El atentado del pasado viernes contra el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, claramente es una reacción ante su buena y efectiva gestión al frente de la Secretaría. No constituye únicamente un delito de homicidio en grado de tentativa en contra del funcionario, es claramente un atentado contra el Gobierno de la Ciudad de México, lo que en realidad constituye, un atentado contra la Seguridad Nacional.
Hasta el momento las autoridades de la Ciudad de México han actuado de manera eficiente y coordinada. Seguridad Pública logró frustrar el asesinato del funcionario y ha logrado la detención de la mayoría de los autores materiales. También se cuenta con un presunto autor intelectual. Todo ello demuestra una rápida y efectiva labor de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Jurídicamente es claro lo que viene. Estas personas serán judicializadas ante el Juez de Control en Materia Penal, se les dictará un Auto de Vinculación a Proceso por delito de prisión preventiva oficiosa, enfrentarán su proceso privados de la libertad y ciertamente serán condenados a altas penas de prisión.
Lo trascendental serán las decisiones jurídicas y políticas que deberán tomarse en las próximas horas, tanto por el Gobierno de la Ciudad de México, como por el Gobierno Federal. ¿Mantendrán las autoridades de la Ciudad de México este caso o será la Fiscalía General de la República quien ejercerá la facultad de atracción para continuar con dicha investigación y proceso?
Políticamente, quizás el Gobierno de la Ciudad quiera mantener este caso para mostrar fortaleza en sus instituciones. Las autoridades spodrían lograr una sólida investigación, un proceso judicial robusto y una sentencia condenatoria ejemplar. Adempas, si derivado de estos hechos la Fiscalía Capitalina logra la detención de los altos mandos de la organización criminal, se mandaría un mensaje muy positivo de nuestra Jefa de Gobierno al resto del país.
Sin embargo, jurídicamente, lo correcto sería que la Fiscalía General de la República ejerciera facultad de atracción y continúe tanto con la investigación, así como con el proceso judicial. De acuerdo con el Código Penal Federal y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada estamos frente a un delito de terrorismo. Sin embargo, de proceder la Fiscalía General de la República, le abrirá la puerta al Gobierno de los Estados Unidos para clasificar a los Cárteles mexicanos, como grupos terroristas.
Esto último, sí le viene como anillo al dedo a Donald Trump. En un momento tan donde sus preferencias electorales se han visto mermadas a raíz del feroz ataque del Covid-19 y con elecciones muy próximas, este acontecimiento en la Ciudad de México puede darle la justificación que buscaba para clasificar como terroristas cuando menos a este grupo criminal y obtener apoyos políticos y electorales en su país que tanta falta le hacen.
México ha sido incapaz de controlar, disminuir o eliminar a estos grupos criminales, quienes ante la ausencia de instituciones sólidas, han tomando mayor presencia y poder. Esperemos que en tanto se toman estas decisiones de ajedrez político, sigamos presenciando la recuperación de nuestro Funcionario Capitalino y no presenciemos mayores atentados en el resto del país.
