Por: Gabriela Guzmán, Javier Zuñiga y Viridiana Lázaro*, especialista en alimentación y agricultura en Greenpeace México.
En meses pasados se ha visto como la agroindustria ha interpuesto varios amparos en contra del decreto presidencial que prohíbe el maíz transgénico y el glifosato para 2024, con el fin de que esta prohibición no les aplique y puedan continuar importando y utilizando el agroquímico como les plazca, en detrimento de la salud ambiental y de los derechos a la salud y la alimentación de las personas.
En temas jurídicos esta defensa le compete al gobierno federal. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) está haciendo frente a la mayoría de casos de juicio de amparo, sin embargo, no hay que olvidar que existen otras dependencias responsables de cumplir con dicho decreto, las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la de Economía (SE), la de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), la de Salud (SSA), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), además del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esto es relevante porque significa que la defensa del decreto presidencial en términos judiciales, solo queda en manos del gobierno federal, y en caso de que no se logren ganar estos juicios la población en general será perjudicada debido a los daños a la salud, a la biodiversidad y el medio ambiente que causan el glifosato y el maíz transgénico. Por lo que no debemos quedar a expensas de las acciones que el gobierno realice para defender el decreto y en consecuencia proteger los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos, así como alcanzar la soberanía alimentaria.
Por ese motivo Greenpeace México y El Poder del Consumidor, organizaciones de la sociedad civil pertenecientes a la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, solicitaron al juez octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México ser terceras interesadas en el juicio de amparo que interpuso el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) en contra del decreto presidencial. Dicha solicitud fue negada y por ello estas organizaciones hemos promovido un recurso de queja para que un Tribunal Colegiado revise lo resuelto por el juez y se nos reconozca como partes en dicho amparo.
Ser terceras interesadas permitirá a las organizaciones participar en el juicio de amparo y argumentar a favor de los derechos humanos de la sociedad mexicana. La importancia de ser reconocidos como terceras interesadas en este caso, radica en la necesidad de defender intereses colectivos frente una posible y eventual concesión del amparo para el CNA. Si se decide amparar al CNA, las consecuencias serían para toda la población quienes verían afectados los derechos humanos de productores y consumidores, así como el medio ambiente y la biodiversidad.
Además, de que no se podría hacer nada una vez que el caso se haya resuelto, pues no existe un recurso legal que se pueda interponer ante una sentencia de amparo si no se ha participado en el juicio, por lo que resulta fundamental que los jueces escuchen durante el proceso la posición de las asociaciones defensoras del medio ambiente, la salud y la alimentación.
* Gabriela Guzmán es abogada de El Poder del Consumidor; Javier Zuñiga, abogado de El Poder del Consumidor y Viridiana Lázaro, especialista en alimentación y agricultura en Greenpeace México.
