Como era de esperarse, Lenia Batres Guadarrama tomó su cargo como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la espada desenvainada. Se asumió como “ministra del pueblo”, no como integrante de uno de los tres poderes cuya responsabilidad es proteger el orden constitucional, los derechos humanos establecidos en ésta y los tratados internacionales, así como los derechos político-electorales de las personas y administrar justicia de forma independiente, eficiente y oportuna.
De las Ministras y Ministros que ha propuesto durante su gestión, Lenia Batres, de acuerdo con su discurso, es la que más abiertamente ha expresado sus vínculos con López Obrador.
Sus decisiones tendrán un carácter partidista y dejó en claro que llega para empujar desde dentro la reforma judicial que promueve el Presidente con el objetivo de que las y los integrantes de este poder sean electos en las urnas.
En consonancia con la línea discursiva presidencial, Lenia enfocó sus críticas a las recientes decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo las declaraciones de invalidez de leyes promovidas por el actual gobierno que a juicio de la mayoría del pleno eran violatorias de los derechos humanos, el proceso legislativo y los preceptos constitucionales.
En la retórica que todo justifica, incluso violaciones a la Carta Magna, vulneraciones a la división de poderes y a los órganos autónomos, Lenia se dijo orgullosa por “provenir del pueblo”.
Al igual que López Obrador, la nueva Ministra se propone “transformar” el Poder Judicial a partir de consideraciones ideológicas y políticas, olvidando que han sido las luchas históricas de todas y todos los mexicanos las que han forjado la Nación cuyo sustento principal es la Constitución de la República que la 4t pretende interpretar de manera parcial para justificar sus acciones ilegales y favorecer su continuidad.
La designación de Lenia Batres es una maniobra más para encaminar la reforma en la que insiste López Obrador en su campaña de descalificación contra el Poder Judicial a partir de que la SCJN ha tomado decisiones que él considera ajenas a los intereses del “pueblo”, pero que en realidad buscan proteger el orden constitucional, que es la principal función del máximo tribunal de justicia de la Nación.
Sin lugar a dudas, el Poder Judicial como los otros poderes de la Unión, requiere cambios que le permitan garantizar la resolución justa de los conflictos, el debido proceso y defender los derechos de manera más expedita y transparente para contribuir a la confianza de las y los ciudadanas y a la paz social, mediante un ejercicio pertinente de los recursos públicos.
Pero esos cambios no pueden darse de manera unilateral, vulnerando su autonomía, contraviniendo sus funciones y facultades de contrapeso ante la actuación de los otros poderes de la Unión.
Permitir que alguno de uno de los poderes se imponga sobre otro, como ha sido la tónica del gobierno de López Obrador, sería tanto como resquebrajar los pilares de la República y sentar las bases de un modelo centralista en donde se vuelva a imponer un presidencialismo autoritario. Bajo ninguna circunstancia permitiremos esa regresión democrática en México.
