El caso “Mafer” Turrent reafirma la incapacidad del Estado para garantizar los derechos de las mujeres y exhibe la ineficiencia de las fiscalías, y en algunas ocasiones la corrupción y complicidad de funcionarios con los violentadores, para proteger a las múltiples víctimas de violencia vicaria, muchas de las cuales resultan encarceladas y, en el peor de los escenarios, asesinadas por omisiones de las autoridades.
Desde 2023 “Mafer” Turrent se divorció y posteriormente denunció a su expareja, Edgar “N”, por violencia familiar y sustracción de menores. El 22 de enero de este año, fue citada en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, pero no para darle seguimiento a su expediente, sino para detenerla por denuncias presentadas en su contra por su exesposo.
Su detención provocó una ola de indignación y movilizaciones de colectivas como Las Brujas del Mar, que la han acompañado en su proceso, y otras como 50+1, que se solidarizaron y exigieron justicia. Las protestas obligaron a que, por fin, tanto la Secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, como la Fiscal Bertha María Alcalde Luján, fijarán postura.
Ésta última ordenó la destitución del fiscal de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, Miguel Ángel Barrera, luego de que presuntamente, el funcionario habría cometido actos de influyentismo y corrupción en el caso de “Mafer" Turrent.
Por fortuna, las presiones obligaron a que “Mafer”, fuera puesta libertad y ya pudo reunirse con sus hijos. Pero, lamentablemente, este no es un incidente aislado. Colectivas de mujeres e investigaciones periodísticas han exhibido una presunta red de contubernio entre funcionarios del Poder Judicial y perpetradores de violencia influyentes y con recursos que utilizan en contra de sus víctimas.
El Frente Nacional contra la Violencia Vicaria denunció que el 88% de las integrantes del movimiento, al menos 4 mil 226 mujeres, tienen una denuncia penal en su contra, muchas de ellas falsas, por parte de sus agresores. (LaCaderadeEva, 28 de enero de 2025)
La violencia vicaria, entendida como aquella que se ejerce sobre una mujer a través de sus hijos, familiares o círculos afectivos, es una de las violencias a las que más están expuestas las mujeres.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIRECH 2021), 39.9 por ciento de las mujeres entrevistadas denunció haber sido víctima de violencia por parte de su pareja durante su relación, en tanto que el 20.7 por ciento sufrió violencia en los últimos 12 meses.
Estas agresiones se enmarcan en el conjunto de violencias que sufren las mujeres en México, en donde más de 10 mujeres son asesinadas cada 24 horas. Según la ONU, el 56 por ciento de los feminicidios son cometidos por parejas íntimas u otros miembros de la familia. (ONU, Infografía, Feminicidio: un problema global).
En mi colaboración del 7 de enero de este año destaqué la importancia de las reformas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para promover la igualdad de género y proteger los derechos de las mujeres y su integridad.
Lamentablemente, mi argumento en el sentido de que éstas no tendrían el resultado esperado sin la coordinación institucional y con las organizaciones ciudadanas, se confirmó de inmediato con el caso de “Mafer” Turrent y muchos otros más. La legislación sirve de poco cuando no se aplica con rigor y no se combate la corrupción e impunidad.
