Desde hace algunas semanas nuestro país discute si elegir juzgadores ayudará a una mejor impartición de justicia.
El presente texto no entra en ese debate, pero señala cuatro coordenadas necesarias para generar comicios íntegros y confiables. La legitimidad de los encargos de las y los juzgadores electos estará estrechamente ligada a la calidad de los procesos de los que surjan. Deben pensarse bien los principios aplicables.
La iniciativa presentada por el Ejecutivo propone la elección de personas Ministras, Magistradas y Juezas “con el propósito de que sean responsables ante la sociedad” y “representen la pluralidad cultural, social e ideológica que conforma la nación”. De ese objetivo destaca la necesidad de que la ciudadanía pueda elegir de entre un menú amplio de opciones y no restringir su ámbito decisional a las propuestas de los poderes públicos. Esto será particularmente importante cuando la Presidencia y el Congreso compartan el mismo signo político, lo que podría acarrear el riesgo de una oferta monocromática.
Valdría la pena discutir mecanismos para que universidades o colegios de profesionistas puedan también hacer postulaciones. La posibilidad de “candidaturas independientes” haría innecesario buscar apoyos partidistas, o bien solicitarlos entre las élites gubernamentales.
Un segundo aspecto a considerar tiene que ver con la independencia del órgano que administrará la elección. Si bien la iniciativa del Presidente dispone que el INE la organizará, llama la atención que asigna algunas tareas centrales al Senado. La Cámara Alta deberá revisar el cumplimiento de requisitos de elegibilidad. Además, sumará los resultados proporcionados por la autoridad electoral para decidir a la/el ganador.
La literatura comparada considera a estas dos últimas funciones como parte fundamental del quehacer electoral, por lo que el estándar internacional recomienda que sean implementadas por un organismo autónomo e independiente de los poderes públicos. Es el INE quien debe revisar que cada una de las candidaturas cumpla con los requisitos de ley. También debe computar los votos hasta el último nivel de agregación. Se debe mantener un sistema ágil de resolución de disputas para mantener la competencia dentro del marco normativo.
Convendría señalar si, en los años en que la elección de jueces no sea concurrente con comicios federales, será necesario que se instalen casillas en cada sección electoral. En su caso, es pertinente asegurar que se dotará a la autoridad electoral de recursos para hacerlo.
Un tercer grupo de recomendaciones tiene que ver con el derecho a la información. Si la ciudadanía ha de decidir en torno a un tema novedoso, es preciso que conozca las trayectorias, propuestas e ideología de quienes compitan por asientos en cortes y tribunales. La iniciativa en cuestión plantea la asignación de tiempos gratuitos en radio y televisión, así como la organización de debates.
Preocupa, sin embargo, que esté prohibido tanto el financiamiento público, como el privado para las campañas. Si no se regulan las fuentes para obtener recursos, las candidaturas no podrán recorrer el país, ni exponer adecuadamente sus propuestas en redes sociales. Peor aún, se corre el riesgo de simulación, ya sea adelantando la promoción antes de que inicien las campañas para evitar la prohibición, o bien buscando veladas formas de promoción por parte de los partidos políticos.
Debe destacarse que, en el caso de juzgadores del ámbito local, la iniciativa mandata a los congresos locales a legislar. Sería conveniente que, desde el nivel Constitucional, se señalaran los principios de integridad electoral que deberán ser considerados por las legislaturas estatales.
México cuenta con una experiencia robusta en materia comicial. Si el país seguirá la ruta de la elección de juzgadores, debe aprovechar ese bagaje para fortalecer democráticamente esa selección. Hay que tomar los estándares internacionales en serio.
