Del 15 al 19 de diciembre de 2025, en Doha, Catar, se celebra la 11ª sesión de la Conferencia de los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (COSP11). En el plano internacional, la COSP no es solo un calendario diplomático: es el espacio donde se aterrizan prioridades, se comparan rutas de implementación y se mide, sin complacencia, la distancia entre el diseño institucional y los resultados.
México es Estado Parte de la Convención, que entró en vigor el 14 de diciembre de 2005. Y, justo por eso, la conversación en Doha no puede ser para nosotros un ejercicio ceremonial. Debe ser una conversación de hoja de ruta: qué exige hoy la prevención, la detección y la sanción; qué pide la ciudadanía; y qué debe corregirse cuando el andamiaje existe, pero la realidad todavía no cambia al ritmo que el país necesita.
La delegación mexicana, en esta ocasión, incluye a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Presidencia del Sistema Nacional Anticorrupción (que hot tengo el honor de representar). Quiero exponerlo con claridad: llegamos a la COSP11 con fortalezas que vale la pena compartir, pero también con pendientes que sería irresponsable ocultar. Porque los foros globales sirven para mirar hacia afuera, sí, pero también para mirarnos con honestidad hacia adentro.
En Doha se discutirán, en plenaria y en eventos paralelos, temas que hoy concentran la conversación internacional en el ámbito anticorrupción: derechos humanos; sector privado; género; crimen organizado; beneficiarios finales; protección a denunciantes/alertadores; prevención de lavado de dinero; e impactos diferenciados en el desarrollo. Esa agenda importa porque no solo es tendencia global para los próximos dos años: es un mapa de riesgos reales que atraviesa presupuestos, políticas públicas, mercados, territorios y vidas concretas.
Desde México, el SNA nació con una aspiración constitucional explícita: ser instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes de gobierno en prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, además de fiscalización y control de recursos públicos. Ese mandato urge de soluciones: o se coordina para producir capacidades y resultados, desde una reforma que fortalezca, o la coordinación se vuelve una palabra de adorno y mejor eliminemos.
Y aquí está el reto más duro de explicar —y de asumir— ante cualquier audiencia internacional: no basta el diseño. México tiene una arquitectura que, en papel, es robusta; incluso, la reforma constitucional que le dio base se publicada el 27 de mayo de 2015 es referente mundial por su componente ciudadano y de coordinación. Pero, al mismo tiempo, en semanas recientes hemos hablado públicamente de lo deficiente de los resultados del SNA y de la urgencia de una reforma sustantiva que asegure coordinación efectiva, pero sobre todo capacidades reales de prevención, detección y sanción, recuperación de activos, resarcimiento de daño a las víctimas, con responsabilidades claras y consecuencias para las autoridades que no están asumiendo su responsabilidad.
¿Cómo explicar, sin evasivas, que el SNA no solo no ha dado los resultados que México merece, sino que algunas autoridades no conciben su papel dentro del sistema como relevante? ¿Qué decimos cuando la coordinación se vuelve trámite y no estrategia? ¿Qué decimos cuando se normaliza que la rendición de cuentas sea vista como un “asunto accesorio” y no como parte del núcleo del Estado constitucional?
También hay retos operativos que pesan porque son la línea que separa el discurso de la posibilidad. Por ejemplo: la Plataforma Digital Nacional sigue sin estar plenamente interconectada por todos los entes que deberían alimentarla y usarla; y, peor aún, ha enfrentado vulneraciones derivadas de decisiones de gestión que no siempre privilegiaron el perfil técnico idóneo. En un mundo que discute beneficiarios finales, trazabilidad y datos útiles para investigar, nosotros seguimos sin poder avanzar del todo en una infraestructura institucional.
Y cuando en Doha se cruce la discusión de corrupción y crimen organizado, México tiene la obligación de hablar con seriedad del riesgo de captura, colusión y redes que degradan la función pública. Si no contamos siquiera con un canal único y confiable de denuncias, el mensaje es evidente: NO tenemos puertas de entrada seguras para que la verdad llegue al Estado sin poner en riesgo a quien aporta información.
Pero sería igualmente falso decir que no hay nada que defender. Sí lo hay, y mucho. México tiene trabajo valioso impulsado desde sociedad civil y academia, como un protocolo de alertadores/denunciantes trabajado desde la ciudadanía y el apoyo internacional; una política de integridad empresarial; fiscalías anticorrupción que han ido especializándose; contralorías con buenas prácticas; y análisis rigurosos sobre el fenómeno de la corrupción producidos por centros de investigación. También hay sociedad civil activa y redes que empujan desde lo local con comités estatales, experiencias destacadas y articulación ciudadana, en esta ocasión dicho trabajo lo representa Cecilia Huchin del Sistema Estatal de Puebla.
Por eso, la COSP11 es brújula. Después de 20 años de la entrada en vigor de la UNCAC y 25 años de la Convención de Palermo, el estándar internacional es más exigente: datos, protección, trazabilidad, cooperación, sanción efectiva, reparación, prevención que se vea en la vida cotidiana para las víctimas de la corrupción. Y México no puede “ir a menos”: el terreno que se ha ganado —en conciencia ciudadana, en exigencia pública, en capacidades dispersas pero reales— no se puede perder.
El reto, entonces, es nítido: salir de la burbuja. Mirar de frente lo que falta, aprender de lo que funciona fuera, y regresar con una agenda concreta para que el SNA deje de ser promesa y se convierta en resultados. Doha, para México, debe ser eso: un espejo que nos obligue a tomar decisiones que ya no admiten postergación.
Presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción y profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México