El 14 de abril de 2023, el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América (EEUU), a través de uno de los tribunales del Distrito Sur del estado de Nueva York, anunció la presentación de cargos a 28 personas que presuntamente eran miembros del Cártel de Sinaloa. Las acusaciones dan cuenta de la fabricación y el tráfico de fentanilo en territorio mexicano. Entre las 28 personas acusadas, se encuentran los que entonces eran los principales líderes y lugartenientes del Cártel de Sinaloa, presuntos fabricantes y distribuidores de fentanilo de dicho grupo del crimen organizado, conocidos como “Los Chapitos”, hijos de Joaquín Guzmán Loera alias “El Chapo”. A pesar de que el gobierno mexicano ha negado reiteradas veces que se fabrique fentanilo en el país, el jefe de la oficina antidrogas del Departamento de Estado de EEUU sostiene que “el fentanilo sí se fabrica en México”, tal y como lo indica, además, el indictmentpresentado por el Departamento de Justicia en contra de “Los Chapitos”.
La evidencia señala que el fentanilo sí se fabrica, sí se trafica, sí se distribuye y sí se consume en nuestro país. Para el año 2020, de acuerdo con el informe Presencia de los grupos criminales y de las fuerzas de seguridad en el contexto de la pandemia por COVID-19 del Programa de Política de Drogas, se tenía registro de que al menos cinco grupos del crimen organizado se disputaban el mercado del fentanilo: Cártel de Sinaloa, CJNG, Cártel del Golfo, Cártel del Noreste y Los Talibanes). Asimismo, se tiene registro de que el entonces Cártel de Sinaloa convirtió los laboratorios clandestinos que tenía destinados para producir metanfetamina en laboratorios clandestinos de fentanilo. Sí: en México hay laboratorios clandestinos en donde se producen sustancias ilícitas. Los datos de la misma SEDENA dan cuenta de ello: de 2018 a 2023, el Ejército reporta que destruyó un total de 1,355 laboratorios clandestinos. De ellos, 1,195 se encontraron en Sinaloa (el lector y la lectora pueden consultar estos datos a través de la solicitud de información 330026423001381 en la Plataforma Nacional de Transparencia).
El mercado ilegal de fentanilo es demasiado rentable para las organizaciones del crimen organizado, ya que genera ganancias de 200 a 800 veces más del precio del precursor. Un kilogramo de precursor para fentanilo se compra en aproximadamente 800 dólares; de ese kilo, se pueden producir hasta 4 kilogramos de fentanilo o 415 mil pastillas; cada pastilla se vende al distribuidor por 50 centavos y en la calle puede llegarse a vender hasta por tres dólares (Justice Department, 2023). La crisis de opioides en EEUU, que ahora se extiende hacia los estados fronterizos de México, es un tema que ha ocupado las agendas de salud y seguridad de ambos países. De acuerdo con el Wide-ranging Online Data for Epidemiological Research (CDC WONDER, por sus siglas en inglés), del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de EEUU, más de 100 mil personas murieron en EEUU por sobredosis relacionadas con drogas, tanto ilegales como legales, en 2021. De esas muertes, aproximadamente el 70% estuvo relacionada con opioides sintéticos distintos de la metadona. CDC WONDER reporta que la mayor parte de estas sobredosis fueron por fentanilo.
Las farmacéuticas cambiaron el mercado de drogas en el mundo. Purdue Pharma es una de las empresas farmacéuticas que incentivó la crisis de opioides en EEUU (Chasan, 2007) al ofrecer y vender opioides como “analgésicos inofensivos”. La demanda de opioides superó la oferta, lo que permitió la apertura de mercados ilegales cooptados por grupos del crimen organizado. El fentanilo ilegal entra al mercado de forma rentable para el crimen organizado: es más potente que otras sustancias como la heroína, más barato de producir y, por lo tanto, más fácil de comercializar y de traficar.
El camino incorrecto, entonces, es seguir negando que existe la producción y el consumo de esta sustancia en México. Negar el problema no solo perpetúa la falta de estrategias efectivas para enfrentar la crisis, sino que también contribuye al aumento de los riesgos asociados al tráfico, consumo y distribución del fentanilo, dejando a la población más vulnerable a sus consecuencias devastadoras. Reconocer la realidad tendría que ser el primer paso para diseñar políticas públicas que trasciendan el paradigma prohibicionista que, ya hemos visto a lo largo de los años desde el 2006, ha demostrado ser ineficaz e incluso contraproducente al fomentar mercados ilícitos cada vez más violentos.
Reconozco y aplaudo la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para prevenir el consumo desde temprana edad, pero nos hace falta ir más allá. Es crucial avanzar hacia un enfoque de reducción de riesgos y daños, que priorice la salud pública y los derechos humanos. Este enfoque implica proporcionar información veraz y accesible sobre los riesgos del consumo, asegurar el acceso a tratamientos de rehabilitación y programas de apoyo, y generar estrategias que minimicen los daños para las personas usuarias. El consumo de sustancias existe y es necesario asumir que no va a dejar de existir. Asimismo, se requiere un marco legal que permita regular y legalizar las sustancias, reduciendo así el poder de los grupos criminales sobre este mercado (aunque, para este punto, sabemos que no es suficiente). Solo a través de políticas basadas en evidencia, que enfoquen la atención en las personas y no exclusivamente en la represión del delito, será posible mitigar las consecuencias sociales y económicas de la crisis del fentanilo que ya existe en México.
