La madrugada del 3 de diciembre de 2026 Estados Unidos invadió Venezuela y secuestró al presidente Nicolás Maduro. La justificación ‘legal’ de dicho acto de guerra fueron las órdenes ejecutivas del 14157 y 14367 que designaron a los cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas y productoras de armas de destrucción masiva (armas químicas en específico).
Ambas órdenes ejecutivas cumplen el propósito de fusionar dos campañas de contrainsurgencia que, aunque nacieron en momentos separados del tiempo, siempre tuvieron la misma lógica imperial: la guerra contra el terror (nacida en retaliación a los atentados contra las Torres Gemelas) y la guerra contra el narcotráfico (nacida de la Ley Volstead en 1919).
So pretexto de realizar operaciones antinarcóticos y antiterroristas, los Estados Unidos emprendieron intensas campañas militares en los siglos XX y XXI en latitudes como Panamá, Colombia y el Caribe en el caso de las operaciones antinarcóticos, y en regiones como Somalia, Siria, Yemen, Irak, Afganistán y Pakistán del lado de la llamada guerra global contra el terror (GWOT). Legislaciones como el Acta Patriota y el régimen internacional de prohibición de narcóticos, permitieron durante décadas mantener una presencia militar permanente a los Estados Unidos en múltiples regiones del globo.
Uno puede simultáneamente denunciar el intervencionismo imperial estadounidense y a la dictadura de Nicolás Maduro. Maduro, perpetuador del chavismo, es pleno responsable de la crisis humanitaria y de violencia política que atraviesa su país. Sin embargo, ni el ni Chávez erraron en su profecía, ‘ahí viene el imperialismo yanqui’.
Ningún país intervenido militarmente por los Estados Unidos ha emergido en mejores condiciones tras su intervención. Las dos guerras del Golfo destruyeron Irak, propiciando las condiciones idóneas para el nacimiento del Estado Islámico. La ocupación de Afganistán devino en el actual gobierno del Talibán. Las operaciones militares estadounidenses en Siria llevaron a que un conocido terrorista, Ahmed al-Sharaa, líder de Al-Nusra (la sucursal de Al-Qaeda en Siria) se convirtiera en presidente.
La campaña antinarcóticos estadounidense en el continente americano, por otro lado, está plagada de contradicciones. La CIA facilitó el tráfico de armas y cocaína en Nicaragua y Panamá en los 80’s, y el presidente Trump firmó de su puño y letra un indulto el 1 de diciembre un indulto a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, quien había sido encarcelado por cargos de narcotráfico por el propio gobierno americano.
La invasión de Venezuela representa el riesgo de una crisis humanitaria sin precedentes para el continente. Dependiendo de la escala con la que continúen (o no) las hostilidades, el país podría verse sumido en una sangrienta guerra civil expulsando a millones de refugiados, muchos que irían a parar, paradójicamente, o a los Estados Unidos o a las naciones latinoamericanas que se sumaron a la declaratoria de narcoterrorismo al ficticio ‘Cártel de los soles’ (Ecuador, Paraguay, Guyana, Trinidad y Tobago, etc.).
Aunque hoy el detenido es Nicolás Maduro, los destinatarios de este contundente mensaje son Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, a quienes el gobierno estadounidense considera por igual representantes de narco gobiernos. Y tienen dos opciones, o cooperar sin chistar con el imperio, o ganarse un viaje todo pagado a una corte federal en Nueva York.
Víctor Antonio Hernández Ojeda es Director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos.