El presidente López Obrador no pretende terminar su mandato sin dejar de insistir en tomar por asalto al Poder Judicial que, hasta el momento, junto con la sociedad civil, el Instituto Nacional Electoral y la oposición en el Congreso de la Unión, no le han permitido pasar por encima de la Constitución de la República y la democracia.
Desde que asumió el cargo, López Obrador se ha dedicado a desmontar todo aquello que signifique un contrapeso a la concentración de poder en el Ejecutivo Federal y al ejercicio discrecional del presupuesto público.
Es por ello que intentó un golpe contra el Poder Judicial al promover una reforma que permitiera la reelección en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del ministro Arturo Zaldívar, que no transitó porque el pleno defendió su facultad de elegir entre sus integrantes a quien presida el máximo órgano de justicia de la Nación.
Hoy, Arturo Zaldívar es parte del equipo de Sheinbaum y trabaja en una reforma que busca vulnerar la autonomía del Poder Judicial, al que antes sirvió.
Desde entonces, el presidente no ha quitado el dedo del renglón y en este momento tiene cuatro frentes abiertos para lograr lo que ha sido una de sus grandes obsesiones.
El primero es la campaña de descalificación que despliega de manera permanente desde la mañanera contra la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández y las y los Ministros que, en ejercicio de sus facultades, han votado resoluciones desfavorables al gobierno federal.
El otro frente es la iniciativa, incluida en el paquete enviado el 5 de febrero a la Cámara de Diputados por el Ejecutivo Federal, la cual propone que ministras, ministros de la SCJN, Magistradas y Magistrados de Circuito, las Juezas y Jueces de Distrito, y las Magistradas y Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como de quienes integran los órganos de disciplina del Poder Judicial de la Federación, sean electos en las urnas.
El tercer frente es la iniciativa presentada por Morena en la Cámara de Diputados que pretende impedir que normas impugnadas vía acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional ante la SCJN, y que no alcancen ocho de los once votos del pleno, puedan retomarse, analizarse de nuevo vía amparos y ser declaradas inconstitucionales.
Por tratarse de una reforma a una ley reglamentaria, Morena y aliados tienen la mayoría de votos necesaria para sacarla adelante. De ser aprobada, el Ejecutivo Federal podría contar con el respaldo de algunas o algunos de los cinco ministros designados durante su administración. La última de ellas, Lenia Batres Guadarrama, ha declarado, sin el menor rubor, su alianza con el movimiento que encabeza López Obrador.
El quinto frente es el político. El presidente, de manera ilegal y sin recato alguno, está llamando a votar para que su partido gane la presidencia y la mayoría calificada en el Congreso de la Unión con el fin de que las acciones de su gobierno, y sus propuestas legislativas, tengan continuidad.
Sin embargo, cada vez que el presidente insiste en vulnerar la Constitución, la división de poderes y los órganos autónomos, encuentra una respuesta firme en la sociedad civil. Este domingo La Marcha por la Democracia demostró que la lucha contra la regresión democrática está más viva que nunca, le guste o no a López Obrador.
En ese sentido, retomo aquí una de las frases de la intervención de Lorenzo Córdova: “Hay quien dice que las instituciones sí se tocan, claro que sí, pero solo si es para mejorarlas, si lo que se quiere es destruirlas, destazarlas o cancelarlas, lo decimos fuerte y claro, las instituciones no se tocan”.
