La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), promulgada el 4 de diciembre de 2014, marcó un hito en materia de protección de este sector de la población históricamente invisibilizado, al reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos y no como simples objetos de protección.

La LGDNNA fue diseñada con un enfoque de derechos humanos y bajo la orientación del principio del interés superior de la niñez. Dicho principio implica la garantía de todos los derechos, la satisfacción de todas las necesidades y generar las condiciones para su desarrollo integral.

Asimismo, en apego a los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, abandona los modelos tradicionales, paternalistas y asistencialistas, transitando hacia un enfoque centrado en el bienestar y desarrollo integral de la niñez, que respeta su autonomía, su voz y que considera sus opiniones en las decisiones que les afecten. A partir de este nuevo paradigma, niñas y niños tienen derecho a participar activamente en todas las decisiones que les atañen y su opinión debe ser tomada en cuenta.

En esta línea, la LGDNNA reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y, por ende, plantea garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción. Además, el derecho a ser protegidos en el espacio en que se encuentren ya sea la familia de origen o ampliada, la familia de acogimiento o adopción y desde luego en los centros de asistencia social. De igual forma derechos como la igualdad sustantiva; a la no discriminación; a vivir en condiciones de bienestar y sano desarrollo, y a vivir libres de violencia.

La Ley incluye un capítulo dirigido a infancia con discapacidad y otro dedicado a los derechos de la niñez migrante no acompañada en México.

Por otra parte, prevé la regulación de los centros de asistencia social en los tres niveles de gobierno, cuya responsabilidad será garantizar la integridad física y psicológica de las niñas, niños y adolescentes que estén bajo su custodia. Asimismo, establece la creación del sistema especial de protección a través de Procuradurías de Protección tanto a nivel federal como en todas las entidades federativas, cuya principal función será proteger y restituir de manera efectiva sus derechos.

Esta ley ha sido un excelente instrumento. Sin embargo, aún subsisten grandes retos: la niñez sigue siendo víctima de maltrato en la familia, violencia escolar y abandono, una violencia que los expulsa a las calles donde son presa de otros muchos peligros y otras violencias.

Según da a conocer el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en 2020, se registraron 27,526 personas de entre 1 y 17 años que fueron atendidas en hospitales por haber sido víctimas de violencia familiar o no familiar.

De los datos que reporta el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) 2023, respecto de los delitos de homicidio, feminicidio, lesiones, delitos sexuales, trata de personas y violencia familiar, se observa una mayor afectación en niñas y adolescentes mujeres que en niños y adolescentes hombres, registrando en el primer caso 59,141 delitos con víctimas niñas y adolescentes mujeres y, en el segundo, 30,207 delitos, lo que indica que estos delitos ocurren con el doble de frecuencia en las niñas y adolescentes mujeres.

¿Cuántas veces hemos escuchado que la niñez es el futuro del mundo? Y, en efecto, así es. Sin embargo, es fundamental garantizar su presente porque de ello depende su futuro y eso está en nuestras manos. Sumemos esfuerzos, autoridades y sociedad, para que niñas y niños y adolescentes gocen a plenitud de sus derechos y les aseguremos un presente de bienestar que garantice un destino promisorio. Es por ellas y ellos, es por México.

Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

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