La revelación de la existencia de una red de huachicol al interior de la Armada de México ha representado un terremoto a la credibilidad de la institución mejor evaluada en las encuestas de opinión.
Para quienes alguna vez nos hemos puesto el uniforme, el escándalo no representa ninguna sorpresa. Tras 10 años trabajando en el ámbito de la seguridad nacional, puedo decir que no conozco un solo soldado, marino, fiscal, juez, perito o analista de inteligencia que no haya hecho algo en el transcurso de su carrera de lo que no se avergüence profundamente.
Trabajar en el terreno de la seguridad en México es una actividad eminentemente inmoral. ‘Cuadrar’ carpetas de investigación, ‘repeler’ la agresión, ‘entrevistar’ al detenido, ‘sembrar’ el kilo de ayuda en un retén, ‘potrear’ a los reclutas, ‘resortear’ soluciones al vapor, montar ‘operaciones pantalla’ para la foto. No existe avenida para trabajar en el sector defensa, seguridad privada, seguridad pública, procuración de justicia o en los servicios de inteligencia sin comprometer la propia ética ya sea a título personal, o en seguimiento a las órdenes de alguien más.
Tres marinos han perdido la vida en circunstancias sospechosas en el marco de la investigación de esta red de huachicol: el Contraalmirante Fernando Rubén Guerrero, el Capitán de Navío Abraham Jeremías Pérez y el Capitán de Fragata Adrián Omar del Ángel Zúñiga. Son investigados el Contraalmirante Fernando Farías Lagunas (a quien el flamante nuevo Poder Judicial, que ya no es corrupto, otorgó un amparo para evitar su captura) y el Vicealmirante Roberto Farías Laguna, sobrinos políticos del Almirante Ojeda (exsecretario de Marina) señalados desde 2022 por el periodista Carlos Loret de Mola por tráfico de influencias para los ascensos al interior de la Armada y ejercicio discrecional del presupuesto usado para la construcción de obra pública a cargo de militares.
El huachicol al interior de la Armada revela varias cosas. Primero, que aunque la Armada, en violación a los derechos laborales de sus empleados, obliga a todos sus oficiales a tomar polígrafos como presunta medida de ‘contrainteligencia’, sirve para dos cosas. García Luna tenía su polígrafo aprobado y Harfuch reprobó el suyo. Medir sudoración, pulso y respiración una vez al año no es, y nunca será, una medida de contrainteligencia, es una pseudociencia más cercana a la frenología que a la psiquiatría.
En segundo lugar, revela que no hay santos morales. Nadie en el ecosistema de seguridad está exento de tener cola que le pisen. Y dado que no es un tema de personas, sino sistémico, los candados y mecanismos de supervisión tienen que ser sistémicos. La cuestión no se resuelve al nombrar a un ‘superpolicía’ o a una persona ‘muy muy honesta’.
En tercer lugar, es un recordatorio de las deudas que tiene pendiente la Armada con la justicia, donde es tradición coleccionar fallecimientos en impunidad. No hay detenidos por el feminicidio de la teniente Gloria Cházaro, ni por la muerte del cadete Emmanuel Velázquez Escobar, ni por el accidente del ARM Cuauhtémoc en Brooklyn. Con todo y que cuentan con su propia policía naval, y su sistema de justicia militar, y su ilustrísima división de inteligencia naval.
La jubilación del almirante Ojeda corre peligro. Ya bastante escarnio había sufrido el exsecretario con la filtración de un video donde marinos a su mando manipularon el basurero de Cocula en el marco de la búsqueda de los normalistas de Ayotzinapa y con su polémica declaración en la ‘mañanera’ del 21 de mayo de 2021 donde llamó enemigos a los integrantes del Poder Judicial. El Almirante Ojeda tiene una responsabilidad de mando. Un comandante es responsable de todo lo que pase y deje de pasar en su unidad. Es ingrato, muchas veces es impreciso, pero dicha responsabilidad en el derecho militar es ineludible. Así como el teniente comandante de sección no puede afirmar como ‘paro’ que sus soldados se pelearon cuando él no estaba presente, en las cadenas de mando militar siempre es corresponsable de la conducta de sus hombres quien tenga el mando, haya estado presente o no, sea cómplice o no, cuando ocurrió un percance. No sólo es la tradición militar, es una de las lógicas más arraigadas del derecho militar en su conjunto.
Director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos
