Por: Los graves problemas que vive en el sistema de justicia en México no son el resultado ineluctable de la inercia histórica del viejo régimen, sino también de la ausencia de proyecto del gobierno de López Obrador en este campo. Lejos de que la llamada 4T realice las reformas largamente demandadas en un área estratégica del Estado mexicano, la dependencia política, la precariedad institucional y la absoluta falta de profesionalismo en las instituciones de justicia se está profundizando tanto a nivel federal como en los estados de la república.
Como es sabido, el poder judicial en México ha estado históricamente subordinado al poder ejecutivo, condición que se profundizó durante el régimen priísta, el cual heredó vicios duraderos: designación de magistrados y jueces con criterios políticos, corrupción sistémica, nepotismo, ausencia de carrera judicial, insuficiente presupuesto y reducidas capacidades administrativas.
Esta situación no cambió con la transición a la democracia, a pesar de la llamada reforma penal acordada en 2008 a nivel nacional. Un caso ejemplar es el del estado de Veracruz. La tardía primera alternancia en el gobierno local, que tuvo lugar apenas en 2016, cuando asumió el poder un gobernador proveniente del Partido Acción Nacional, resultó en una decepción para los veracruzanos, pues el nuevo gobierno fue incapaz de sancionar al gobernador Javier Duarte y sus funcionarios, que cometieron el saqueo más cuantioso a un gobierno estatal del que se tenga memoria en México, si bien encarcelaron durante algún tiempo a altos mandos policiales. El efímero gobernador panista (2016-2018) hizo nombrar como “Fiscal Autónomo” a su abogado personal (por un periodo de 9 años) e impulsó una reforma a la constitución local para implantar el retiro forzoso de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia al cumplir setenta años, independientemente de que no hubieran terminado el periodo de 10 años para el cual habían sido designados por el congreso a propuesta del gobernador en turno. Así, el gobernador Yunes obligó a retirarse a trece magistrados (nombrados por los gobernadores prístas) que habían cumplido setenta años. Esta fue una medida inconstitucional e inconvencional que violaba los derechos humanos de los afectados.
Para colmo, al gobernador Yunes no le alcanzó el tiempo para sustituir a los magistrados retirados y heredó ese problema a la administración siguiente.
En 2018, la elección de gobernador fue ganada por pocos votos por Cuitláhuac García, de Morena, quien fue incapaz durante casi un año de proponer al congreso local candidatos a magistrados del Tribunal Superior, que en consecuencia estuvo operando de manera irregular. Entretanto, después de meses de sordo enfrentamiento político, la diputación permanente del congreso destituyó, sin tener atribuciones para ello, al Fiscal General heredado por el gobernador anterior, y nombró provisionalmente a una incondicional del secretario de gobierno. El 11 de octubre de 2019, el congreso nombró al fin a los 13 magistrados faltantes, siguiendo las prácticas priístas: sin consulta ni debate y a partir de criterios políticos. Al reparto entró no solo MORENA, también el PRI y el PAN. A pesar de que varios abogados litigantes y algunos académicos con currículum aceptable se postularon, los designados tenían escasos antecedentes de carrera judicial, incluida Sofía Martínez Huerta, quien fue electa como presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) -a pesar de tener una experiencia como juez de apenas un año- a instancias de altos funcionarios del gobierno. Inmediatamente se le acusó de nepotismo por designar en cargos relevantes a varios familiares, e ignoró al Consejo de la Judicatura, al cual nunca convocó. Hace un par de meses, el congreso nombró dos nuevos magistrados, al retirar en forma forzada a quienes llegaron a la edad límite. Esta decisión provocó una rebelión de la mayoría de los magistrados del Tribunal, quienes decidieron destituir a su presidenta y nombrar a una nueva en forma ilegal, contando en esta maniobra con el aval de la Junta de Coordinación Política del congreso local.
Todo indica que estos nombramientos, destituciones, omisiones, confrontaciones y disputa por el control de los recursos del poder judicial forman parte de la lucha feroz entre las distintas facciones de MORENA por posicionarse de cara a las elecciones del próximo año y, posteriormente, en la lucha por la candidatura a gobernador en 2024. Un grupo estaría representado por el presidente de la junta de coordinación política del congreso, Juan Javier Gómez Casarín. El otro estaría encabezado por el secretario de gobierno, Eric Cisneros Burgos, quien ha sido señalado por la magistrada destituida de haberla presionado y amenazado para que renunciara, al igual que antes intervino para sustituir ilegalmente al fiscal general y colocar en su lugar a una persona allegada. Al parecer, la causa por la que removieron a la presidenta del TSJ es porque obedece a otro grupo político, encabezado por el superdelegado del gobierno federal, Manuel Huerta. El gobierno de Morena en Veracruz ha venido a agravar aún más la crisis de las instituciones de justicia, tratando a las instituciones judiciales, los poderes y los órganos autónomos como piezas de un botín a repartir entre sus distintas facciones.
Para completar el cuadro, la policía estatal acumula múltiples denuncias por violación de derechos humanos, incluyendo desaparición de personas. La zonas norte y sur del estado viven en constante alarma dada la imparable guerra entre los grupos criminales regionales y la incapacidad de la policía y de la Guardia Nacional para controlarlos.
Veracruz experimenta una crisis de la legalidad y del Estado de derecho de orden mayúsculo. Para colmo, han aflorado además numerosos casos de corrupción y de nepotismo en el gobierno estatal, por lo que sorprende el silencio absoluto del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, y también, la falta de crítica y de propuesta de los partidos de oposición, cuyo silencio es ensordecedor.
