Más de 61 mil millones de pesos observados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y 71 denuncias penales por malos manejos: ese es el saldo documentado de los desvíos en Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte. A esa magnitud, calificada por la ASF como “sin precedente” para un gobierno estatal, se suman hallazgos periodísticos sobre empresas fantasma, testaferros y decisiones procesales que redujeron la gravedad penal del caso. Todo ello desemboca hoy en un punto crítico: la posibilidad de que el mayor caso de corrupción registrado por la ASF termine coronado como el mayor caso de impunidad.
No es un debate político, es aritmética pública y lógica institucional. Se desviaron recursos federalizados que debían financiar salud, educación, seguridad y programas sociales en veracruz o que pudieron llegaron a otros lugares del país; se presentaron decenas de denuncias; se abrieron múltiples carpetas y, sin embargo, no hay reparación integral del daño ni sentencias proporcionales al tamaño del quebranto. Ese es el corazón del problema.
¿Cómo llegamos hasta aquí?
Primero, la reclasificación penal. La acusación de delincuencia organizada se transformó en asociación delictuosa, una figura con pena menor que abrió la puerta a un procedimiento abreviado y una condena reducida. Organizaciones especializadas, como Tojil, lo señalaron como un viraje que disminuyó el alcance sancionatorio del caso y que perdió de vista a las víctimas verdaderas de este macrocaso de corrupción.
Segundo, los criterios de oportunidad. El extesorero estatal Antonio Tarek Abdalá obtuvo beneficios procesales a cambio de colaborar con la Fiscalía. El resultado fue evitar su imputación en decenas de investigaciones y llevar el énfasis del caso sin reparación del daño equivalente. El mensaje implícito es: cooperar puede ser sinónimo de impunidad.
Tercero, la fragmentación procesal. En lugar de articular una macrocausa con una narrativa financiera única, donde un servidor público de alto nivel abusó de su poder, para la transferencia de fondos públicos a cuentas privadas, se atomizaron las imputaciones en una constelación de expedientes que no se hablan entre sí. Así, se diluye la trazabilidad del dinero, se elimina la responsabilidad y se desgasta a servidores públicos de rangos medios que enfrentan procesos uno a uno, mientras la cúspide del esquema obtiene ventanas de salida, con dineros en lugares lejanos a los que debían ser beneficiarios.
Cuarto, la ruta reciente. Mientras cumplía su pena federal, iniciada en 2017, Duarte fue absuelto en 2024 del proceso por desaparición forzada en Veracruz. Con ese obstáculo removido, solicitó la libertad anticipada al considerar cubierta la mayor parte de su condena. Todo ello sucede con recursos no devueltos, víctimas sin reparación y una sociedad que mira, desconcertada, cómo la puerta de salida se abre demasiado pronto para quien protagoniza el expediente de mayor gravedad económica en México.
Quinto, el contexto internacional. Karime Macías permanece en libertad bajo fianza y reside en Londres, donde, según los registros de investigaciones períodisticas, habría trasladado parte de los recursos desviados. Es un recordatorio de que la recuperación de activos exige cooperación transfronteriza, diligencia civil y financiera, y no solo la vía penal doméstica. Aquella mujer que conocimos a través de su diario “merezco abundancia”, hoy divorciada del ex gobernador, goza del dinero que, debería de estar en manos de los veracruzanos traducido en mejores condiciones de vida.
¿Qué está en juego?
El Estado de derecho se mide por su capacidad para proteger a las víctimas, poner a los juzgados en igualdad de condicioenes y recuperar lo robado. Si el caso más grande de corrupción documentado por la ASF concluye sin recuperar activos, sin esclarecer la ruta del dinero y sin sanciones proporcionales, el mensaje será devastador: delinquir, corromper, robar y defraudar a la población, puede salir barato si se negocia bien, si se atomizan los expedientes y si se alega “cumplimiento de pena” aun cuando no hay reparación.
También está en juego la credibilidad de las instituciones: ASF, fiscalías, poderes judiciales, la Unidades de Inteligencia Financiera y hacendarias, órganos locales. Todos. Porque este no es un asunto de un solo expediente, sino la prueba de que un sistema es capaz de cerrar la pinza entre auditar, denunciar, investigar, acusar, sentenciar y recuperar activos al no haber resultado articulado. Ahí podría probarse el ya muy mencionado, Sistema Nacional Anticorrupción.
¿Qué sí se puede hacer?
1. Construir la macrocausa: integrar, en lo posible, los hilos probatorios para exponer el mecanismo central del desvío (tránsito de fondos públicos a cuentas privadas), con un modus operandi, poder utilizar recursos federales, con decretos a modo, a conveniencia, en lugar de seguir fragmentando carpetas que solo dispersan la responsabilidad.
2. Condicionar beneficios a resultados: ningún criterio de oportunidad sin devolución efectiva y cooperación verificable. La colaboración sin reparación es insuficiente.
3. Priorizar la recuperación de activos: acciones civiles, embargos y cooperación internacional (incluida la ruta a Reino Unido, Londres) con metas públicas de recuperación y plazos definidos.
4. Estándares de transparencia: tableros públicos de avance, tenemos que ir, de la denuncia a la sentencia y a la recuperación, con indicadores comparables, para que la ciudadanía mida resultados, no discursos.
5. Protección a víctimas y testigos: porque sin quienes denuncian y sin quienes colaboran de buena fe, no hay caso que se sostenga.
Lo que nos gustaría
Este no es solo el cierre de un capítulo: es la prueba de fuego de nuestro sistema de justicia y del aparato gubernalmental. Ojo aquí, de la coordinación que instruyan las más altas autoridades de este país, siempre en estricto apego a la ley, dependerá que el mayor caso de corrupción no termine consagrado como el mayor caso de impunidad. El país necesita una señal inequívoca: que robar dinero público, que ser corrupto SÍ tiene consecuencias reales y que las víctimas, las personas que no recibieron servicios de salud, educación, seguridad, importan más que cualquier estrategia de defensa.
No alcanza con indignarse: hay que cerrar la ruta del dinero, devolverlo a su destino y sentar un precedente. Porque si este caso se nos escurre entre los dedos, no solo perdemos recursos: perdemos confianza, futuro y autoridad moral para exigir cuentas la próxima vez.
Vania Pérez Morales: Ciudadana, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción y profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México.