Ante el acoso lamentable que vivió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, expreso mi sororidad, me sumo a la condena generalizada y a la exigencia de justicia contra el responsable. Ninguna mujer, sin importar su cargo, historia o condición, debería pasar por una situación así.
Lamentablemente, lo que vivió la presidenta no es una excepción en nuestro país. Millones de mujeres y niñas sufren cotidianamente múltiples violencias y, en la gran mayoría de los casos, los agresores quedan impunes. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), comparados con los del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el índice de impunidad en los delitos contra las mujeres y niñas supera el 95%.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, en México, 70.1 % de las mujeres de 15 años y más ha experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida. La violencia psicológica fue la de mayor prevalencia (51.6 %), seguida de la violencia sexual (49.7 %). En el ámbito comunitario es donde viven mayor violencia (45.6 %), seguido de la relación de pareja (39.9 %).
Hay muchos otros casos que no se denuncian por temor a represalias. Impunidad Cero sostiene que, en México, de cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4 se denuncian; de cada 100 delitos denunciados, solo 14 se resuelven. Esto quiere decir que la probabilidad de que un delito cometido sea resuelto en nuestro país es de apenas 0.9 %. Estas cifras responden a la baja confianza que reportan los y las ciudadanas hacia los ministerios públicos y procuradurías estatales.
El feminicidio es la expresión más brutal de las violencias cotidianas de las que son víctimas las mujeres. En México ocurren en promedio de 9 a 11 feminicidios cada 24 horas; sin embargo, apenas la mitad de estos, cuando son investigados, concluyen en sentencias condenatorias, dando un índice de impunidad del 95%, según el INEGI. En muchos casos, los feminicidios no se investigan con perspectiva de género y se catalogan como homicidios dolosos de mujeres.
El panorama es desolador. Por eso es positivo que, a partir de la agresión lamentable —repito--, de la que fue víctima la presidenta, haya decidido enviar al Congreso de la Unión una iniciativa para que el acoso sexual se tipifique como delito grave, al tiempo que la Secretaría de las Mujeres presentó el Plan Integral contra el Abuso Sexual.
Dicho plan contiene ejes estratégicos como la homologación del tipo penal de “abuso sexual” como delito grave en todo el país; el impulso de una agenda de colaboración con el Poder Legislativo; la promoción de la denuncia; el fortalecimiento y mejora de la atención y acceso a la justicia; la capacitación y profesionalización institucional; el cambio cultural; y las acciones en torno al 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sin embargo, coincidiendo en el espíritu, la iniciativa presenta un clarísimo problema de violación a los derechos humanos que es que, al considerarlo delito “grave” entrará al listado de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, lo cual transgrede múltiples recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos.
Algunos de los temas de la iniciativa no son nuevos; en realidad, muchas son demandas históricas del movimiento feminista, de organizaciones ciudadanas y de organismos internacionales. Aunque es bueno que se retomen, ojalá se corrijan los excesos, se les dé seguimiento y se evalúen los resultados.
Esta iniciativa debe sentar las bases para diseñar una política pública integral que articule a los tres niveles de gobierno, con la participación de las instituciones de procuración e impartición de justicia y de la sociedad civil, enfocada en la reducción de todas las violencias contra las mujeres y niñas. Sobre todo, es indispensable destinar más presupuesto: política pública sin recursos se queda en meras intenciones.
Es decir, más que gestos simbólicos e iniciativas coyunturales, se requieren acciones concretas: un Estado que proteja, no que exponga; instituciones que actúen, no que callen; justicia real, rutas seguras y protocolos eficaces que pongan en el centro la dignidad y la vida de las mujeres y, particularmente, que coadyuven a cambiar el paradigma patriarcal que nos permita ejercer nuestros derechos en plenitud.
¡Porque justicia para una debe significar justicia para todas!