La reforma propuesta por el Presidente de la República y asumida por Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, convertiría el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en unidad administrativa del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), lo que incrementaría la indefensión en la que de por sí se encuentra este grupo de la población.
El SIPINNA es el encargado de coordinar y dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados por las entidades federativas y la Federación, para la implementación de políticas públicas que protejan la integridad de los derechos de y las niñas, niños y adolescentes.
Este es el diseño institucional que, desde 2014, por unanimidad de las fuerzas políticas, se adoptó para poder dar cumplimiento a lo establecido en la Convención sobre los derechos del niño, que forma parte de nuestro marco jurídico desde 2011.
Con la aprobación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se dio un gran paso al dejar de considerar que los derechos de la infancia deben ser ejercidos por sus tutores y, cambiando de paradigma, pasaron a considerarlos como sujetos de derechos, poniendo a México a la vanguardia en la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
De concretarse esta reforma no sólo se diluirían las funciones específicas del SIPINNA entre una gran cantidad de otras obligaciones que tiene el DIF, sino que ya está probado que en la estructura institucional de este no se dan las condiciones para el mayor resguardo de los derechos de este grupo de la población.
El presidente de la República, en aras de un mayor control administrativo y de una falsa austeridad, pone en peligro el interés superior de la infancia y ante el riesgo de afectación que ésta determinación depararía a los derechos de la niñez, resulta obligatorio que quienes deban tomarla antepongan la garantía de derechos a la burocracia.
La sumisión del SIPINNA al DIF no permitiría avanzar, junto con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en la conformación de un sistema regional especializado, contraviniendo entonces el principio de progresividad de los derechos humanos establecido en el Artículo Primero Constitucional.
Por lo anterior, debe rechazarse esta transferencia de funciones y anteponer el interés superior de la infancia, en todas las decisiones que se tomen, tal y como lo establece el artículo 4° de la Constitución.
En este sentido, y en el marco del Día del niño y la niña, hay que enfatizar que este grupo de la población ha vivido momentos difíciles, particularmente derivados de las decisiones lesivas tomadas por el gobierno de López Obrador y de la situación de violencia ocurrida en los últimos años que ha dejado a miles de niñas y niños en situación de orfandad, los que se suman a las y los que perdieron sus familias a partir del mal manejo de la pandemia del Gobierno Federal.
Por lo que, en este contexto, se deben reforzar las acciones, programas y compromisos a través de una agenda a favor de la infancia y la adolescencia mexicana; en lugar de andar debilitando instituciones creadas para garantizar sus derechos.