La semana anterior dieron inicio los “Diálogos nacionales sobre la reforma constitucional al Poder Judicial” para abordar el tema ¿Qué Poder Judicial tenemos? ¿Qué Poder Judicial queremos? En este primer diálogo tuvimos ocasión de participar las Ministras y Ministros que integramos el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como las y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal y legisladores de las distintas fuerzas políticas representadas en ambas Cámaras del Congreso Federal, en donde se tuvo la oportunidad de escuchar la visión de cada uno sobre la reforma y las propuestas que presentamos.
La iniciativa de reforma presentada por el Ejecutivo de la Unión plantea una nueva integración de la SCJN, la elección popular de Ministros, Magistrados y Jueces, y la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, por un Órgano de Administración Judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial.
Un hecho es cierto y en ello creo que coincidimos de manera unánime quienes participamos en este ejercicio democrático: El imperioso deber de efectuar los cambios que requiere la importante función de impartir justicia, para recuperar la confianza ciudadana.
En la propuesta que me permití presentar, sostengo que la impartición de justicia –esencial en el Estado Mexicano– requiere jueces por elección, pero con la preparación jurídica y el pleno conocimiento de las materias. Para ello planteo una elección progresiva, a partir de la aplicación de elecciones populares sucesivas para cubrir, en forma escalonada aquellos cargos que queden vacantes por distintos motivos: renuncia, muerte, retiro o cualquier otra causa.
De esta forma, esos cargos se ocuparán gradualmente por medio de elección directa, garantizando a la vez elevados estándares de calidad de quienes sean postulados, a través de un Comité Técnico de Evaluación integrado por los tres Poderes de la Unión.
Y si bien es plausible democratizar el acceso a la titularidad de los cargos en el Poder Judicial de la Federación (PJF), debemos enfrentar el desafío de mantener su independencia y autonomía respecto de los demás Poderes, calidades inherentes a la función jurisdiccional y que, para evitar interpretaciones arbitrarias, se debe de generar seguridad jurídica.
No debemos perder de vista que el PJF cuenta con un capital humano de personas juzgadoras, cuyo acceso al cargo requirió de cursos de especialización, evaluaciones y concursos de oposición y que resuelven casi millón y medio de asuntos anualmente.
En este contexto, desde mi perspectiva, el reto está en generar consensos e identificar puntos de acuerdo por lo que hace a la elección por voto popular, asegurar la independencia judicial, garantizar los derechos laborales, el conocimiento técnico especializado de las personas juzgadoras y contar con un sistema de impartición de justicia fuerte y confiable.
En suma, hecha mi presentación, hice entrega a la Cámara de Diputados de la propuesta que esbocé, la que como elementos esenciales, contiene 7 puntos.
El primero en la elección por voto popular de todos los integrantes de la SCJN y del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial; segundo, sustitución progresiva de juezas, jueces, magistradas y magistrados; tercero, garantía de idoneidad y excelencia en los perfiles de las y los juzgadores; cuarto, respeto a los derechos laborales de todas y todos; quinto, observancia del principio de paridad de género; sexto, jueces cercanos a la gente y, séptimo, justicia para todas las personas por igual.
Es mi convicción que el diálogo es fundamental, por ello celebro que se promueva entre los Poderes de la Unión, más en un tema esencial para nuestro país, que requiere un Poder Judicial fuerte, con respaldo popular, indispensable para el Estado de Derecho, para la democracia, para garantizar la justicia y para que sirva y sirva bien al pueblo de México.
¡Para que la justicia llegue a todas las personas!
