En el 426 de la avenida Plan de Ayala, una vialidad que cruza la ciudad de Cuernavaca, Morelos, se alza un anuncio espectacular en el que se ofrecen servicios fiscales y la promesa de proteger el patrimonio de la gente. Firma el despacho Defensa Contable y Fiscal, que se ubica en el mismo lugar que el anuncio, y que tuvo como socio a José Blas Cuevas Díaz, titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso de Morelos (ESAF).
Blas Cuevas llegó al cargo el 16 de diciembre de 2022, como encargado de despacho, y fue ratificado en el cargo un año después, el 12 de diciembre de 2023.
Cuando realizó su primera declaración patrimonial y de intereses como encargado de despacho, en febrero de 2023 según datos de la PNT, el funcionario omitió algunos datos, según se puede consultar en el documento disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia. Dejó en blanco el apartado donde se pide que se informe sobre la “participación en empresas, sociedades o asociaciones (hasta los 2 últimos años)”. Sólo una casilla está marcada con una palomita, donde dice “ninguno”.
El funcionario aseguró en el documento que ni él, ni su pareja, ni algún dependiente económico participaron en empresa, sociedad o asociación alguna hasta dos años antes de asumir el cargo.
Pero los documentos registrales indican que Blas Cuevas y su pareja Miriam Cabal Beltrán eran dueños, en partes iguales, del despacho fiscal de la avenida Plan de Ayala de nombre Defensa Contable y Fiscal. Fue en abril de 2021 cuando Miriam Cabal salió de la sociedad y vendió sus acciones a la contadora Patricia Arias Valdivia.
La información obtenida en el Registro Público de la Propiedad de Morelos revela que Blas Cuevas dejó la sociedad en octubre de 2023, cuando vendió la totalidad de sus acciones a una persona de nombre Luis Ramón Hernández Montoya, aunque el movimiento se formalizó hasta marzo de 2025, fecha en que se registró ante las autoridades.
Es decir, vendió sus acciones 10 meses después de ser nombrado encargado de despacho, y solo dos meses antes de ser ratificado como titular del ESAF por el Congreso de Morelos. Aunque en su declaración patrimonial y de intereses no hay registro del pago de las acciones, lo que se reporta como ingreso es su salario como funcionario público de 2022 a la fecha.
La única información que Blas Cuevas proporcionó de su relación con el despacho en su declaración patrimonial y de intereses fue que trabajó como empleado del lugar entre 2020 y 2022, aunque en el currículum que entregó al Congreso de Morelos asegura que estuvo ahí más tiempo: de 2015 a noviembre de 2022.
Entrevistado al respecto el 1 de septiembre pasado, el funcionario morelense primero dijo que sólo había sido empleado del despacho, como dice en su declaración patrimonial y de intereses, pero al presentarle la prueba del registro público sobre su participación accionaria reconoció que sí había formado parte de la sociedad, y justificó que no la declaró porque consideró que no le generaba un posible conflicto de interés, ya que la empresa no era proveedora de la ESAF.
–Ahí trabajé muchos años, pero el despacho no tiene nada que ver con la auditoría. Lo que la ley marca es que como auditor no puedes trabajar en ningún otro lado, y yo dejé la empresa hace más de cuatro años.
–Pero usted no solo trabajó ahí. Fue socio.
–Ajá.
–¿Cuándo dejó de ser socio?
–Hace como cuatro años.
Los documentos muestran otra cosa: en realidad fue un año y once meses desde aquella asamblea donde se acordó su salida.
Blas Cuevas también aseguró que por la venta de sus acciones del despacho fiscal –que representaban el 50% de la compañía–, obtuvo 45 mil pesos que le entregaron en efectivo, y dijo desconocer por qué no estaban registrados en su declaración patrimonial, “pero lo revisaré en su momento, si no se declaró”.
Se le preguntó también si habían detectado algún conflicto de interés desde su llegada al ESAF. Cuevas aseguró que solo supieron de un par de casos de empleados que más tarde fueron cambiados de oficina para que no revisaran información de ayuntamientos u organismos gubernamentales en donde hubieran participado.
Las firmas
José Blas Cuevas Díaz es maestro en derecho administrativo y fiscal por la Barra Nacional de Abogados. En su vida profesional ha participado de diversas maneras en, al menos, 19 empresas privadas, sea como socio, comisario o apoderado legal. Ninguna está reportada en su declaración patrimonial y de intereses.
Ocho de esas empresas, además, tuvieron contratos con entidades gubernamentales entre 2020 y 2025, que suman, al menos, 163 millones de pesos, y que deberán ser auditados por la ESAF a su cargo.
Las empresas son Mantenimiento Proyectos y Ecología SA de CV, Comermor Especialistas SA de CV, SXXI Construcciones SA de CV, Edda Diseño SA de CV, Alico Altamira Infraestructura y Construcción SA de CV, Comercializadora Alvamor S. de R.L. de C.V., Bros Latinoamérica SA de CV, y Paisaje y Estructura SA de CV.
En ellas, además del auditor Blas, también aparecen familiares suyos, o algunos datos que nos llevan a su despacho fiscal o propiedades que registró en su declaración patrimonial como parte de su círculo familiar.
Mantenimiento Proyectos y Ecología se constituyó en 2001. En abril de 2013, Miriam Cabal Beltrán, pareja de Blas Cuevas, según su declaración pública, es nombrada administradora única, y ocupó el cargo hasta febrero de 2022. Pero en 2023 su nombre apareció en el padrón de proveedores del ayuntamiento de Cuernavaca como administradora única, un año antes ese mismo documento registra a Ana Laura Quezada León como representante legal, y ofrece como contacto un mail con el dominio del despacho: defensacontable.com. La empresa tiene seis contratos firmados con el gobierno de Cuernavaca, así lo informó el ayuntamiento a una solicitud, pero declaró no tener los documentos. Sólo fue posible localizar uno de ellos firmado en 2023 por 1.2 millones de pesos.
Comermor Especialistas se creó el 18 de mayo de 2006 por Miriam Cabal y Lidia Beltrán Díaz. El 3 de septiembre de 2016 nombraron a Blas Cuevas como su apoderado legal, y el 26 de enero de 2022 vendieron sus acciones. A pesar de la salida de las dos mujeres de la empresa, según se lee en los registros, el 6 de mayo de 2022 Lidia Beltrán firmó un contrato con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México como representante legal con el correo de contacto comermor@defensacontable.com. La empresa obtuvo pagos con los Servicios de Salud de Morelos por 5.5 millones de pesos, de acuerdo con documentos contables entregados vía transparencia.
SXXI Construcciones se constituyó el 8 de septiembre de 2008. El 17 de noviembre de 2015, Ana Lilia Barrios Silva y María Félix Silva Cruz entraron como socias con el 100% de las acciones. En esa misma fecha, el ahora auditor estatal fue nombrado comisario de la sociedad, y no hay hasta el momento registro público de una revocación del poder. Entre 2018 y 2021, la empresa obtuvo pagos y contratos que suman 15.6 millones de pesos de parte de los Servicios de Salud del Estado y del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM). En este último se registra como dirección de la empresa el 426 de Plan de Ayala.
Edda Diseño fue creada el 6 de marzo de 2009. El 4 de septiembre de 2015, Ana Lilia Barrios Silva y María Félix Silva Cruz compraron el 100% de las acciones. En los registros notariales de Novadmin, otras de las empresas de las mujeres registraron como domicilio una dirección ubicada en la calle Ramón López Velarde, barrio de Amatitlán, Cuernavaca, a 5 minutos de las oficinas del despacho fiscal. En una visita que este reportero realizó a la dirección nadie atendió la puerta, y los vecinos consultados dijeron no conocerlas. Entre noviembre de 2015 y diciembre de 2016, Blas Cuevas fungió como apoderado legal de la sociedad. Fue posible localizar los registros de 16 contratos de Edda Diseño con la Oficina de la Gubernatura, la Secretaría de Administración, los Servicios de Salud del Estado, y el Instituto de Educación Básica por un total de 14.6 millones de pesos en el periodo 2020-2022.
El 30 de diciembre de 2010, se creó la empresa Alico Altamira Infraestructura y Construcción, con Blas Cuevas Díaz como comisario. El 19 de enero de 2015 le otorgaron un poder para actos de administración y no hay registro público de que se lo hayan retirado. En el padrón de proveedores y contratistas del municipio de Cuernavaca de 2023 registra el 426 de Plan de Ayala como dirección de la empresa. El INEIEM asignó dos contratos de obra pública en julio de 2020 que suman 2.3 millones de pesos.
Comercializadora Alvamor nació el 24 de enero de 2012. Blas Cuevas fue nombrado comisario de la sociedad, y no hay hasta la fecha algún cambio o retiro del nombramiento reportado. En la PNT hay registro de 66 contratos y/o petididos con dependencias estatales, como el Instituto de Educación Básica y el Sistema DIF Estatal, y municipios como Cuernavaca por un monto de 3.8 millones de pesos en el periodo 2020-2023.
Blas Cuevas y Miriam Cabal constituyeron Bros Latinoamérica el 13 de noviembre de 2015, y nombraron comisaria a Patricia Arias Valdivia. El 11 de marzo de 2020 se registró la venta de sus acciones. Por la fecha de la venta, el auditor estaba obligado a reportar la empresa en su declaración de intereses, pero tampoco lo hizo. La empresa obtuvo contratos por 84.7 millones de pesos en 2020, 2023 y 2025, uno por cada año, con los Servicios de Salud de Morelos para el servicio de alimentación en hospitales.
Paisaje y Estructura se constituyó el 17 de abril de 2015 por parte de Ana Laura Quezada León y Facundo Navarro García. El mismo día, Miriam Cabal fue nombrada comisaria de la sociedad y Blas Cuevas apoderado legal. La empresa obtuvo, al menos, 13 contratos por 32.2 millones de pesos otorgados por el ayuntamiento de Cuernavaca, y los Servicios de Salud de Morelos en los años 2021 a 2023.
La información se obtuvo del Sistema Integral de Gestión Registral de la Secretaría de Economía, los contratos publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia, reportes financieros y auxiliares contables, y solicitudes propias a dependencias y municipios de Morelos.
La puerta de la corrupción
“El conflicto de interés es una falta administrativa grave y es la puerta de entrada para muchas otras faltas administrativas graves; y también para delitos de corrupción”, explica en entrevista Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción.
Y añade: “Por ejemplo, cuando tú no declaras que tienes un despacho que se dedica a dar consultoría en materia fiscal, pues no pasa nada, o puede generar alguna sanción menor, pero si además resulta que cuando encontramos estos resulta que tu despacho u otras empresas en las que esté vinculado al servidor da servicios al estado o a otra institución podríamos sospechar de tráfico de influencias”.
También recordó que la Ley General de Responsabilidades Administrativas reconoce como posible delito la falta de veracidad en las declaraciones patrimoniales y de intereses.
El artículo sesenta de dicha ley dice lo siguiente: “Incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de Interés el servidor público que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses, que tenga como fin ocultar, respectivamente, el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable, o un conflicto de interés”.
Para el Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas, la ESAF se ha caracterizado por ser una institución opaca y con nulos resultados.
Roberto Salinas, director de Morelos Rinde Cuentas, menciona que la Auditoría ha emprendido pocas acciones legales y se resiste a hacer públicas las auditorías realizadas.
“Nos informaron hace unos días que entre 2018 y 2022 no se hicieron auditorías a los Servicios de Salud”, ejemplifica. Servicios de Salud es una de las dependencias estatales que ha entregado contratos a las empresas de la red del auditor.
Las designaciones de estos cargos se reparten entre legisladores, concluye.