A pesar de las contundentes evidencias, el presidente de la República repite como un mantra que el Ejército sólo obedeció ordenes de Gustavo Díaz Ordaz en los hechos del 2 de octubre de 1968 y señala como responsables de la masacre a integrantes del entonces Estado Mayor Presidencial.
El presidente de la República pretende hacer creer que el Estado Mayor Presidencial actuó, y formó parte del Batallón Olimpia, el grupo paramilitar creado por el gobierno mexicano al que se le responsabiliza de la masacre, como un ente ajeno a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), encabezada por el General Marcelino García Barragán, por cierto, abuelo de Omar Hamid García Harfuch, el alfil de Claudia Sheibaum como candidato de MORENA a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Pero no sólo eso, además, de manera unilateral, López Obrador exculpa al Ejército Mexicano de su participación, cuando una y otra vez los sucesivos altos mandos militares se han negado a permitir el acceso a los archivos de la SEDENA en los esfuerzos por determinar la veracidad de estos lamentables acontecimientos.
Al respecto, es pertinente evocar una de las iniciativas más importantes con este fin que se implementó desde la Cámara de Diputados con la creación de la Comisión Especial del Caso 68 en la LVII Legislatura (1997-2000), impulsada de manera activa por el Partido de la Revolución Democrática, y de la que formaron parte los diputados perredistas Armando López Romero y Pablo Gómez Álvarez, hoy titular del Unidad de Inteligencia Financiera. Esta comisión se topó con la absoluta cerrazón del Ejército.
Al rendir el informe de dicha comisión, el presidente Gustavo Espinosa Plata denunció la negativa de la SEDENA a la petición de apertura y acceso a los documentos de sus archivos.
“La respuesta obtenida fue una intransigente y rotunda negativa, con argumentos inverosímiles”, dijo el diputado y citó lo dicho por la dependencia: “los documentos de la Secretaría de la Defensa son secretos y propiedad de la Nación”; de donde deducimos, apuntó el legislador, que “los diputados solicitantes son representantes de una nación extranjera o, posiblemente, extraterrestres”.
Esta opacidad de la SEDENA no sólo respecto a los acontecimientos del 68 sino sobre otros que han derivado en masacres y desaparición forzada de personas en los que se presume la participación de elementos militares, como la Guerra Sucia de los 70, en la que participó también la Dirección Federal de Seguridad, presidida en esa época por Javier García Panigua, padre de García Harfuch, o el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa; ha obstaculizado el acceso a la justicia.
Pero si para el presidente de la República la participación del Ejército Mexicano en los hechos que derivaron en el asesinato y desaparición de un indeterminado número de estudiantes el 2 de octubre de 1968 fue un “error” (mañanera, 4 de octubre de 2022), el clamor “Ni perdón Ni olvido” se mantiene vigente, como lo demuestra la participación de jóvenes y estudiantes en las marchas en conmemoración del 55 aniversario.
De tal manera que la sociedad sigue exigiendo la verdad, aunque López Obrador tergiverse convenencieramente la historia pretendiendo colocar un manto de impunidad sobre los presuntos autores de un hecho que simboliza una herida abierta en el corazón de las y los mexicanos.
