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Militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) e integrantes de la Guardia Nacional llegaron sigilosamente a la sindicatura de Jesús María, una comunidad de poco más de cinco mil habitantes que forma parte del municipio de Culiacán, Sinaloa. Iban tras Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Eran cerca de las cuatro de la mañana del 5 de enero de 2023.
Fueron las ráfagas de ametralladora que disparó un helicóptero militar las que rasgaron la oscuridad y la tranquilidad con la que se dormía en el pueblo. En tierra, los miembros del Ejército entraron a la zona donde tenían detectado al objetivo y se encontraron con vehículos blindados y la respuesta de fuego por parte del grupo de seguridad de Los Menores, como también se apoda a Los Chapitos. La refriega había comenzado y no iba a parar, al menos en un par de horas, según refirieron pobladores a Óscar Loza Ochoa, entonces líder de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos, una organización no gubernamental de Sinaloa que llegó a la comunidad al día siguiente de lo sucedido.
Los cientos de balas que se dispararon esa madrugada no sólo impactaron en el domicilio donde se resguardaba Ovidio, también alcanzaron casas vecinas, como documentaron activistas los días siguientes al operativo.
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Tras las primeras detonaciones en Jesús María, en distintos puntos de Culiacán comenzaron a reportarse narcobloqueos y balaceras: el Culiacanazo 2.0 estaba en pleno apogeo y duraría el resto del día.
El operativo dejó 10 bajas del lado militar, siete de ellos integrantes de grupo de las fuerzas especiales de reacción; del lado de La Chapiza murieron 19 personas. Y aunque entre los pobladores se asegura que pudieran ser muchos más, Loza Ochoa sólo logró confirmar el hallazgo de dos cadáveres más a los reportados por las autoridades locales: 21 en total.
Este ha sido el combate con el mayor número de decesos militares reportados por la Sedena en la lucha contra el narcotráfico durante los tres sexenios pasados, de diciembre de 2006 a septiembre de 2024, según la respuesta a una solicitud de información entregada a este equipo periodístico.
Además del saldo de decesos, el operativo dejó un cúmulo de afectaciones sicosociales que, a decir de Loza Ochoa, no han sido atendidas de manera suficiente por el Estado.
Tamaulipas y Sinaloa a la cabeza
De acuerdo con la documentación oficial, en los últimos tres sexenios han fallecido 803 integrantes de la Sedena en operativos y/o acciones del programa permanente de lucha contra el narcotráfico.
Es en el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa en el que se registra el mayor número de decesos, con 357 casos; le sigue el del morenista Andrés Manuel López Obrador, con 261, mientras que con el priista Enrique Peña Nieto fue de 185. Cuatro estados concentran la mitad de los decesos: Tamaulipas, con 175 casos; Sinaloa, con 94; Michoacán, con 80, y Guerrero, 74.
Son tres los casos donde se registraron el mayor número de decesos en una sola acción, los dos primeros vinculados con accidentes aéreos, el tercero ya narrado corresponde a la detención de Ovidio.
En el primero, el 18 de abril de 2008, un helicóptero que transportaba personal militar reportó una falla mecánica, y se vino abajo en cuestión de minutos en el municipio de Uruapan, Michoacán, provocando el deceso de 12 soldados. La aeronave formaba parte del operativo Michoacán seguro.
El segundo ocurrió en junio de 2010, cuando un helicóptero que había salido de Badiraguato, Sinaloa, cayó en las inmediaciones del poblado de San Miguel del Alto, Durango, por problemas meteorológicos. De acuerdo con la información oficial se reportaron 11 decesos.
De los 803 casos reportados, 50.6% falleció a causa de una agresión por arma de fuego, 25.8% perdió la vida en accidentes automotrices, 7.7% en accidentes aéreos y 3.9% fueron ejecutados. El porcentaje restante, b fueron causas diversas, según los datos entregados.
Una guerra de bajo costo
El costo humano del combate al tráfico de drogas ha sido bajo para la institución militar, si se considera el tamaño del país y el periodo de tiempo, dice en entrevista Raúl Benítez Manaut, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM.
“Estamos hablando de un promedio de 3.7 decesos por mes”.
Desde la óptica militar, comenta, los criminales tienen poca preparación para el combate.
El costo real de esta guerra, sostiene el especialista, lo está pagando la sociedad civil. Los homicidios dolosos y las desapariciones se han disparado, mientras que los datos de bajas del Ejército, con sus altas y sus bajas, se han mantenido.
“La guerra se mide por las víctimas en la población, la guerra mexicana contra el narcotráfico, no por el enfrentamiento entre Ejército y grupos criminales”, acota.
Los datos de muertes, destaca Benítez Manaut, se concentran en los niveles más bajos del escalafón militar. Los números que entregó la Sedena lo confirman: 45% de los decesos son de soldados rasos, otro 38% lo conforman cabos y sargentos segundos. El resto, 17% en números cerrados, lo integran casos de militares de mayor rango.
Ejecuciones y ataques
Otro de los decesos masivos de militares en los tres sexenios reportados se produjo sobre la carretera Casimiro Castillo-Villa Purificación, en el sur de Jalisco, cuando una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación atacó a un helicóptero del Ejército en mayo de 2015.
La aeronave comenzó a seguir a un convoy de camionetas “sospechosas” en las que se presume se trasladaba el líder de la organización Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Los criminales respondieron con un misil antiaéreo de fabricación rusa que pegó en el rotor y derribó la aeronave. Según el reporte de la Sedena, en el enfrentamiento murieron ocho militares.
En diciembre del 2008, principios del sexenio de Calderón, la policía de Chilpancingo, Guerrero, encontró nueve cabezas cercenadas en una bolsa de plástico en las inmediaciones de un centro comercial de la capital guerrerense. Más tarde hallaron los cuerpos en distintas vías de comunicación circundantes. Ocho de los nueve cadáveres correspondían a personal del Ejército; el restante era de un exjefe policiaco.
La historia se repite
Dos años después del Culiacanazo 2.0 las aeronaves volvieron a reventar la quietud de Jesús María.
El pasado 8 de febrero, fuerzas federales de seguridad detuvieron a Mauro “N”, alias El Jando, identificado como piloto aviador y operador clave de Los Chapitos. En la operación se reportó el deceso de un militar, a diferencia de lo sucedido dos años antes. La acción también dejó como saldo un impacto sicológico en la comunidad.
Un sujeto al que en Jesús María ni siquiera conocen, según explicó a medios locales Juan León, el síndico interino de la localidad, “lo venían persiguiendo y no hallaba donde más refugiarse, abandonó su auto en un patio, ahí cerca de una casa. Los militares rompieron chapas de las puertas de los vecinos; sí los trataron mal”.
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Óscar Loza, ya en su papel como nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), organismo público del Estado de Sinaloa, cuenta que en el recorrido que realizaron el miércoles 12 de febrero platicaron con vecinos de la localidad y detectaron daños sicológicos en todas las edades.
En entrevista, contó el caso de la señora Lupita, una mujer de 80 años que carga en la piel las secuelas de la crisis nerviosa que le han provocado las incursiones militares, agravada por los problemas de presión alta que padece, sin que hasta la fecha haya recibido atención.
También recordó a un menor que fue alcanzado por las balas, y que dos años después sigue sin recuperarse en su totalidad.
