Estamos tan acostumbrados a que las iniciativas se opinen desde la conveniencia política, que nos cuesta trabajo distinguir una opinión técnica. Particularmente en materia electoral, las propuestas de reforma se suelen discutir desde el punto de vista que los actores políticos anticipan para sus partidos, en caso de producirse el cambio.
Por eso ha caído tan fuerte la opinión que el fin de semana emitió la Comisión de Venecia respecto de la reforma político-electoral propuesta por el Presidente de México. Desde 1990, constitucionalistas expertos provenientes de 61 países se reúnen periódicamente para discutir opiniones solicitadas por los países miembros y sus instituciones. El año pasado 47 normas de 23 naciones fueron sometidas a dictamen de este órgano asesor del Consejo de Europa en materias constitucional y democrática.
Es relevante el faro que guía las opiniones de la Comisión. Los documentos son revisados desde su concordancia con los tratados de derechos humanos, así como con estándares democráticos y buenas prácticas en materia electoral.
Es este último tamiz el que –a juicio de la Comisión de Venecia– incumple la fórmula propuesta por el Poder Ejecutivo mexicano, en el sentido de que las y los consejeros del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) sean votados directamente por la población. Toda vez que las buenas prácticas internacionales aconsejan que las autoridades electorales cuenten con un perfil profesional sólido, a los dictaminadores les alarma que los requisitos meritocráticos hayan sido expulsados de la iniciativa oficial.
La reforma presidencial propone que cada uno de los poderes de la Unión proponga listas de candidaturas a consejerías electorales, entre las cuales la ciudadanía escogerá quiénes serán los designados. Los estudiosos del constitucionalismo que integran la Comisión de Venecia desaconsejan avanzar por esa ruta, fundamentalmente por dos razones. Por un lado, porque la necesidad de ser propuestos por alguno de los Poderes de la Unión vulnera el derecho de las y los ciudadanos a competir en igualdad de circunstancias para ejercer funciones públicas. Por el otro lado, porque la necesidad de que los aspirantes a consejeros hagan campaña y busquen el voto popular introduce una variable política en su designación. Esto es particularmente riesgoso en un proceso que busca precisamente que los árbitros de las contiendas electorales sean ajenos al juego político.
La opinión también se pronuncia sobre el desmantelamiento de las oficinas distritales del INE. En virtud de que el estándar internacional sugiere la misma profesionalización y calidad en cualquier nivel de atención, la Comisión de Venecia advierte sobre los peligros de sustituir las actuales oficinas distritales permanentes, por órganos temporales que se integren únicamente cuando hay elección.
Pero, a decir verdad, la mayor contribución al debate es la que arroja la Comisión de Venecia respecto de la propuesta de eliminar los actuales institutos electorales en las entidades federativas. Ahí hay argumentos novedosos.
Concentrar funciones en el INEC podría tener impactos negativos en la transparencia y credibilidad de los procesos electorales, además de entrar en conflicto con los principios fundacionales del federalismo mexicano. Si los estándares internacionales requieren órganos independientes a cualquier nivel, desaprovechar la experiencia acumulada por los institutos locales para sustituirla por órganos temporales y subsumidos por uno nacional parece un contrasentido.
Esta es la cuarta vez que alguna institución mexicana solicita una opinión técnica a la Comisión de Venecia. Es claro que la atribución de procesar iniciativas compete exclusivamente al Legislador mexicano. Contar con dictámenes altamente especializados no puede sino enriquecer el debate.
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@yuribeltran
