Durante estas últimas semanas uno de los temas centrales en el debate nacional ha sido la Iniciativa de reforma al Poder Judicial planteada por el Ejecutivo Federal, una reforma que ha levantado gran polémica y sobre cuyo contenido y alcance estimo vale la pena reflexionar.
La iniciativa –como sabemos– propone una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la elección popular de las y los ministros, magistrados y jueces que conforman el Poder Judicial de la Federación.
Así también, plantea la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un Órgano de Administración Judicial y un Tribunal de Disciplina.
Se trata de una reforma profunda que da respuesta al mandato ciudadano, pero que –sin duda– nos brinda la oportunidad de evaluar la pertinencia de otras posibles modificaciones que, además de establecer la elección popular como método de selección de las personas juzgadoras y su implementación progresiva, asegurando la excelencia y legitimidad social de los jueces, contribuya a garantizar el acceso efectivo a la justicia.
Otro aspecto fundamental es el acercar la justicia a las personas, ahí donde radican y se generan los conflictos que ameritan la intervención judicial, estableciendo una justicia itinerante.
Existen amplios sectores de la población en áreas geográficas apartadas, personas que viven en zonas marginadas, que carecen de los medios económicos para trasladarse a los lugares sede de los órganos jurisdiccionales; a ellas debe acercarse la justicia.; ahí, en el sitio en el que se encuentran.
Se trata no tan solo de una buena práctica, sino el medio para atender el problema de la falta de acceso a la justicia, brindando un servicio articulado por todas las instituciones involucradas, con el auxilio de defensores públicos y asesores gratuitos, que se trasladan durante jornadas de trabajo hasta aquellos lugares donde, por las condiciones de la población resulta desafiante el acceso a la a impartición de justicia, para dar curso a los trámites y procesos judiciales que demanden.
La justicia itinerante permite romper las barreras geográficas, económicas y culturales para garantizar el acceso a la justicia a personas de los sectores más vulnerables de nuestro país.
A esta fecha contamos con experiencias exitosas como lo ha sido en la materia agraria. Los Tribunales Agrarios son los primeros órganos jurisdiccionales en nuestro país que desarrollan Programas de Administración de Justicia Itinerante dentro de sus jurisdicciones territoriales.
En la propuesta que me permití presentar ante la Cámara de Diputados, en el marco de los “Diálogos nacionales sobre la reforma constitucional al Poder Judicial”, planteo que el Instituto Federal de Defensoría Pública desarrolle un sistema de funciones itinerantes, enfocado en realizar visitas a las comunidades y municipios del país para proporcionar asesoría legal, defensa gratuita y medios alternativos de solución de controversias que garanticen el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, y de esta forma lograr una auténtica justicia social.
Hoy, la ciudadanía demanda juezas y jueces cercanos a la gente, en contacto con la realidad que rodea a los justiciables; demanda tribunales de puertas abiertas. La justicia no debe estar encerrada en cuatro paredes, ni el juez ha de dictar sus sentencias como en antaño, en la soledad de su despacho, con la sola escucha de su conciencia para aplicar la ley a la letra.
La justicia no debe ser más el privilegio de unos cuantos que la pueden pagar, ha de estar al alcance de todas las personas, principalmente en los sectores más vulnerables, para poder ser llamada justicia.
¡Para que la justicia llegue a todas las personas!
Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
