Recientemente la discusión sobre la conveniencia del uso del lenguaje incluyente se ha reanimado en las redes sociales y en los medios convencionales de comunicación; la cuestión surgió repentinamente cuando en un aula virtual, una persona joven dijo —entre sollozos— que se oponía a ser interpelada dentro del masculino gramatical plural “compañeros” y que debía ser designada como compañere.
Innumerables comentarios sobre lo reprochable o inconveniente del uso del lenguaje inclusivo, inundaron “internet”. Los más frecuentes acudían a la “autoridad” de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) —falacia ad hominem— para refutar como “abominación” o “deformación” del español las propuestas incluyentes. Pretendían ignorar que la RAE es una institución descriptiva y no prescriptiva, que sólo recoge y presenta expresiones lingüísticas aceptadas por alguna comunidad hispano parlante, lo que no implica que pueda imponer o prohibir el uso de éstas.
También los adversarios del lenguaje incluyente lo caricaturizan para desacreditarlo, difundiendo oraciones gramaticales en las que sustituyen las terminaciones de sustantivos y adjetivos para quitar precisión a los textos, como cuando se dice: “les documentales gracioses”. Estas prácticas negativas exhiben un desconocimiento profundo del principal objetivo del lenguaje inclusivo: nombrar a las personas y colectivos socialmente ignorados.
Por supuesto que no se trata de cambiar el género gramatical de todas las palabras a voluntad, sino de visibilizar —mediante los recursos de cada lengua— a las personas que —entre otros motivos— bajo el supuesto de que el masculino gramatical les incluye siempre, han sido colocadas al margen de la historia, como las mujeres; que durante sus procesos de socialización son obligadas a “intuir” o “adivinar” en qué momento sí se les está considerando y cuando no. Un proceso del que los hombres escapan, porque nunca hay ambigüedad en su designación.
Es sorprendente que los mismos “argumentos gramaticales” que durante decenios fueron utilizados para impedir o restringir a las mujeres el ejercicio de sus derechos, ahora sean empleados para prohibir que sean nombradas explícitamente en textos y disposiciones jurídicas, aunque dicha medida (el uso del lenguaje incluyente y no sexista) busque restringir la posibilidad de que se recurra nuevamente a la interpretación gramatical para invisibilizarlas, como sucedió con el derecho al voto, que les fue reconocido hasta 1953 a nivel federal, no obstante que la Constitución de 1917, consignaba ese derecho en el artículo 35 como “prerrogativa” del masculino genérico “ciudadano”.
Para algunas especialistas, como la periodista Guadalupe López García, el lenguaje incluyente es una acción afirmativa de carácter correctivo, compensatorio y de promoción, encaminada a eliminar el sexismo y a corregir situaciones de discriminación en el lenguaje oral, escrito o visual, en tanto, se trata de una propuesta política feminista que pretende trascender el uso del masculino genérico como norma gramatical única para la comunicación humana (ONU Mujeres, 2021). Si el lenguaje se consolida como herramienta de inclusión plena, como seguramente ocurrirá, estas acciones afirmativas en torno al mismo dejarían de ser incentivadas.
Los ejemplos caricaturescos desinforman a las personas sobre los propósitos que el lenguaje incluyente persigue y avivan la violencia y la intolerancia, ya que para reforzar tales planteamientos frecuentemente se recurre a expresiones sexistas y homofóbicas que, además de discriminar a las personas, las revictimizan.
El lenguaje posee un componente social (lengua) y otro individual (habla) que lo convierten en un producto cultural dinámico que se ajusta permanentemente a las necesidades de quienes lo usan, por tanto, en sociedades que han optado por combatir la desigualdad y la discriminación como parte de su camino hacia la construcción de una paz duradera, las lenguas —como la española— deben reforzar sus estructuras para ofrecer a todas las personas la posibilidad de ser protagonistas de la historia y de sus propias historias, sin confusiones ni subordinación.
Magistrada de la Sala Superior y Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
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