En días pasados, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta d e la República, dio a conocer la creación de un nuevo modelo de atención a la primera infancia denominado Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) que, según expuso, en esencia recupera lo que fueron las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero bajo una nueva visión y cuyo objetivo es la educación y el cuidado de la niñez.
Una política pública de suma importancia si consideramos el número de mujeres –y padres también– que laboran y tienen la responsabilidad del cuidado de sus hijas e hijos menores de edad, por lo que requieren de un espacio que ofrezca un sistema de cuidados integral, bajo las condiciones mínimas que exige esta tarea. En suma, una política que ofrece un apoyo a las mujeres que trabajan y requieren de un ingreso económico y que, además, les brinda la posibilidad de acceder a mejores oportunidades laborales, al tiempo que las niñas y niños en la primera infancia ingresan a establecimientos en los que recibirán el cuidado apropiado, las condiciones necesarias para estimular adecuadamente su desarrollo en una etapa vital para su sano crecimiento y que los prepare para las siguientes etapas de su formación escolar.
El Director General del IMSS, Zoé Robledo, quien tendrá a su cargo el proyecto, subrayó que la visión que se imprime a estos nuevos Centros de Educación, abandona el modelo adultocéntrico para poner en el centro a las niñas y niños, también bajo un nuevo enfoque pedagógico.
Conocer de la próxima implementación de esta política que favorece principalmente a las mujeres trabajadoras, así como a sus hijas e hijos, me lleva a una reflexión que con frecuencia expreso públicamente: Los Poderes del Estado, las autoridades, no somos entes aislados, debemos trabajar de manera coordinada en aquello que así corresponda, si queremos cumplir con nuestra principal misión, que es el bienestar de todas y todos los mexicanos.
En este caso, contamos con disposiciones legales que regulan el derecho al llamado servicio de “guarderías” para madres y padres trabajadores, en los que se precisan las facultades y obligaciones de las autoridades encargadas de su implementación con la finalidad de hacer el servicio más eficaz, de mejor calidad y velar porque pueda llegar a mayor número de beneficiarios. Esto se logra a través de una coordinación entre el ejercicio de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres, que hemos abonado a que sectores vulnerables de la población, como son la niñez y las mujeres, puedan ver materializados sus derechos.
En lo que toca a la actividad jurisdiccional, cito un caso de mi Ponencia que se aprobó por el Pleno de la Suprema Corte, en el que precisamente se interpretó una disposición de la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para la Ciudad de México.
Mi Ponencia sostuvo que la prioridad que se da a aquellas madres trabajadoras, estudiantes o víctimas de violencia familiar para inscribir a sus hijas o hijos en estos Centros, implica una medida válida para eliminar la discriminación existente en contra de las mujeres en situación de vulnerabilidad, pues con ello se les da la posibilidad de que en un futuro puedan consolidar condiciones necesarias para acceder a mejores oportunidades.
Todos los mecanismos y medios que el Estado brinde tanto a mujeres como a niñas y niños para mejorar sus condiciones y hacer efectivos sus derechos, indudablemente redundarán en beneficio de ellos, del pueblo y del país entero.
Por ello aplaudo la colaboración y coordinación entre los Poderes de la Unión, porque da solidez a nuestro Estado de derecho, lo que se traduce en bienestar para todas y todos los mexicanos.
Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación