En agosto de 1983 inicié a practicar como postulante, acudiendo a tribunales de todas las instancias. Calculo que he presentado alrededor de 60 mil amparos. Según los plazos de ley, entre admisión de la demanda al dictado de sentencia, sería en 40 días hábiles. También precisa que el Juez preside las audiencias y aunque no lo impone expresamente, no se debe recibir a las partes.
No es la realidad. Tardan una vida en resolver, nunca he tenido el privilegio de verlos en una diligencia y es usual que se reúnan con los abogados de manera privada.
Es verdad, el sistema está quebrado y lo peor se concentra en los Estados. Allá responden a cuotas partidistas o a factores de poder y no a méritos por sus carreras, de hecho, gran número adolecen de ella. Es común que juzgadores atiendan al interés de empresarios, diputados o del gobernador en turno, no a la ecuanimidad; sin obviar las maravillas que hacen con su exiguo salario pues se enriquecen inexplicablemente. Muchos están sujetos a permanentes escándalos, sin consecuencias. Pululan bajo el socorro de la infame impunidad.
El rumbo lo da el apego a lo legal y se alcanza si el que lo aplica actúa correctamente. Esto se logra con independencia y autonomía en su encargo. Evidentemente no acontece en nuestro país e ilusamente creemos que si los llevamos a las urnas llegará. Nada más falso.
Cambiar la vía de nombramiento no necesariamente transforma a las personas; la pregunta es: ¿con la elección de Jueces, Magistrados y Ministros morirá la corrupción?
Expulsemos a los pésimos elementos que manchan la toga. Exhibámoslos, señalémoslos. No permitamos que se les abra oportunidad alguna porque al obviarlo se burla el orden que los ciudadanos siguen y de paso deshonra a quienes ejercen con honestidad. Hay que conservarlos brindándoles un programa de ascensos que encumbre su conocimiento y rectitud. No es difícil verificar estos valores, basta investigar si son objeto de quejas y su porcentaje de fallos ratificados que es el mejor medio para medir su pericia.
La tesis del involucramiento social en las decisiones técnicas es sumamente sesgada, fríamente se trata de una vendetta de López Obrador ante el freno de la Corte, abajo, para los que menos tienen, la justicia seguirá igual de torcida.
Si la corriente del pensamiento de la 4T es que el ‘pueblo elija’, es irrefutable que el mismo principio se emplee en las áreas especializadas de la administración. Sometamos entonces a votación popular a los titulares de hacienda, economía, ejército y marina. La sensatez lo impide, florecería el hecatombe.
Todos los cambios son buenos, pero la historia nos dice que a mayor estabilidad superiores resultados. Están los ejemplos anglosajones y europeos.
La ocurrencia nos conducirá a un diferente litigio, centrado en la actividad política y no en la norma. Eso no es derecho. No hay forma de defenderlos, pero la reforma tampoco acabará con el desastre judicial que vive México.