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La reforma al Poder Judicial aprobada por Morena y aliados en el Congreso de la Unión es uno de los procesos más desaseados que se han dado en la historia contemporánea del Poder Legislativo.
En principio, hay que anotar que los partidos oficiales pudieron lograrlo gracias a que el Instituto Nacional Electoral (INE) les otorgó una sobrerresentación que no les correspondía.
El INE concedió a Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, el 73% por ciento de las 500 curules en la Cámara de Diputados, cuando en las urnas sólo obtuvieron el 59.7 por ciento del total de votos emitidos en la elección del 2 de junio.
En el Senado, obtuvieron 83 curules, tres menos de los que se necesitan para cambiar la Constitución que, en el caso en comento, consiguieron de manera vergonzosa cooptando primero a dos legisladores que ganaron con las siglas del PRD y quienes decidieron darle la espalda a la República. Adicionalmente, para presionar a la oposición, tanto el gobierno federal como los estatatales controlados por Morena usaron las fiscalías para desempolvar expedientes judiciales contra algunos senadores.
Así vimos cómo también se dobló el senador panista por Veracruz Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, aliado en su momento de Elba Esther Gordillo, tantas veces repudiada por López Obrador, y cabeza de una dinastía política local que ha medrado a costillas del PRI y PAN.
Es probable que a Yunes Linares lo hayan amenazado con reactivar la “carpeta azul”, que supuestamente contiene evidencias de un presunto enriquecimiento ilícito, a la que el presidente ha hecho alusión repetidas veces, y que le hayan ofrecido desactivar las órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía General de Veracruz contra sus hijos Miguel Ángel y Fernando.
También es probable que haya negociado no sólo impunidad sino más capital político para su familia, ahora auspiciada por Morena.
Otra maniobra reprobable fueron las presiones ejercidas contra el Senador de MC, Daniel Barreda, cuyo partido denunció que no se presentó a la sesión por haber sido detenido e incomunicado por la Fiscalía General de Campeche, junto con su padre, Daniel Barreda Puig y el diputado local, Paul Arce. Barreda Puig es el suplente de su hijo, por lo que no había manera de que asumiera en el cargo frente a la ausencia del titular.
Nueva información pone en duda esta versión y ahora el propio coordinador de MC, Clemente Castañeda, emplazó a su compañero a “dar una explicación convincente sobre su ausencia en la sesión donde se aprobó la reforma judicial”. Lo cierto es que la estrategia de Morena, cooptación o no en este caso, funcionó.
A este proceso legislativo tan desaseado, le precedió la absoluta negativa de Morena de escuchar, atender y agregar al dictamen de las iniciativas las propuestas presentadas por magistradas, magistrados, especialistas y la oposición en los Diálogo Nacionales para la Reforma del Poder Judicial.
Soberbia, prepotencia, intolerancia, autoritarismo e ilegalidad marcaron de principio a fin la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente y aprobada diligentemente en el Congreso por Morena y aliados.
Pero no todo está dicho. Los partidos de oposición ya anunciaron que impugnarán por lo que el asunto pasa a la cancha del Poder Judicial, que ha expresado su desacuerdo pero que ya planteó su propia propuesta de reforma.
Es cierto que se requiere una reforma para mejorar el acceso a la justicia y combatir de manera más eficaz la corrupción e impunidad, pero no demoliendo al Poder Judicial y quebrantando la división de poderes y, con ello, la democracia.
