Nahum Elias Orocio Alcántara
Desde la creación de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca en 1994 (hoy Semarnat), la política ambiental de México ha tenido diversas prioridades, las cuales han sido influenciadas por el contexto político internacional. Progresivamente se ha buscado integrar la visión ambiental en las decisiones y las instituciones que orientan la legislación, los planes y las acciones de desarrollo nacional.
Con independencia del partido político en el poder, posicionar la agenda ambiental como una prioridad ha enfrentado muchos retos. Por un lado, México ha destacado por su legislación ambiental, pero, por otro, ha persistido la idea errónea de que los problemas sociales y ambientales son esferas aisladas. Esto ha resultado, por ejemplo, en una limitada implementación de políticas integrales.
A pesar de que el discurso en el actual sexenio ha subrayado la reparación del daño ambiental causado por anteriores “legislaciones antisociales y antiecológicas”, las políticas implementadas muestran más continuidad que una verdadera transformación. Durante los ultimos cinco años, el gobierno ha enfatizado un “Estado de bienestar”, olvidando que, para alcanzarlo, es necesario priorizar la protección ambiental.
Un ejemplo de esta situación es el Tren Maya, el proyecto más importante de esta administración, el cual es considerado como de seguridad nacional y para el bienestar social, pero que en su ejecución ha planteado desafíos significativos. A pesar de las promesas de este gobierno, de proteger la naturaleza y promover la participación comunitaria, las manifestaciones de impacto ambiental y las evaluaciones de impacto social fueron poco transparentes y, en algunos casos, omitidas, lo que ha comprometido tanto la integridad ambiental como los derechos humanos de los pueblos y las comunidades.
Este proyecto, ha provocado un profundo deterioro ambiental, siendo calificado por algunos movimientos sociales como un “ecocidio”, entre otras razones por la tala de más de siete millones de árboles. La actual administración federal ha señalado que esa tala se compensa con medidas de reforestación del programa Sembrando Vida. Paradójicamente, este programa ha causado la pérdida de más de 73 mil hectáreas de bosque entre 2019 y 2021.
Las recientes elecciones en México demostraron una amplia percepción de bienestar entre la sociedad mexicana. Sin embargo, no debemos olvidar que este bienestar no es posible sin un medio ambiente sano. La preservación de los ecosistemas que resguardan nuestros recursos vitales debe ser una prioridad del futuro gobierno.
No podemos aspirar a un bienestar social si continuamos deforestando los bosques, fuentes vitales de agua, o degradando los humedales, que actúan como sumideros de carbono, para dar paso a la construcción de grandes obras de infraestructura. Es crucial retomar el camino hacia una transición energética que reduzca progresivamente nuestras emisiones de carbono y garantice la justicia socioambiental.
La nación debe recuperar una política que integre la agenda ambiental en todas las esferas de decisión y traduzca los principios de sustentabilidad en acciones concretas. El Proyecto de Nación 2024-2030, presentado en la Convención Nacional de Morena, este año, retoma la preservación de los ecosistemas como un asunto de seguridad nacional y de bienestar social. Sin embargo, es fundamental que este enfoque deje de ser utilizado para opacar la transparencia sobre proyectos que impactan en la naturaleza.
La demanda es clara: el “segundo piso de la transformación de la vida pública de México” debe avanzar con celeridad hacia los compromisos establecidos en la Agenda 2030, no solo como una obligación internacional, sino como medida urgente para garantizar nuestro bienestar social y transitar a formas de vida más sustentables. La virtual presidenta electa y su equipo deben guiar al país con una nueva oportunidad para “transformar a México” con una agenda ambiental sólida, que busque la reconciliación de la sociedad mexicana con la naturaleza, no como una utopía, sino como un deber para garantizar el derecho a un medio ambiente sano.
Programa Universitario para la Sustentabilidad
