A propósito del Día del Periodista, nuestra admiración y respeto
Algo se tuerce en México cuando informar es condenado. Cuando ejercer el periodismo deja de ser una garantía y empieza a tratarse como una conducta delictuosa. El caso del periodista Rafael León Segovia vinculado a proceso y sometido a prisión domiciliaria en Veracruz no puede leerse como un hecho aislado: es una señal de alerta para la libertad de expresión y para el derecho de la sociedad a estar informada.
A Rafael León se le impusieron medidas cautelares que, en los hechos, le impiden ejercer su labor periodística. No puede salir, no puede cubrir, no puede investigar. Es decir, no puede informar. Y aunque la acusación inicial por terrorismo fue descartada, el mensaje ya quedó claro: informar puede salir caro.
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas Artículo 19 han advertido que este proceso judicial criminaliza el trabajo periodístico y sienta un precedente peligroso. Si cubrir hechos de interés público puede interpretarse como “encubrimiento” o “favorecimiento”, entonces cualquier periodista que investigue temas sensibles para el gobierno queda en riesgo. Hoy es uno; mañana pueden ser muchos.
Este tipo de decisiones golpean de lleno el derecho de todas y todos a recibir información. Porque cada vez que se limita la labor de un periodista, se limita también la posibilidad de conocer, cuestionar y exigir cuentas.
Lo que ocurre en Veracruz se suma a una tendencia preocupante en otras entidades del país. En Puebla, organizaciones de periodistas y colectivos han interpuesto amparos contra el delito de “ciberasedio”, una figura penal redactada de forma ambigua que puede utilizarse para sancionar expresiones críticas en entornos digitales. Bajo el argumento de proteger a las personas, se abre la puerta a la censura y al castigo de opiniones incómodas.
No se trata de combatir la violencia digital. Se trata de algo elemental: el derecho penal no puede convertirse en una herramienta gubernamental para inhibir la crítica, el periodismo o la libre expresión de ideas. Cuando la ley se usa para callar, deja de ser justicia y se convierte en censura.
La libertad de expresión no es un privilegio ni una concesión del poder. Es un derecho humano reconocido en la Constitución y en tratados internacionales, y una condición indispensable para la democracia. Sin prensa libre no hay transparencia. Sin información no hay ciudadanía informada. Y sin ciudadanía informada, el poder se ejerce sin contrapesos.
Normalizar la persecución judicial contra periodistas o aprobar leyes vagas que criminalizan la expresión pública genera miedo, autocensura y silencio, que nunca ha sido buen aliado de la democracia.
Defender la libertad de expresión no implica defender abusos; es defender el derecho a preguntar, a investigar, a señalar y a disentir. Porque cuando informar se vuelve delito, lo que está en juego no es solo la libertad de un periodista, sino la libertad de toda la sociedad.
Callar voces no protege a la ciudadanía. La deja a oscuras.
PD. Solidaridad con el pueblo venezolano para encontrar el camino a la paz y la libertad.