El 25 de julio conmemoramos el Día Internacional de la Niña y la Mujer Afrodescendiente, cuyo origen data de 1992 cuando mujeres afrodescendientes de 32 países de América Latina y el Caribe se reunieron en República Dominicana, para institucionalizarlo. Su objetivo, nos precisa la UNESCO, es el de visibilizar a las mujeres afrodescendientes y promover políticas públicas que ayuden a mejorar su calidad de vida y a erradicar el racismo y la discriminación de que son objeto.
México cuenta con una población de poco más de 2.5 millones de personas afrodescendientes, la mayoría mujeres, según datos del Censo 2020 del INEGI, distribuidas prácticamente en todo el país, aunque su presencia predomina en Guerrero, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México y Jalisco.
El INEGI nos aporta otro dato nada halagüeño. Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, el segundo grupo más discriminado en México, después de las diversidades sexuales, son las personas afrodescendientes.
Cabe aclarar que hasta antes del Censo 2020 las poblaciones afromexicanas no habían sido tomadas en cuenta, no contaban. Lo que nos habla de la invisibilidad que han tenido a lo largo de nuestra historia.
Recordemos también que fue en 2019 que, en virtud de una reforma constitucional, se les incorpora en el artículo 2º de nuestra Ley Fundamental, al reconocer a los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la composición pluricultural de la nación.
Así ha sido. No obstante, su presencia histórica en nuestra Nación ha coexistido con una profunda invisibilización y con múltiples formas de violencia y discriminación estructural.
Según organizaciones como Mujeres Afromexicanas en Movimiento (MUAFRO), Mano Amiga dela Costa Chica y Afropoderosas, más de 1.2 millones de mujeres afromexicanas han sufrido violencia obstétrica, escolar o familiar. El 56.7 % ha sido víctima de violencia sexual, y el 51.3 % ha recibido comentarios ofensivos relacionados con su origen étnico. En palabras de una representante de este colectivo, durante su participación ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU, el 98.5 % de las mujeres afromexicanas ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida.
Estas cifras no pueden ser ignoradas. Es tiempo de reconocer y atender las violencias específicas que viven las mujeres, niñas y adolescentes afrodescendientes en México. Es urgente que sean plenamente incorporadas en las políticas públicas, en el diseño de programas sociales, en los censos y en encuestas nacionales como la ENDIREH. Si no las vemos, si no las nombramos, si no documentamos con rigor las vulneraciones a sus derechos humanos, seguiremos perpetuando su exclusión y su desprotección.
Las comunidades afromexicanas, además, hoy día enfrentan una de las mayores proporciones de pobreza extrema del país. Y a esa marginación histórica se suman los efectos de fenómenos naturales y del cambio climático, que golpean con más fuerza a las poblaciones con menor acceso a recursos, servicios e infraestructura.
Erradicar el racismo y la violencia estructural en su contra, no solo es una deuda, es un acto de justicia. Son parte de nuestra Nación, parte de nuestra historia, de nuestra cultura.
Dejemos atrás prejuicios sobre su apariencia, rasgos físicos y tono de piel, reivindiquemos su lucha contra la discriminación racial y por oportunidades y respeto a la diversidad y la identidad cultural.
No olvidemos que México es una nación pluricultural, y sobre todas y cada una de las culturas asentadas en nuestra tierra, se ha edificado la identidad nacional.
Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
