La extinción de 13 fideicomisos que propone el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, que concentran en su mayoría recursos para garantizar derechos laborales de los trabajadores, es a todas luces un acto de venganza contra el Poder Judicial de la Federación (PJF) porque no se ha sometido a los dictados del Ejecutivo Federal.
De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “la extinción de los fideicomisos sí afecta los derechos laborales de las y los trabajadores del PJF. Al menos 6 fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituyen derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro”.
Según el comunicado de la SCJN “los derechos tutelados en estos instrumentos normativos no constituyen prestaciones adicionales, sino derechos adquiridos de las personas trabajadoras en el PJF que ya cumplen con los requisitos establecidos en las reglas de operación de cada fideicomiso, así como de quienes eventualmente cumplirán con ellos”.
Es así que la extinción de los fideicomisos y la transferencia de esos recursos a la Secretaría de Hacienda para que el gobierno federal pueda disponer de ellos significará un golpe contra los derechos laborales adquiridos por los trabajadores y se enmarca en la persecución que el Ejecutivo ha emprendido contra la Ministra Presidenta Norma Lucía Piña Hernández.
Hay una gran diferencia entre el trato que el Ejecutivo le daba al Ministro Arturo Zaldívar, al que le otorga a la Ministra Norma Piña por el simple hecho de que ésta ha tomado la decisión de hacer valer la autonomía del Poder Judicial y ejercer sin intromisiones de ninguna índole las facultades que le otorga la Carta Magna.
El presidente de la República justifica la decisión de eliminar los fideicomisos del PJF, que concentran cerca de 15 mil millones de pesos acumulados por décadas, con el pretexto de la austeridad y plantea destinar esos recursos a los megaproyectos y otros gastos gubernamentales. Pero al hablar de austeridad y ahorro olvida mencionar que, si en algunas obras de gobierno se ha registrado despilfarro de recursos públicos, estos han sido los megaproyectos.
En el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) inicialmente se invertirían 70,000 millones de pesos, pero terminó costando aproximadamente 90,000 millones (29% más). Con la cantidad de presupuesto que se propone destinar en 2024 al Tren Maya, este sumará un sobrecosto de 208% más de lo previsto inicialmente. A mayo de 2023 en Dos Bocas se habían invertido 16,890 millones de dólares, lo que ya para entonces era un sobreprecio de 100%.
De tal manera que la austeridad es un simple pretexto y un engaño, en realidad el Ejecutivo quiere tomar los recursos de los trabajadores del PJF para destinarlos a los megaproyectos que se han convertido en barriles sin fondo y a la campaña de Estado que preparan para beneficiar a Sheinbaum en las elecciones de 2024.
Extinguir los fideicomisos no sólo violentaría los derechos laborales de los trabajadores, sino que implicaría un golpe más contra la división de poderes y la democracia. Hago votos porque la Cámara de Diputados ejerza también su autonomía y no se sume a la venganza de López Obrador contra el Poder Judicial.
