El proceso electoral 2023-2024 es inédito en muchos sentidos, no sólo por ser el más grande en la historia electoral del país en virtud de que se renovarán 20,708 cargos y en el que participarán más de 99 millones de votantes, sino por la influencia que ejerció, de principio a fin, López Obrador para favorecer a su partido.
Si nos apegamos a la definición estricta, esta es, en toda su acepción, una elección de Estado. Maikel Ansted Hoffmann define el término como “la manipulación del proceso electoral por parte del gobierno en turno para favorecer a su candidato y partido. Esto incluye el uso de recursos públicos en la campaña, la coacción de votantes, la limitación de la libertad de prensa y la obstrucción de la participación de partidos de oposición”. (Revista Interactiva, mayo, Cámara de Diputados)
En efecto, Andrés Manuel López Obrador, pensando en la continuidad de su proyecto político, desde el primer momento que asumió el cargo tomó una serie de decisiones que terminaron vulnerando el principio básico de una elección y, por ende, de un régimen democrático: la equidad.
Hay muchas evidencias que permiten sostener este argumento, aunque por cuestión de espacio sólo enumeraré algunas de las que más podrían influir en los resultados de las elecciones del próximo año.
Las mañaneras fueron diseñadas no como una herramienta para democratizar la comunicación institucional, sino para imponer la agenda mediática, descalificar a la oposición, a los órganos autónomos y a todas las voces críticas, imponer los propios datos del Ejecutivo Federal para evadir la realidad y construir cortinas de humo y, en el último trato del sexenio, influir en la opinión de los votantes.
Tan sólo en lo que va del mes de mayo, de las 15 mañaneras López Obrador habló en 14 ocasiones sobre el proceso electoral y los resultados de sus programas sociales, además de lanzarse contra la oposición, sin importar las amonestaciones del Instituto Nacional Electoral. (El Universal, 22/05/2024)
El uso clientelar de los programas sociales han sido también una herramienta estratégica para posicionar no al gobierno federal, sino a López Obrador y a las y los candidatos de su partido, pues más de 19 mil Servidores de la Nación, con chalecos alusivos a los colores de Morena, conformaron una estructura operativa y electoral aceitada con 2.7 billones de pesos manejados de manera discrecional durante todo el sexenio desde la Secretaría de Bienestar.
Incluso Marcelo Ebrard presentó una denuncia ante el Consejo Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional de su partido, por el presunto uso de programas sociales de la Secretaría de Bienestar en favor de Sheinbaum.
Otra acción determinante fue la vulneración del INE, no sólo en términos presupuestales sino en el nombramiento de una presidenta que parece afín al gobierno. Como consecuencia de este ataque sistemático, el Instituto está mostrando serias deficiencias en la organización del proceso electoral como nunca se habían visto desde la creación de este órgano autónomo.
Hoy, esas y otras muchas acciones similares, atravesadas por la intromisión del crimen organizado ante la impasibilidad, con viso de complicidad, del gobierno federal, nos encaminan a una elección inequitativa que sólo podría ser corregida con la masiva participación de la ciudadanía en las urnas, la cual tendrá la última palabra en la consolidación de la democracia o la de un régimen autocrático.
