Con la convocatoria para la elección de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por parte del Senado de la República, se abre la posibilidad de rescatar a esta institución luego de que López Obrador le imprimió un sesgo ideológico al designar, con el apoyo de su partido y aliados, a Rosario Piedra Ibarra, quien declinó de sus facultades y fue omisa frente a graves violaciones a los derechos humanos a lo largo del sexenio.
Creada el 6 de junio de 1990, a impulso de la oposición, sociedad civil e instituciones académicas, la CNDH surge en el contexto del convulso proceso de democratización que culminó en la alternancia.
Desde entonces, la presidencia de este organismo fue ocupada por connotados juristas y especialistas en la materia y si bien, algunos de ellos, no estaban del todo desligados de vínculos partidistas y gubernamentales, ejercieron su autonomía y facultades para condenar y emitir recomendaciones en graves casos de violaciones a los derechos humanos como las masacres de Acteal, San Fernando, Tlatlaya, el incendio de la guardería ABC, entre otros.
La llegada de Piedra Ibarra, cuyo mandato culmina el 15 de noviembre, generó expectativas por ser hija de Rosario Ibarra de Piedra, pionera de la defensa de los derechos humanos en México, y por su propia trayectoria.
Sin embargo, desde que asumió el cargo optó por plegarse a las directrices ideológicas marcadas desde la presidencia por López Obrador e hizo mutis frente a las denuncias de miles de desaparecidos, el abuso de la fuerza letal por parte de las fuerzas armadas y la profundización de la militarización.
En este sentido, un centenar de organizaciones civiles agrupadas en torno al lema #LaCNDHQueQueremos, señalan que la gestión de Piedra Ibarra “ha enfrentado serias críticas por no abordar de manera plena, objetiva e integral la crisis de graves violaciones a derechos humanos que atraviesa el país…A pesar de las numerosas quejas interpuestas contra las fuerzas armadas en el contexto de militarización que vive el país.”
Argumentan que “en el contexto actual de debilitamiento a los contrapesos democráticos en México y las reformas impulsadas para desaparecer órganos autónomos cuyos mandatos se relacionan con la garantía de derechos, la CNDH debe de jugar un papel relevante para la protección de los derechos humanos, ante un Estado con gran concentración de poder…”
Como se advirtió en su momento, la participación de las Fuerzas Armadas ha implicado serias violaciones a los derechos humanos. Sólo, a manera de muestra, en el segundo día del nuevo gobierno, elementos militares masacraron a un grupo de migrantes en Chiapas, seis de los cuales murieron, argumentando que respondieron a una supuesta agresión. La Fiscalía General de la República, sin investigaciones de por medio, avaló la justificación de los agresores.
Respetar los derechos humanos al tiempo que se busca definir una estrategia de seguridad efectiva, es un reto clave para la administración de Claudia Sheinbaum. Por ello es importante que el gobierno y la mayoría oficialista en el Senado de la República valoren la importancia de colocar al frente de la CNDH a una persona con el perfil idóneo y sin ataduras ideológicas y partidistas.