El Congreso de la Ciudad de México está por tomar una decisión trascendente sin consultar a la ciudadanía. A pesar de que en la capital confluyen autoridades comiciales, centros de investigación y docencia, observadores/as electorales y organizaciones ciudadanas, el Legislador decidirá el futuro del Instituto Electoral local a ojos cerrados. No habrá mesas de trabajo ni estudios previos. La intuición al volante.
Las y los diputados votarán una iniciativa que propone desmantelar la mitad de las áreas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM). Quizás ignoran que la institución que afectarán es la única autoridad subnacional en el mundo que ha sido certificada bajo el más alto estándar de calidad electoral (ISO/TS 54001). A lo mejor desconocen que organiza elecciones o consultas todos los años y que sus desarrollos tecnológicos son ejemplo para todo el país.
El tema pareciera local, pero no lo es. Describe cómo la falta de análisis rigurosos puede afectar a los institutos electorales locales, aún antes de que el Congreso del país discuta la propuesta de reforma constitucional que remitió el Presidente de la República. El Poder Constituyente no se ha pronunciado sobre la propuesta de concentrar funciones locales en una autoridad electoral única, pero en la CDMX y otras entidades el desmantelamiento ya inició. Se adelantaron.
En diciembre iniciaron los signos de alarma. Cinco institutos electorales locales del país sufrieron recortes superiores al 50% de su presupuesto solicitado. En el caso de la CDMX, los recursos asignados pudieran llevarle a incumplir compromisos en el último trimestre del año.
El dictamen que será discutido falsamente concluye que el gasto del IECM ha crecido. En términos reales (descontando la inflación), el presupuesto es 20% menor que el de 2016, año equivalente en el ciclo electoral. No ha habido año sin recorte.
Cualquier estudioso hubiera podido recomendar que, para alcanzar altos niveles de integridad electoral, las instituciones deben contar con un servicio profesional altamente especializado. La Constitución obliga a un riguroso proceso de evaluación constante del INE. No obstante, la reforma propuesta quita sustancia y pretende que la formación y promoción del personal especializado lo realicen las áreas de recursos humanos. ¿Qué pensarán que se enseña y evalúa?
Administrar elecciones en una entidad con un padrón semejante al de Paraguay supone una coordinación precisa con las oficinas distritales. Implica, también, acordar con precisión actividades, tiempos y movimientos con el INE. Ese convenio es la ruta de navegación. Sin reparar en ello, la reforma asigna esas tareas de coordinación a un área unipersonal que —además— está ya sobrecargada de funciones.
No obstante que las recomendaciones internacionales exigen transversalizar políticas tendentes a la igualdad de género, la reforma las arrincona en el área de educación cívica. ¿Pensarán que ése es el único déficit?
La iniciativa desconoce que la Constitución capitalina es pionera en reconocer a sus migrantes los derechos de votar y ser votados. Elimina el área que se encarga de vincularse con la diáspora.
Reconozco que los institutos electorales locales del país tienen espacios de mejora. Un análisis responsable por parte del Congreso, a partir de procesos abiertos y deliberativos, permitirá ahorros, sin afectar uno de los activos democráticos más importantes que tiene la Ciudad. Quien consulta no se puede equivocar.
@yuribeltran
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