En 1998 se instituyó el día 28 de agosto como el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores en nuestro país, con el propósito de brindar un reconocimiento a sus aportaciones al desarrollo cultural, social, económico y político de nuestra sociedad y de sus comunidades, así como para impulsar la lucha por el reconocimiento y pleno ejercicio de sus derechos.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México la población adulta mayor –personas de 60 años o más de acuerdo al criterio que establece la Organización de las Naciones Unidas (ONU)–, asciende a casi 19 millones (12% de la población total), que según proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) alcanzará los 32 millones en 2050. Además. se destaca que, de ese universo, las mujeres representan un porcentaje mayor con una expectativa de vida de 79.6 años, frente a 73.8 años para los hombres.
Estamos frente al envejecimiento demográfico, uno de los fenómenos sociales que se ha considerado de mayor trascendencia e importancia de este siglo, que tiene su origen en el aumento de la esperanza de vida de las poblaciones, gracias a los avances en la medicina, que provoca la disminución en los niveles de mortalidad, aunado al descenso en la tasa de natalidad.
No obstante, la mayor longevidad poblacional ha traído consigo un deterioro considerable en las condiciones de vida para este segmento de la población. Actualmente, persisten desigualdades en todos los órdenes que incrementan las situaciones de vulnerabilidad en las distintas etapas del ciclo vital y que, lastimosamente, se recrudecen en la vejez. Los estereotipos, prejuicios y discriminación tienden a marginarlas, limitando su acceso a servicios, además de desaprovechar el capital humano y social que representan y del que pudiera beneficiarse la sociedad.
Un claro ejemplo se aprecia en las desigualdades de género que sitúan a la mujer en condiciones de desventaja con respecto a los hombres, sea por un menor acceso a la educación o por las cargas del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, es un sector de la población a la que la dinámica social les cierra la puerta a mejores oportunidades para acceder a trabajos bien remunerados, al ahorro, a servicios de salud, a la adquisición de propiedades o, incluso, a recibir una pensión para hacer frente a las necesidades económicas que trae consigo el envejecimiento.
Hoy día, debemos avanzar hacia una nueva concepción de la vejez para lograr un envejecimiento saludable y con mejores condiciones de vida, que tenga como punto de partida un cambio en la forma de pensar sobre el envejecimiento, erradicando los prejuicios que generan una percepción negativa sobre la vejez, así como actitudes discriminatorias y de violencia hacia las personas adultas mayores.
El envejecimiento saludable de las personas implica no solo garantizar el pleno acceso a los servicios de salud, también desarrollar y mantener en edades avanzadas la capacidad funcional que permita mantener una vida activa, con un enfoque de curso de vida, género y derechos humanos que permita construir entornos donde las sociedades logren consolidar una vejez digna.
Para ello es necesario promover el aprendizaje constante, a lo largo de toda la vida; la contratación de personas adultas mayores en distintos empleos, la existencia de pensiones y prestaciones adecuadas, todo lo que suma a los objetivos de la Década del Envejecimiento Saludable que declaró la Asamblea General de las Naciones Unidas por el período 2021-2030.
Un envejecimiento saludable permite seguir participando de la vida familiar y en la comunidad, contribuyendo al fortalecimiento de nuestra sociedad, en la que se respeten sus derechos humanos y además se reconozcan los aportes a nuestro país y a la sociedad, propiciando condiciones idóneas para que se materialice el inalienable derecho a llevar una vida digna en cualquier etapa de la vida.
Ministra de la Suprema Corte de justicia de la Nación
