La publicación de una serie estadística, elaborada por la analista de datos y divulgadora científica, identificada en X como Montse @lapanquecita, que registra los nacimientos de bebés que tuvieron niñas con señores y adultos que les triplican la edad a ellas; no sólo evidencia el fracaso de las políticas públicas para la prevención del embarazo infantil, sino la impunidad del abuso contra menores de edad.
Esta investigación, basada en datos de la Secretaría de Salud, resalta también la necesidad de construir una estrategia integral para garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que vaya más allá de los apoyos económicos que otorgan los programas sociales.
Alarman, particularmente, los casos de las niñas de menor edad. Entre ellos destaca el de una madre de 10 años, originaria de Texcoco, Estado de México, cuya pareja tiene 32; una de Matehuala, San Luis Potosí, quien tiene 11 años, y su pareja 47; otra de 12 años, de El Oro, Estado de México, cuya pareja tiene 65.
En este último rango de edad es donde se encuentra la mayor distancia de años de los hombres adultos respecto a las menores de edad, en donde hay diferencias de 53, 38, 32, 28, 27, 21, 18, y 16.
La difusión de esta investigación desató indignación en redes sociales y las alertas por parte de colectivas defensoras de los derechos de la infancia. También la sorpresa de la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien en la mañanera del 3 de julio se comprometió a solicitar una investigación sobre este asunto.
Ojalá que este hecho tenga como consecuencia no sólo la indagación de estos casos específicos, sino la revisión de las acciones para la prevención del embarazo infantil y adolescentes; y el reforzamiento al combate del abuso infantil.
En particular, se debe evaluar la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), que tiene como objetivos reducir en 50 por ciento la tasa de fecundidad de las adolescentes entre 15 a 19 años, para el año 2030 y erradicar embarazos en niñas de 14 años o menos.
Además, se deben aplicar estrictamente las reformas de junio de 2019 al artículo 148 del Código Civil Federal que establecen que para contraer matrimonio es necesario haber cumplido dieciocho años; y que derogaron la posibilidad de que autoridades locales y familiares concedan dispensas o consentimiento para contraer matrimonio antes de los 18 años.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), todos los días nacen más de mil bebés de niñas y adolescentes. En 2020 se registraron 373 mil 661 nacimientos de madres menores de 18 años, de los cuales 8 mil 876 son de niñas entre los 12 y 14 años. (ONU, septiembre de 2021)
A decir de la UNAM, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en embarazos en adolescentes entre las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años. (Boletín UNAM-DGCS-729)
A todas luces, la estrategia para prevenir el matrimonio forzado, el embarazo infantil y adolescente, enfrenta retos importantes y tropiezos evidentes.
Reconocer esto debe ser un principio que lleve al fortalecimiento de las políticas públicas destinadas a combatir este grave problema, empezando por el replanteamiento del trabajo conjunto entre las instituciones y organizaciones civiles que han hecho una labor destacada en defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero que se enfrentan a la desconfianza gubernamental.
