recogidos en ocho lugares muestran que los principales problemas que enfrentan los nuevos habitantes de la gran metrópoli son la explotación laboral, ingresos económicos precarios e irregulares, abuso sistemático en el cobro de vivienda, xenofobia, barreras del idioma y gran dificultad para regularizar su situación migratoria, con lo cual se complica el acceso a otros derechos como la salud, la educación o poder obtener empleos y profesiones para las que están realmente calificados.
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La Ciudad de México es, sin embargo, también fuente inagotable de trabajo —específicamente su sector informal—, oportunidades de subsistencia en comparación con las condiciones por las cuales han migrado y una “ciudad santuario” donde, a diferencia del resto del país, muchos migrantes expresan que no son perseguidos ni extorsionados por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), tampoco asediados por el crimen organizado, como lo fueron en sus viajes hacia la ciudad.
Por ejemplo, es el caso de Gilbert, venezolano de 23 años que llegó hace unos días a la ciudad, después de haber intentado cruzar a Estados Unidos. “La migración y la policía lo ven a uno y le quitan la plata que trae en el bolsillo, lo tratan mal a uno… aquí en la Ciudad de México la policía no se mete con los migrantes. Es más relajado”.
Aunque estar en México sin papeles no es un delito sino una falta administrativa, “hay una contradicción porque la acción que corresponde a las autoridades es una detención”, explica Margarita Núñez, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI) de la Universidad Iberoamericana.
No hay días malos
En las rocosas vías del tren de la colonia Vallejo se celebra un cumpleaños. Aquí está uno de los dos últimos asentamientos irregulares de migrantes en pie. De los cinco campamentos que se instalaron en la Ciudad de México, tres fueron retirados por las autoridades capitalinas. El 11 de marzo de 2024 se desmanteló el de la Central de Autobuses del Norte.
Para la fiesta en el campamento de Vallejo se sirven donas, hechas por la venezolana Alexa Muñoz, quien en otro de los “ranchos” del campamento ha adecuado una cocina donde elabora desayunos para venderlos temprano en un autolavado en el barrio de La Villa de Guadalupe.
A través del autoempleo, a Alexa le va mejor que cuando despachó el puesto de otra persona en la estación del metro Salto del Agua. “No sé si porque uno es inmigrante, a uno lo quieren explotar más”, dice al recordar que a ella le pagaban menos que a sus compañeros y tenía un horario más largo.
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En Venezuela, Alexa era enfermera. Explica que su deseo de ir a Estados Unidos surgió de que en su país “todo se maneja en dólares” y el salario quincenal, de cinco dólares para su profesión, apenas alcanza para comprar harina y huevos. Las y los 28 migrantes venezolanos entrevistados para este trabajo coinciden en el casi nulo valor del bolívar frente a la canasta básica, y la gran mayoría también denuncian la persecución política por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Al salir de sus países, es muy probable que se conviertan en “traidores a la patria”.
“No porque él (Donald Trump) haya dicho que ya no van a pasar inmigrantes, yo me rindo. Atravesé siete países, todo lo que yo pasé… y un ser igual que yo, terrenal, ¿me va decir que yo no voy a cruzar?”, defiende Alexa.
La mayoría de las personas migrantes entrevistadas para este trabajo tienen o han tenido como objetivo llegar a Estados Unidos, y esperaban obtener una cita de solicitud de asilo a través de la aplicación CBP One, implementada por el gobierno de Joe Biden en 2023. Es a partir de ese año que comenzó a verse un incremento importante de personas migrantes en la ciudad, considera Margarita Núñez, del PRAMI.
“El territorio estadounidense inicia estos procedimientos, entonces como requisito para poder solicitar la cita a través de la aplicación se puso que las personas tenían que estar físicamente localizadas arriba del paralelo 19, que pasa justo por debajo de la Ciudad de México”, explica Núñez. La aplicación fue cancelada por el gobierno de Donald Trump en enero de este año.
“Vamos a quedarnos un tiempo a ver si a este señor se le ablanda el corazón”, dice Rosmary, venezolana de 24 años que también vive en el campamento y vende dulces en un semáforo con su hijo Jeremy. “Para mí no hay día malo, siempre hay días buenos, porque salgo a la calle a vender mis caramelos y siempre vendo algo”, y refiere que hay días en que gana 100 pesos y que puede llegar a vender hasta 500 pesos.
En otro extremo del campamento, Jorge, de 57 años, cuenta que lo despidieron del trabajo, pues el día anterior faltó a su turno en una construcción porque acudió a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para su trámite de refugio. “Muchos de nosotros tenemos que ir a firmar cuatro veces al mes”.
Aún lleva sus zapatos llenos de residuos de cemento, los que usa para las jornadas que considera agobiantes, “pero es un trabajo, hay que realizarlo”. Cuenta que es habitual que personas acudan al campamento a reclutar ayudantes para la construcción.
“Termina siendo una mano de obra barata”, expone Fernando Baquedano, coordinador del área de empleabilidad de la organización Sin Fronteras IAP (asociación civil que defiende los derechos de las personas migrantes), sobre el hecho de que muchas personas migrantes se están empleando en la construcción. “Existe en la ciudad mucha explotación laboral, porque como son personas que no tienen documentos, existen todavía muchas empresas, que si bien es cierto que muchos dan oportunidad, otros pues lo que hacen es aprovecharse de las personas”.
Como Jorge, varias de las personas entrevistadas señalan que para acudir a firmar su trámite de refugio ante COMAR, muchas veces necesitan faltar al trabajo un día y eso significa un descalabro económico. De todos los migrantes entrevistados, sólo cuatro comentaron que tienen sus papeles en orden, y 28 explicitan dificultades relacionadas con no tener documentos.
De acuerdo con datos de la COMAR, las solicitudes de condición de refugio en México se dispararon, de 40 mil 913 en 2020 a 129 mil 783 en 2021, y llegaron a su punto máximo en 2023, con 140 mil.
Sin embargo, desde octubre de 2023, el Instituto Nacional de Migración, autoridad encargada de los trámites de regularización, dejó de emitir la expedición de tarjetas de visitante por razones humanitarias, expone Arturo Gómez, coordinador de programas de Asylum Access, organización internacional que acompaña las solicitudes de asilo en México.
“Por un tema político que todavía no sabemos bien el fondo”, explica Gómez, y agrega que la migración en México ha tenido una variación importante. “En 2020 había 82 379 personas en contexto de movilidad, cifra que creció a 782 mil 176 personas en 2023”.
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La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México y Sin Fronteras, son otras organizaciones que, durante la elaboración de este reportaje, han dado cuenta de que este tipo de tarjetas dejaron de emitirse casi en su totalidad desde dicha fecha.
Las personas que en los últimos años han aumentado su flujo migratorio en México provienen de Venezuela, Honduras, Guatemala, Ecuador, Haití, Cuba, Colombia, El Salvador, Nicaragua, y también países de África y Medio Oriente, de acuerdo con información de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) citada por Gómez en entrevista. “La migración en México ha tenido una variación importante… en 2020 había 82 mil 379 personas en contexto de movilidad, cifra que creció a 782 mil 176 personas en 2023”, comparte.
Habitar la soledad
“Sobrepoblaron ese edificio. Es complicada la convivencia”, cuenta Abril Rojas, en un local de carne en el mercado de La Merced, acerca del lugar donde vive. Un cuarto que comparte con otras nueve personas migrantes a unos minutos de su centro de trabajo. Abril tiene 21 años, largas pestañas y la meta de llegar a Estados Unidos. En Venezuela se graduó como sobrecargo y estaba estudiando idiomas, pero política y económicamente “estaba fuerte allá”.
En el puesto a contraesquina trabaja Keffermark, venezolano de 30 años, cargando y despachando pollo y huevos. Gana 500 pesos al día, y de ahí paga cien pesos diarios por un cuarto en el que vive con tres personas colombianas más. “Llego, me acuesto a dormir, al otro día me paro y me vengo acá”. Se siente contento, aunque ha vivido xenofobia. El día anterior, alguien fuera del mercado le gritó “regrésate a tu país”. Aún no sabe si se quedará en México, donde lleva cuatro meses.
Del total de personas entrevistadas, 23 refieren problemas en la vivienda, como vivir con más personas en un solo cuarto y precios excesivos, donde la renta se cobra por persona y no por el lugar. Es el caso también de Alexander, primo de Keffermark, quien también paga cien pesos al día en un cuarto en la calle República de Uruguay, centro de la Ciudad de México. Tres mil pesos al mes por persona, “siempre es por persona”.
Alexander espera desde hace más de un año una oportunidad para pasar a Estados Unidos. “Pablo Escobar decía que el narcotráfico hacia Estados Unidos nunca iba a terminar. La migración nunca va a terminar... dentro de dos años te acordarás de mí, vas a decir ‘se abrió la frontera", asegura el hombre que actualmente se dedica al autoempleo.
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“Las personas rentan de una manera exorbitantemente cara… por persona o casi por metro cuadrado”, comenta Juan Carlos Narváez, doctor en Humanidades por la Universidad de Leiden, quien dirige una investigación sobre la permanencia de las personas en movilidad humana desde la consultora Investigación Multidisciplinaria Aplicada Laboratorio Social A.C.
“Muchas veces el que (los migrantes) estén en campamento no necesariamente tiene que ver con que no tengan recurso para poder rentar, sino porque es muy difícil que les renten cuartos y además porque ha habido un abuso”. dice Narváez.
Marco Antonio, venezolano que trabaja en un local de carne, gana 450 pesos al día. Él vive en un cuarto de renta junto con su esposa y dos hijos, y paga mil pesos semanales. La habitación la comparte, además, con otros dos venezolanos que también pagan alquiler.
“Es demasiado abuso porque no es fácil pagar cuatro mil pesos mensuales… con tres niños que usan pañal, la comida, la leche”, dice Marco Antonio. Si no logra mejorar su situación económica y tiene que volver a su país, no volvería a intentar llegar a Estados Unidos porque considera que arriesgó mucho a sus hijos en el viaje. En la selva perdió todos sus documentos, cuando el río casi se lleva a su niña y tuvo que dejar ir el bolso.
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La cubana Adelis de la Caridad trabaja en el mismo local. Estudió contabilidad, por lo cual es la encargada de recibir mercancía, pagar y cobrar. Le gustaría, sin embargo, crecer profesionalmente, para lo cual necesita regularizarse. Ella no vino “con la mentalidad” de ir a Estados Unidos porque no le gusta, dice. “Yo lo que quería era un lugar donde tuviera lo que no tenía en Cuba. Aquí tengo trabajo, tengo comida”.
Le gustaría que el gobierno mexicano les diera una vía para legalizarse a quienes quieren quedarse en el país. “Que no sea tener un hijo o un matrimonio falso. Porque hay personas que sí están haciendo cosas para estar aquí”, considera.
A unas cuadras del mercado de La Merced está la Plaza de la Soledad. Fuera de la iglesia, construida en el siglo XVI, decenas de niños y jóvenes venezolanos, haitianos y africanos juegan fútbol. Un campamento migrante se extiende alrededor.
Thierno es del Congo y lleva cuatro meses en México. En su país estudió sociología, pero no había trabajo. Pensaba ir a Estados Unidos, pero con la cancelación del CBP One su idea cambió. A veces puede obtener cien pesos en el mercado, al ofrecer su ayuda.
“Madame, no le voy a mentir, vine de un país muy pobre, muy desesperado... no puedo decir que aquí es malo, a pesar de todo”, cuenta en medio del campamento. Le gustaría aprender español, porque como para otros migrantes entrevistados, el idioma es una barrera. A la vez, piensa que podría dar clases de francés.
Al preguntarle si le pediría algo a las autoridades mexicanas, aclara que “deberían hacer sólo lo que pueden hacer. Lo que es posible para ellos... Proporcionar algún documento para quien diga: quiero trabajar”, o algún programa de idiomas, piensa.
Su amigo Diallo, de Ghana, comparte que carga cajas en una bodega, pues por la barrera del idioma es el único trabajo que puede realizar. Le gustaría tener un pase para llegar a Tijuana sin ser acosado por migración, pues ahí le espera un amigo que podría conseguirle un buen trabajo y un lugar dónde dormir. “Estaría feliz de vivir aquí… Le pagaría de vuelta al país”, dice.
Se ríen al contar que una enorme rata se robó su comida.
Abogados, contadores, médicos, policías…
En el corazón de la ciudad cada vez es más común ser atendido por alguna persona de nacionalidad extranjera. Son animosas vendedoras en las tiendas de lámparas y abarrotes de las calles Balderas y Victoria, en los restaurantes y negocios del Barrio Chino, o en los puestos de Ayuntamiento y Eje Central.
Sona, su esposo Obaid, Abdul y Mukhtar son cuatro afganos que salieron de su país por la guerra y hoy son barrenderos en Reforma, a la altura del metro Hidalgo. Llevan en la Ciudad de México menos de un año. “No hay derechos de las mujeres y yo era policía”, cuenta Sona, quien vive con su esposo en un hotel donde les cobran ocho mil pesos al mes.
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“Apenas gestionamos la vida. Tenemos problemas económicos, de idioma”. Originalmente querían llegar a Estados Unidos o a Canadá. “Nos pilló la mafia cerca de la ciudad de Durango. Nos quitaron quince mil dólares”, comparte Sona. Busca obtener cita en la COMAR para acceder a la condición de refugiada, pero le ha parecido muy larga la espera.
“Nuestro mayor problema es el idioma, no podemos comunicarnos bien con la gente y no sabemos qué servicios están disponibles para personas migrantes”, cuenta Abdul, quien en su país tocaba el robab, instrumento tradicional. Dice que, al no tener documentos, sus hijos no pueden ir a la escuela y conseguir vivienda es muy difícil y caro.
Por su parte, Mukhtar agradece tener trabajo ahora, pero le apena posar para la cámara porque en su país “eran personas universitarias”; en su caso, estudió “sistema de información geográfica” (GIS). El no tener una identificación también dificulta su situación, pues la gente no aceptó darle un mejor trabajo.
“Cien pesitos, mi amor, son para la suerte y la abundancia”, dice Liz, cubana de 28 años que atiende un puesto de amuletos afuera de la cantina Tío Pepe, famosa por ser la primera de la ciudad, en el Barrio Chino. Liz obtuvo una cita en la aplicación CBP One el 11 de enero, pero fue cancelada una semana después con la orden ejecutiva de Trump. Su esperanza era reunirse con su familia en Miami.
“Salí de mi país porque allá no hay comida, medicina; yo soy técnico en higiene y licenciada en epidemiología”, cuenta. Liz hace una pausa porque el llanto la desborda por un momento. “Me obligaban a estar en marchas y cosas de la juventud, del partido. Y todos los meses me quitaban dinero del partido”.
Ante la dificultad de llegar a Estados Unidos, ahora Liz se quiere quedar y traer a su familia que se quedó en Cuba. “Aquí nos han acogido súper bien, tenemos trabajo, tenemos comida, un techo para vivir”. Lo único que le pediría al gobierno es que los trámites de documentos fueran breves, poder obtenerlos lo antes posible.
En la zona centro, trabajar en un negocio establecido permite a la comunidad migrante acceder a mejores condiciones de vida. Es el caso de Moisés, quien estudió contabilidad en su país y actualmente labora en una tienda de lámparas en la calle Victoria, donde recibe el mejor sueldo que ha tenido desde que llegó a México: más de dos mil pesos a la semana.
Antes llegó a laborar en una empresa de seguridad privada en la Merced. “Hay sitios donde el trabajo es forzado… Nosotros como empleados no tenemos seguro. Solamente nos despiden y ya”, cuenta sobre la vez que se lastimó la columna por cargar demasiado peso. Su cita para el asilo en Estados Unidos también fue cancelada, por lo que ha decidido esperar a diciembre para saber si se queda o regresa a su país, donde están sus dos hijas.
Sus amigos Leonel y Alejandro, con quienes creció en el mismo pueblo, trabajan una cuadra adelante, en puestos de ventiladores y lámparas que son de otra persona. Llegaron hace apenas un mes a la Ciudad de México y, con el tiempo, les gustaría un trabajo más estable, tranquilo y mejor pagado, como el de Moisés, o emprender un negocio propio.
Leonel es abogado y salió de Venezuela con la intención de llegar a Estados Unidos, pues no ganaba suficiente ejerciendo su carrera. Considera que su situación es mucho mejor en México. Actualmente gana mil 800 pesos a la semana. “Así como yo, muchos compañeros que tienen su carrera universitaria, que quisieron pasar y se quedaron aquí. Nos toca igual hacer vida en otro país que es aquí México, un país igual de mucha oportunidad”.
En su labor de vincular personas al empleo formal desde Sin Fronteras, Fernando Baquedano ha encontrado a mucha gente sobrecualificada. “Doctores en la Central de Abasto cargando cajas, ganando dos mil pesos a la semana, que está bien, es un trabajo digno, pero me han dicho ‘yo quisiera trabajar de médico”. Resalta que son los dueños de tiendas, lavanderías, taquerías quienes más les dan una oportunidad a las personas migrantes.
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Baquedano explica que la Ley Federal del Trabajo de México es limitante al establecer que las empresas pueden contratar un máximo de un 10% de personas extranjeras en puestos específicos, siempre y cuando las empresas también tengan un permiso del Instituto Nacional de Migración.
Sobre la barrera de la Ley Federal del Trabajo y la sobrecualificación que caracteriza a muchas personas migrantes irregulares coincide Florian Hopfner, creador del Programa de Integración Local de la ACNUR, el cual desde su apertura en 2016 ha vinculado a 45 mil personas migrantes al empleo formal en México. “El proceso de revalidación de estudios es complejo, largo. Hay una subutilización del potencial que hay”.
Para Alejandro, de 31 años, la mejor decisión es seguir en la capital, que es “muy movida” y donde le gusta mucho el sistema de trabajo. El dinero apenas alcanza, al día gana 300 pesos, y se siente mal cuando vende menos de la cantidad que le pagan. “En ocasiones me dan 60 pesos para comida, cuando vendo. Poquito, pero a mí me sirve mucho”, comparte.
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“Me gustaría tener un puesto de cualquier sistema, siendo mío. Tengo que tomar decisiones, al final traer a mi familia para acá porque si no la perdería”, dice Alejandro.
A Moisés, Leonel y Alejandro, lo que más les gustaría es facilidad para poder tramitar sus documentos de asilo, sin tener que invertir días en la COMAR. “Yo si no trabajo, no como”, dice Leonel. O acceder a algún otro tipo de documento, “una tarjeta que te identifique y diga que tú estás residenciado aquí”.
De la mano de Dios
Afuera del bosque de Tláhuac, un joven haitiano frota en sus manos un polvo café y húmedo. “Es tabaco, te quita el dolor de cabeza”, explica su amiga Florenze. Él se llama Jordan, no habla español y lleva un año sin trabajar porque está muy enfermo, pero no sabe de qué. Sus manos están hinchadas, tiene dolor en las rodillas y pregunta por un hospital donde quieran atenderlo. Llena su nariz de tabaco.
La población haitiana tiene gran presencia en la alcaldía Tláhuac. En noviembre de 2023, las oficinas de la COMAR que se encontraban en el bosque cerraron y, con ellas, el albergue temporal. Muchos migrantes se fueron, pero otros se quedaron en la zona aledaña, como la colonia Minas, desde donde se transportan a los mercados del centro de la ciudad.
Leonne tiene 67 años, dejó Haití hace 20 porque “todo mundo mata gente” y cuenta que actualmente no le va bien en su venta porque ha disminuido la clientela. “Lo que vendemos es algo que usa la gente de Haití”: crema de papaya made in Haití, extensiones para crear peinados.
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“Cuando hay gente yo vendo de mil a dos mil… pero a veces no vendo nada: lunes no vendí, martes no vendí, miércoles tampoco. A veces pasa la semana sin vender nada”. Seis hijos de Leonne están en República Dominicana y uno se fue a Estados Unidos. Ella decidió quedarse aquí porque no le gusta el frío.
“Yo vivo sola, de la mano de Dios… en México yo vivo bien porque no tengo problemas con nadie, voy a la iglesia el sábado”, y cuenta que habita en un cuarto por el que paga dos mil pesos, duerme en un colchón y no tiene agua dentro.
Aunque se siente bien en el país, su mayor dificultad es que enferma mucho, “siempre tengo dolor en todo el cuerpo”. Leonne tiene residencia en México, pero no puede acceder a la pensión de bienestar para adultas mayores —sólo es para personas mexicanas o naturalizadas— ni conoce cómo acceder a algún programa social.
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Las oficinas de la COMAR que se encontraban en la colonia Juárez, cerca del campamento de migrantes desalojado por el Instituto Nacional de Migración (INM) en junio de 2024, unos días después de las elecciones locales y federales, fueron reubicadas por el gobierno de Martí Batres a la colonia Granjas, en Iztapalapa. Ahí acuden personas migrantes que habitan en el Estado de México: municipios conurbados a la Ciudad de México como Tecámac, Ixtapaluca y en otros puntos más lejanos del Estado de México.
Colin, haitiano, vende cubrebocas, folders y plumas a otras personas extranjeras que se encuentran en la fila para tramitar la solicitud de refugio. Lo más difícil que ha vivido en México fue nunca recibir el pago prometido por trabajar en la instalación de postes de luz. No recuerda en qué sitio específico ocurrió, sólo que fue cerca de la intersección entre la línea 12 y 7 del Metro, que la persona se llama Arturo y le ofreció tres mil 500 pesos, pero dejó de contestarle el teléfono.
Aunque los migrantes son más aceptados en la Ciudad de México que en otros estados del país, existen resistencias importantes. Apenas el 20 de marzo, vecinos de la alcaldía Azcapotzalco protestaron públicamente contra la construcción de un albergue migrante en la colonia Nueva Santa María.
Fernando Baquedano, de Sin Fronteras, comparte que han detectado casos en que las personas migrantes trabajan semanas completas y, al finalizar el trabajo, quienes las reclutaron se niegan a pagar. “Estos migrantes irregulares sufren día a día… te dicen, no te voy a pagar porque sos migrante y te voy a denunciar”.
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A tiempo de una integración
“Yo creo que voy a quedarme aquí para siempre”, dice sonriente Fedrine Ylace, en la bodega de guanábanas de la Central de Abasto. “En México uno puede encontrar mucho trabajo, sólo hay que buscarlo”. El problema, cuenta, es que hay mucho racismo. “Te ven muy feo, hablan de ti con otra persona; los mexicanos todavía no están acostumbrados con la gente de color”.
De acuerdo con Alejandra Carrillo, jefa de la oficina de ACNUR en la Ciudad de México, una encuesta interna reveló que, en 2024, 53% de las personas migrantes en la capital tenían como destino Estados Unidos y 43% México. Dato que para ella demuestra que la Ciudad de México ya no es vista sólo como un lugar de paso.
A Yormary, venezolana de 19 años que trabaja como vendedora en el mismo local de guanábanas, le gustaría tener la posibilidad de trabajar en otros sitios, como plazas comerciales, pero cuenta que no la han contratado por ser extranjera o no tener documentos.
Para el jefe mexicano de Fedrine y Yormary, contar con personas migrantes es “una bendición de Dios porque me están ayudando mucho a sacar el trabajo; yo batallo aquí por el personal… Ellos vienen a abonar aquí, no a ser una carga. Son gente muy buena, vienen con muchas ganas de trabajar, de salir adelante”.
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Según otro comerciante de la Central de Abasto que pide no mencionar su nombre, el que las personas migrantes no estén regularizadas “se presta a la extorsión” para ellos como dueños y para las personas migrantes. El otro día, recuerda, fuera de la Central, la policía subió a la patrulla a gritos a uno de sus trabajadores haitianos.
Considera necesario un protocolo para saber cómo manejar la situación con quienes están indocumentados para no cerrarles la fuente de trabajo. “Que emitieran un comunicado que dé certeza de que pueden contratar personas migrantes de manera regular”.
En el área de verduras, Daniel, trabajador haitiano, cuenta que una patrulla detuvo a un compatriota suyo y le quitó siete mil pesos. Dice que le gustaría inscribir a su hija a la escuela, pero no tiene ninguna información de cómo hacerlo.
“Ya sabemos que el hermano mexicano te extiende la mano, pero no hay un interés del gobierno como tal para buscar una forma de ayudar directamente a quienes son migrantes irregulares”, dice Fernando Baquedano. También, considera, hace falta educación desde las infancias. “Decirles: somos un país que tiene este tipo de condiciones, donde la gente se va a quedar, hay gente que tiene otro color de piel, otra forma de vida”.
Una campaña de sensibilización y un programa de regularización son necesarias, dice Juan Carlos Narváez. “Estamos a tiempo de generar políticas inclusivas”. Piensa que podemos aprender de la experiencia de otras ciudades como Nueva York o Los Ángeles. Considera que también hay que combatir en el servicio público la idea negativa sobre las personas que sólo están de paso y quieren trabajar, ganar dinero e irse, “como si fuera un delito”.
Florian Hopfner relata que, cuando iniciaron con el Programa de Integración Local en México para las personas refugiadas, muchos pensaban que no tenía caso invertir en oportunidades, porque el plan migrante era “el sueño americano”. Hopfner destaca un dato de la propia ACNUR: las 45 mil personas que se integraron al trabajo formal con el programa de 2016 a 2024 generaron una contribución fiscal anual de 236 millones de pesos. Compara el dato con el presupuesto federal de la COMAR en el 2023, de 48 millones de pesos: “un retorno del 400% lograr la inclusión económica de la población”.
Y añade: “45 mil personas tal vez no son tantas comparando con la magnitud del fenómeno, pero sí es una muestra suficientemente representativa para poder decir: esos son los resultados de una política de inclusión”. En cambio, considera, las personas que no logran acceder a una fuente de ingreso estable podrán estar más expuestas a situaciones de calle, vulnerables, que van a representar una carga sobre los servicios públicos y las comunidades.
“Todos ganan en generar un entorno incluyente”, dice el funcionario de la ACNUR. Considera que, además de agilizar el acceso a la documentación migratoria, es necesario atender las barreras estructurales.
Baquedano, de Sin Fronteras, quien él mismo emigró de Honduras y se integró a la economía mexicana, reflexiona: cualquiera puede ser migrante. “Hoy estamos acá, tenemos un empleo, pero quién quita que nos toque salir… Hace 20 años, a lo mejor, nadie pensaba salir de Venezuela”. Comenta sobre la imposibilidad de hallar datos oficiales sobre las personas migrantes irregulares: “te estoy hablando de los invisibles”.
jf
