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Los últimos dos meses previo a su detención, el activista Luis García Villagrán intensificó sus denuncias públicas contra el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en Tapachula, Chiapas. A ambas dependencias federales las acusó de crear un “nudo humano” en el sur de México al negar, retrasar y cobrar ilegalmente a las personas migrantes por permisos para regularizar su estancia en el país.
El pasado 5 de agosto la Fiscalía General de la República acusó a Villagrán García, defensor de derechos humanos y fundador de la asociación civil Centro de Dignificación Humana, de liderar una red de tráfico de migrantes. Actualmente, el activista permanece detenido y enfrenta cargos por delincuencia organizada en su modalidad de tráfico de personas, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Sin embargo, en las redes sociales de García Villagrán y en diversas entrevistas con medios locales, existe un registro casi diario de sus señalamientos y protestas públicas contra la corrupción del INM y la Comar.
En un recuento de sus actividades públicas durante los últimos 60 días antes de su detención se puede observar a García Villagrán organizando veladas de oración por las personas migrantes, reuniones informativas en parques y diversas protestas en las instalaciones de la Comar.
También hay registro de varias transmisiones en vivo desde su cuenta de Facebook en las que pide la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular del INM, Sergio Salomón Céspedes, para erradicar los altos niveles de corrupción en ambas dependencias federales.
“La Comar y el INM están sometidos por completo al crimen organizado. Los migrantes pagan entre 10 mil a 25 mil pesos por documentos como residencia permanente. Hacemos un llamado a la presidenta Sheinbaum y Sergio Salomón para que intervengan y paren la corrupción”, expresó en una transmisión del 8 de junio.
Días más tarde, mientras las redadas migratorias en Estados Unidos se intensificaban, el 13 de junio el defensor encabezó una velada de oración junto al párroco de la iglesia de San Andrés en Ciudad Hidalgo, Chiapas, en la frontera con Guatemala.
“Esta velada es para pedir a Dios que toque el corazón del presidente Donald Trump, y pedir a las autoridades mexicanas que ya frenen la corrupción en nuestro país, y haya un trato humano hacia la población migrante”, demandó en un video.
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En diversas ocasiones, el activista denunció ser víctima de acoso y recibir amenazas de muerte. El 18 de junio publicó en sus redes sociales que lo estaban siguiendo, y señaló al Gobierno del Estado de Chiapas y al Ejército de vigilarlo.
“Los informantes del gobierno del Estado y el Ejército rondan mi casa y me siguen. Vehículo blanco compacto con vidrios polarizados. El motivo: daremos a conocer los detalles de la corrupción del Cártel del INM”, escribió.
En las primeras dos semanas de julio acudió varias veces a las oficinas de la Comar en Tapachula y se grabó frente al lugar, acompañado de decenas de migrantes que esperaban en fila para realizar sus trámites de regularización.
En los videos, García Villagrán denunciaba que, desde hace un año, la Comar comenzó a retrasar y negar los trámites migratorios. Las personas pasan meses esperando una resolución que, en la mayoría de los casos, resulta negativa. Sin posibilidad de regresar a sus países de origen, quedan atrapadas en Tapachula, en condiciones de pobreza extrema y explotación laboral, explicaba el activista. Su versión coincide con denuncias que han realizado otras organizaciones civiles de defensa de migrantes como el colectivo de Monitoreo de la Frontera Sur, conformado por decenas de organizaciones.
El 26 de julio, el activista comenzó a convocar a una caravana migratoria dirigida a todas las personas que no habían conseguido sus documentos de regularización. Realizó el llamado durante varios días y lo hizo público también ante la prensa.
“Tapachula se ha convertido en una gran cárcel migratoria. Estamos convocando a una caravana para salir de Tapachula por el retraso de los trámites en la Comar”, dijo el 28 de julio en una transmisión desde el Parque Bicentenario en Tapachula, rodeado de varias personas migrantes que expresaron su interés de sumarse a la caravana.
El 30 de julio, García Villagrán irrumpió en un evento oficial de la Comar, celebrado en el Día Mundial contra la Trata de Personas. Se paró al frente del escenario, increpó a los funcionarios, los llamó corruptos y exigió sus renuncias.
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“Ya basta, dejen de robar, ya basta, renuncien. Es imposible seguir con estas políticas públicas, están haciendo un nudo humano en Tapachula”, denunció ante periodistas y asistentes.
El último día antes de su captura, el 4 de agosto, García Villagrán tuvo una jornada intensa. Por la mañana, acompañó a cuatro personas migrantes a interponer juicios de amparo en el Poder Judicial de la Federación para intentar acelerar sus trámites detenidos. Por la tarde encabezó una protesta junto con un numeroso grupo de migrantes que se manifestaron con lonas y pancartas por las calles de Tapachula, y realizaron una clausura simbólica de las instalaciones de la Comar.
Un día después, el 5 de agosto a las 10 de la mañana, García Villagrán fue detenido con un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad de Chiapas.
Elizabeth Villagrán, esposa del activista, está convencida que las protestas realizadas por su esposo provocaron su detención en represalia.
“Mi esposo siempre ha denunciado la corrupción, pero ahora ha aumentado: esto está exagerado. Mi esposo elevó el tono y ese es precisamente el punto que lleva a esta gente a denunciar a mi esposo y a voltearle todo”, relató en entrevista con EL UNIVERSAL.
La mujer, integrante también del Centro de Dignificación Humana, organización con 15 años de trayectoria, lamenta las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en su conferencia mañanera afirmó que García Villagrán no es un activista y lo vinculó con el tráfico de personas.
“La señora dijo que Luis no era activista, que no era defensor, eso es doloroso porque no lo dijo mi vecino, no lo dijo cualquier abogado, lo dijo la señora, eso pesa, eso duele”, lamentó.
El pasado 6 de agosto, después de la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum, más de 50 organizaciones civiles y personas defensoras de derechos migrantes de todo el país firmaron un posicionamiento en el que pidieron se garantice la presunción de inocencia y un debido proceso para el activista.
Los colectivos también expresaron su preocupación ante una creciente narrativa de criminalización hacia las personas defensoras.
“Nos preocupan, además, las declaraciones realizadas en la conferencia presidencial de hoy que atentan contra el principio de la presunción de inocencia, por lo que exigimos que se garantice el debido proceso y la integridad de Luis García Villagrán”, expresaron.
Previo a la audiencia de vinculación a proceso que se llevará a cabo este lunes 11 de agosto, las organizaciones y colectivos emitieron un segundo comunicado en el exigen la liberación inmediata de Villagrán García.
“La libertad inmediata de Luis García Villagrán si no existen pruebas claras que justifiquen su detención, así como la protección de su integridad física y moral”, demandaron.
Un día después de su detención, la caravana migrante conformada por cientos de personas salió de Tapachula sin García Villagrán. Sus integrantes han declarado a la prensa que lo hacen como un acto de exigencia de justicia para el activista.
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em/mgm
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