Es un hecho. Habrá una diputación migrante en el Congreso capitalino, lo que lo convertirá en el primero del país en contar con una representación directa de su diáspora. Las deliberaciones legislativas se enriquecerán con el punto de vista de una persona que conozca en carne propia la problemática que enfrentan quienes residen en el extranjero y cuente con el mandato de las comunidades viviendo fuera del país.
Muchas constituciones estatales reconocen a sus migrantes el derecho al voto. La de la CDMX es vanguardista, en el sentido de reconocerles también el derecho a ser votados. Esta última prerrogativa fue recogida por la ley electoral en la figura del diputado migrante que se elegirá por vez primera en 2021.
Fue el propio Congreso de a Ciudad el que, a principios de este año, derogó la figura. La historia posterior es interesante. Capitalinos en el extranjero promovieron un juicio ciudadano para rescatarla. Argumentaban que la supresión violaba el derecho de la diáspora al voto pasivo.
El Tribunal Electoral resolvió en definitiva el juicio con una sentencia que pasará a la historia por la firme tutela de derechos político-electorales y la consecuente expansión de derechos. A decir de los Magistrados, si la Constitución capitalina reconoce a los migrantes (grupo subrepresentado) el derecho de participación y representación política, entonces la eliminación de la figura representa una franca regresión de derechos. Esto último es contrario al principio de progresividad consagrado en la Carta Magna precisamente como dispositivo de protección de derechos humanos.
El voto chilango ha tenido ya dos experiencias previas exitosas. En 2012 se puso a prueba un modelo mixto de votación (postal y electrónico); mientras que, en 2018, la ciudadanía capitalina se posicionó como la más participativa desde el exterior. El escaño migrante es consecuencia de una demanda histórica cimentada en acciones específicas permanentes de la ciudadanía en el exterior que ha sido políticamente activa.
Casos como el de Colombia, Croacia o Ecuador respaldan la existencia de figuras de representación migrante en los Congresos. Se ha incentivado la participación de los migrantes, y se ha fortalecido su vínculo con el país de origen. Italia cuenta con 12 escaños en su parlamento para ciudadanía migrante, lo que le ha permitido captar hasta 1.2 millones de sufragios foráneos.
Todo parece indicar que para el proceso electoral 2020-2021 se añadirá un elemento adicional: el mecanismo de votación por internet. El INE ha realizado dos simulacros de votación electrónica. De aplicarse esta tecnología, comenzará a saldarse una deuda electiva pendiente. Por supuesto, esta modalidad deberá cumplir con estándares internacionales de autenticidad, fiabilidad, secrecía, seguridad y universalidad. Instituciones como el MIT han demostrado que la construcción de confianza de este tipo de mecanismos se robustece con el cumplimiento de dichos preceptos, y con la participación activa de la ciudadanía. Hay que perderle miedo.
Desde el extranjero, muchos países reciben votación electrónica: Armenia, Suiza, Turquía, algunos estados de EUA y -por supuesto- los pioneros en la materia: Estonia, que lleva más de diez procesos recibiendo sufragios a través del internet.
El voto migrante y su representación congresional no pueden ser el punto de llegada. Son apenas el inicio en la construcción de una comunidad política que incluya en forma decidida- y en todo tiempo – a mexicanas y mexicanos que viven en otra parte, pero conservan sus prerrogativas ciudadanas intactas. Hay que incorporarles en forma audaz en la toma de decisiones. La capital del país vuelve a ser motivo de orgullo, en términos de inclusión de voces diversas en la discusión de los asuntos públicos.
Consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México
@yuribeltran
