El Sistema Nacional Anticorrupción no funcionó. Esa es la verdad incómoda que muchos prefieren no decir en voz alta. Su promesa de coordinación, de vigilancia y de integridad institucional se fue diluyendo entre trámites, excusas y silencios. Revivirlo ha costado mucho. Y lo digo no solo como Presidenta del SNA, sino como una ciudadana que ha tenido que enfrentarse, prácticamente sola, a todo el aparato gubernamental.
Combatir la corrupción en México no solo implica denunciar los actos indebidos; también exige romper con las inercias burocráticas que, cada día, se encargan de explicar con detalle por qué no se puede. Porque en este país no se puede investigar, sancionar, o siquiera nombrar la palabra corrupción sin que alguien te advierta que “no es el momento”, que “hay prioridades”, que “no conviene”.
He comprobado que la corrupción no siempre se esconde detrás de grandes desvíos, sino en las pequeñas decisiones de quienes deciden no hacer nada. En las autoridades que consideran irrelevante la convocatoria de una ciudadana, aunque esa ciudadana presida un ente del Estado contemplado en la Constitución. Una ciudadana no da votos, no suma popularidad, no es políticamente rentable. Y eso, para muchos, basta para ignorarla.
Es más cómodo hablar de “fortalecer las políticas anticorrupción” que entrarle de verdad. Desde mi llegada al Sistema he insistido en lo esencial: la corrupción se combate con hechos, no con discursos. Por eso he puesto sobre la mesa cuatro casos emblemáticos —Segalmex, CONADE, la Estafa Maestra y Odebrecht—, además de uno presentado formalmente por un ciudadano, que sin recursos ni respaldo político, decidió confiar en el SNA.
A pesar de la convocatoria formal de la Presidencia del Sistema, los integrantes del Comité Coordinador no han asistido, han sido pocos los titulares que sin falta han estado en cada una de las sesiones formales y de trabajo. A pesar de ser una obligación legal, llevamos siete meses sin sesionar. No porque la corrupción se haya acabado, sino porque, al parecer, hay cosas “más relevantes”. Muchos mexicanos ni siquiera saben que existe un entramado institucional que debería estar resolviendo el huachicol fiscal, las tranzas en las dependencias, inhabilitando a funcionarios que esconden sus negocios al margen del Estado, ese mismo Estado que les da curul y, con ella, pasaporte de impunidad todo pagado.
La respuesta institucional ha sido la misma: “no es el momento”. Me lo han dicho con distintas palabras, pero siempre con el mismo significado: no se puede. Y lo más preocupante es que uno de esos “no” vino de las propias autoridades que deberían sancionar las faltas graves contempladas en la ley de responsabilidades administrativas. Si incluso allí se decide no actuar, ¿en manos de quién está la ciudadanía?
El SNA nació para ser el escudo institucional frente a la impunidad. Pero durante años ha sido un cascarón vacío, un sistema sin sistema, sin coordinación real ni voluntad política. Hoy, reactivarlo ha sido un acto de resistencia. No por decreto, sino a contracorriente.
La titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno señaló durante la conmemoración del décimo aniversario del SNA que “el compromiso es cambiar el paradigma y revivir el Sistema.” Desde la ciudadanía compartimos esa convicción y asumimos nuestra corresponsabilidad en ese propósito, porque reconstruir la confianza no depende solo del gobierno, sino de la alianza genuina entre instituciones y sociedad para devolverle sentido y fuerza al combate a la corrupción. Por ello, se comprometió al fortalecimiento del SNA, a recuperar su sentido real: un Sistema con propósito, con capacidad y con rumbo; un Sistema que sirva para ayudar y no para acumular informes. Sin voluntad política y sin compromiso colectivo, ningún esfuerzo será suficiente.
Desde los Comités de Participación Ciudadana de todo el país hemos demostrado que sí se puede avanzar cuando hay convicción. Hemos diagnosticado, documentado y denunciado. Pero también hemos comprobado que sin respaldo político, sin compromiso de las instituciones que integran el Sistema, la lucha se vuelve desigual.
Tratar de revivir el SNA no es un propósito administrativo; es una lucha ética, de dignidad. Lo hemos hecho con el impulso de la sociedad civil, con el respaldo de ciudadanos que no se resignan, y con la certeza de que la corrupción no es destino.
La corrupción no se combate con retórica, se combate con decisiones. Y mientras las instituciones sigan temiendo a la verdad, será la ciudadanía quien tenga que recordarle al Estado su obligación de rendir cuentas. Vivir en un ambiente libre de corrupción es un derecho al igual que un buen gobierno.
El Sistema puede volver a ser lo que debió ser desde el principio: la voz organizada de la integridad pública. Pero para ello se necesita valor. Porque enfrentar la corrupción en México no es una tarea técnica: es un acto de resistencia y coraje.
Pd. Hago un llamado a que en los próximos días el Comité Coordinador se reúna para cumplir con su obligación legal y sobre todo su responsabilidad ante la ciudadanía.
Vania Pérez Morales
Ciudadana, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción y profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México.
