El asesinato de Rubí Patricia Gómez Tagle, madre buscadora en Mazatlán, Sinaloa, no es solo una tragedia individual. Es el reflejo doloroso de la crisis de desapariciones que enfrenta México y del riesgo extremo en el que viven quienes, ante la ineficacia institucional del gobierno federal y estatales, han decidido buscar a sus seres queridos.
Rubí tenía 38 años. Desde la desaparición de su hijo en mayo de 2025, se integró al colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa. A sus compañeras y compañeros expresamos nuestra solidaridad, respeto y acompañamiento. Como miles de familias en el país, su vida se transformó en jornadas de búsqueda, gestiones ante autoridades, trabajo en campo y apoyo a otras madres que viven la misma incertidumbre. Su lucha no era política ni mediática: era el ejercicio del derecho más profundo a encontrar a su hijo.
Fue asesinada el 27 de febrero de 2026 dentro de su domicilio, con violencia extrema. El crimen ocurrió en la víspera de la visita oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum al estado. Este hecho no puede pasar inadvertido: incluso en un contexto de presencia institucional de alto nivel, la seguridad de las personas buscadoras no está garantizada. El mensaje es alarmante y revela el nivel de vulnerabilidad en el que realizan su labor.
Este caso no es aislado. De acuerdo con organizaciones de derechos humanos y registros académicos, al menos 34 familiares de personas desaparecidas han sido asesinados en México desde 2010 por su labor de búsqueda. Asimismo, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (2021) expresó su preocupación por las amenazas y agresiones contra familiares que buscan e instó al Estado mexicano a adoptar medidas eficaces para su protección.
La dimensión de la crisis es contundente. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en México hay más de 110 mil personas desaparecidas. Frente a esta realidad, miles de familias han asumido tareas que corresponden al Estado: búsqueda en campo, localización de fosas clandestinas, recopilación de información y acompañamiento a procesos forenses y ministeriales.
Las personas buscadoras son, en los hechos, defensoras de derechos humanos. Su labor contribuye al derecho a la verdad, a la justicia y a la memoria. Sin embargo, la protección institucional ha sido insuficiente. Aunque la Ley General en Materia de Desaparición establece la obligación de garantizar su seguridad y fortalecer el Sistema Nacional de Búsqueda, la realidad muestra que muchas familias continúan operando en condiciones de riesgo, exposición y desgaste emocional.
El asesinato de Rubí Patricia también debe entenderse como un intento de intimidación. Cada agresión contra una madre buscadora envía un mensaje de miedo a los colectivos y a las familias que continúan en campo. Es una forma de violencia que busca desalentar la exigencia de verdad y justicia.
La respuesta del Estado en este caso debe ser clara y contundente. Es indispensable una investigación pronta, independiente y con perspectiva de género que considere su labor de búsqueda como línea prioritaria. Pero también se requieren acciones estructurales: el reconocimiento formal de las personas buscadoras como defensoras de derechos humanos, la evaluación urgente de riesgos, el acceso efectivo a mecanismos de protección y el fortalecimiento real de las comisiones y del Sistema Nacional de Búsqueda.
México enfrenta una crisis humanitaria que no puede seguir normalizándose. Mientras haya desapariciones, las familias seguirán buscando. Pero esa búsqueda no puede desarrollarse en soledad ni bajo amenaza.
La memoria de Rubí Patricia Gómez Tagle nos convoca a la solidaridad con su familia y con el colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa. En un país que aspira a la justicia, buscar a un hijo o a una hija no debe ser un acto de valentía.
Buscar no debe costar la vida. Garantizar que las personas no desaparezcan no es un gesto político: es una obligación del Estado.