No cabe duda que es una buena noticia la puesta en marcha del nuevo modelo de atención a la primera infancia anunciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, pero no hay que dejar de observar sus limitaciones frente a la magnitud de las carencias que enfrenta uno de los grupos de la población más vulnerables.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la atención a la niñez en la primera infancia es clave para el desarrollo futuro de la persona porque en esa etapa de la vida el cerebro se desarrolla rápidamente y se experimentan intensos procesos de maduración física, emocional y cognitiva.
En México hay más de 12.4 millones de niños y niñas menores de 6 años. Según lo recabado en La Agenda de la Infancia y Adolescencia 2019-2024, elaborada por la UNICEF, el 12% padecen desnutrición crónica; únicamente el 30% recibió lactancia materna exclusiva durante sus primeros 6 meses de vida y 65% no tiene acceso a libros infantiles, lo cual puede ser un factor de incidencia en los deficientes niveles en lectura y escritura al cursar primaria.
A decir del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), entre 2018 y 2020 se observó un incremento de la pobreza en la población infantil y adolescente de 2.3 puntos porcentuales, pasando de 50.3% a 52.6%; este aumento se debió en gran parte a la crisis de los ingresos familiares como consecuencia de la pandemia por COVID-19. En cuanto a desglose por grupo etario, el 54.3% de la población en primera infancia se encontraba en situación de pobreza.
La implementación del programa de atención a la Primera Infancia estará a cargo del Seguro Social a través de los denominados Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), en donde se busca brindar no solo un servicio de guardería, sino también un espacio de formación y bienestar integral para la niñez.
Sin embargo, no se deben soslayar las restricciones porque la gran mayoría de las y los mexicanos carecen de seguridad social, por lo que es probable que muchas de los 8 millones de familias que tienen a su cuidado a un menor de 6 años, no tendrán acceso a los servicios que ofrecerá este nuevo modelo de atención a este grupo de la población.
De acuerdo con la medición multidimensional de la pobreza en México, elaborada por el CONEVAL, en 2022 el número de personas sin acceso a seguridad social durante ese año fue de 64.7 millones. El organismo reveló que sólo el 38.3% de las personas encuestadas reportaron estar afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Durante la campaña por la presidencia, 500 organizaciones sociales promovieron el denominado Pacto por la Primera Infancia que fue firmado por Claudia Sheinbaum, Xóchilt Gálvez y Jorge Álvarez Maynez, en el que se comprometieron a trabajar por mejorar las condiciones de niñas y niños menores de 6 años.
El Pacto es una iniciativa ciudadana que busca hacer de la primera infancia una prioridad nacional mediante el impulso políticas públicas cocreadas con niñas, niños y sus familias, el gobierno, la sociedad civil, organismos internacionales, la academia y el sector privado.
El esquema creado por el gobierno federal es un avance en este sentido, pero no es suficiente. Garantizar el disfrute del derecho a la supervivencia, al desarrollo y la protección de la primera infancia sólo será posible con una política pública integral e incluyente.
