Pareciera que a la península de Yucatán le llueve sobre mojado, porque no solo se ve amenazada por megaproyectos extractivistas como el Tren Maya o los parques solares y eólicos que la acechan sin cumplir con el tema de la justicia social, sino también, porque han incrementado las expectativas de crecimiento de la industria porcícola por parte del gobierno federal y estatal para poder aumentar las exportaciones al extranjero, derivando en la afectación del medio ambiente y las comunidades de la región.
Y es que la Industria de la carne de cerdo, tiene un manejo muy sucio. Esta industria está experimentando un crecimiento desordenado, que se ve reflejado en el establecimiento de cientos de granjas porcícolas con poca o nula regulación.
La industria de la carne de cerdo está creciendo en especial en la Península de Yucatán, incluso experimenta un crecimiento mayor que los principales estados productores de carne de cerdo en México (Sonora y Jalisco). Durante el periodo de 2006 a 2018 la producción porcina en la península de Yucatán fue de 39%.
Lo que preocupa es que se trata de una área prioritaria para la conservación de la biodiversidad en México, que alberga el sistema de acuíferos más grande e importante a nivel nacional e internacional, ecosistemas que funcionan como un depósito natural que absorbe carbono de la atmósfera contribuyendo a la reducción de gases de efecto invernadero, y no está de más mencionar que esta zona tiene un gran patrimonio cultural.
En primer lugar han ocasionado deforestación en la zona, alrededor de 10 997 ha de selva han sido deforestadas a causa de las granjas, poniendo presión sobre especies catalogadas en peligro de extinción por la NOM-059-SEMARNAT-2010 como son el mono araña o el jaguar que sufren las consecuencias de la desaparición de su hábitat.
Además, 43 de las granjas porcícolas que actualmente operan en la Península de Yucatán se encuentran en Áreas Naturales Protegidas, afectando principalmente a la Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes en la cual se asientan 36 granjas. Esta reserva, como muchas otras, se encuentra totalmente desprotegida, ya que no cuenta con un programa de manejo en el que se definan las actividades permitidas en esa zona.
Esto ha ocasionado un malestar generalizado en las comunidades mayas que reclaman, y con mucha razón, que no se respeta su derecho a un medio ambiente sano, a la salud, la libre determinación como pueblos e incluso su derecho a que se realice una consulta previa libre e informada antes de que se establezcan estos megaproyectos que tanto les afectan su calidad de vida.
Por otro lado, decir que esta es una industria muy puerca no es casualidad pues genera una gran cantidad de desechos afectando el suelo, el aire y el agua de la región, poniendo en peligro los cenotes de la península maya que funcionan como fuente de empleo para los ciudadanos debido al ecoturismo
Tan solo en 2018 las emisiones de CO2 generadas por las granjas porcícolas en la Península de Yucatán fueron equivalentes a las emisiones de 3 662 130 vehículos en México en un año.
La contaminación del agua es otro impacto de esta industria ya que de las 8 muestras que realizó el equipo de Greenpeace (5 pozos de comunidades cercanas a granjas porcícolas, 1 cenote y 2 tomas de agua que se vierte directo en la selva) en diferentes municipios del estado de Yucatán; 5 sobrepasan los límites establecidos por la NOM-001-SEMARNAT-1996 de protección de la vida acuática y todas las muestras rebasaron la NOM-127-SSA1-1994 que dicta los límites establecidos para no poner en riesgo la salud de las personas.
Por más ilógico que parezca, a pesar de eso, el gobierno sigue apoyando a estas empresas a crecer en detrimento de los recursos naturales mexicanos y el bienestar de las comunidades mayas, incluso aprovechándose de la actual emergencia sanitaria para incrementar las exportaciones a países como China, que han visto muy afectada su producción porcina.
Es por eso, que debemos buscar una transición del modelo agroindustrial que se lleva a cabo en estos momentos, hacia la producción agroecológica, sustentable y saludable; que respete los ciclos de la naturaleza y que garantice el respeto al derecho de campesinas, campesinos y comunidades a un trabajo digno, a un medio ambiente sano, a la salud; y la libre determinación.
Esperemos que las autoridades pongan orden a esta industria.
Especialista en Biodiversidad y cambio climático de Greenpeace México
